El acuerdo rubricado este mismo jueves por el PP y Vox por el que Juan Manuel Moreno ha vuelto a ser elegido presidente de la Junta de Andalucía para los próximos cuatros años incluye 150 puntos, exigidos por la extrema derecha, algunos de los cuales colisiona o incumplen leyes en vigor o piden actuar en materias que no son de competencia autonómica. Otras son generalidades sin detallar, pero que pretenden remarchar el sesgo ideológico ultra del nuevo gobeirno andaluz de la Junta.

 

Es, básicamente, una copia del firmado en Aragón, Extremadura y Castilla-León, que desprotege al medio ambiente, concede más rebajas fiscales, y dedica a la migración el mayor número de espacio y las palabras más gruesas.

 

Entre las medidas, señala que en Andalucía "no más menores extranjeros no acompañados", el veto al burka y al nicab en espacios públicos y una revisión de la Ley de Cambio Climático, de 2018, para "eliminar toda carga que perjudique al campo, la ganadería, la pesca, la industria, los autónomos y los sectores productivos andaluces".

 

En el texto del acuerdo difundido por ambas formaciones tras su firma, PP y Vox suman fuerzas para oponerse "por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad". "No participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, no habilitando nuevos centros ni creando plazas en los existentes, así como reduciendo el gasto en esta material al mínimo imprescindible".

 

Concluye lo referido a los menores migrantes no acompañados con el compromiso expreso de que la Junta "cumplirá el marco legal vigente en lo referido a la llegada de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas". El acuerdo recoge que se reservará una partida presupuestaria para realizar pruebas de edad con las que "evitar fraudes en la condiciones de menor y el colapso de los servicios".

 

Igualmente, se auditarán anualmente los gastos vinculados "a la inmigración masiva"; se suprimirán de manera íntegra las subvenciones de organizaciones no gubernamentales que "favorezcan la inmigración ilegal"; se endurecerá el régimen interno de los centros de menores; se prohibirá el uso del burka y el nicab en espacio públicos "antes de fin de 2026" y se creará un servicio de "verificación del fraude prestacional y del padrón de residencia efectiva" que, por ejemplo, tendrá un "papel activo" en el "desmantelamiento" de las "mafias" que están detrás, según el acuerdo, de los denominados 'pisos patera'.

 

En materia educativa, se pondrá "fin" al programa de lengua árabe y cultura marroquí en Andalucía y se muestra el rechazo "explícito" a "cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad". Además, se impulsará desde el curso 2027/2028 la concertación "progresiva" del Bachillerato.

 

Sobre medio ambiente, el acuerdo de legislatura entre el PP y Vox supondrá una revisión de la Ley de Cambio Climático ya que "las políticas públicas en materia de cuidado del medio ambiente se orientarán siempre a medidas útiles, realistas y técnicamente justificadas sin que en ningún caso puedan suponer trabas, costes o restricciones a cualquier sector productivo andaluz". Igualmente, "se eliminará todo gasto público destinado a la imposición de agendas ideológicas, reorientando los recursos hacia la gestión del agua, la prevención de incendios, las infraestructuras agrarias, la innovación aplicada y la protección de las explotaciones andaluzas".

 

Desde el primer presupuesto, es decir, desde el de 2027, el Gobierno andaluz "procederá a la reducción al 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos y organizaciones empresariales por el ejercicio de la participación institucional, así como a las entidades privadas que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva". Por último, en el punto 14 del acuerdo --leyes ideológicas--, el acuerdo explicita que los grupos parlamentarios de la coalición aprobarán una Ley de Concordia que "sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica".

 

También se contempla el apoyo fiscal a los gastos educativos: "Ampliar la deducción autonómica por gastos educativos, actualmente limitada a informática e idiomas, extendiéndola a nuevos conceptos como aula matinal, comedor, uniformes, material escolar, clases de refuerzo y demás gastos vinculados a la educación de los hijos, con los límites establecidos actualmente"