El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha citado a declarar como investigados este jueves a la ex consejera delegada de Cetursa, la socialista María José López, y el director de organización y finanzas en el periodo 2010-2017 de esta empresa pública andaluza por presuntas irregularidades en la percepción de cantidades indebidas en sus nóminas a cargo de los fondos públicos.

La investigación judicial deriva de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Granada contra estos dos ex altos cargos de la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Sierra Nevada.

La apertura de diligencias de investigación del Ministerio Fiscal comenzó el 23 de noviembre de 2018 con el informe remitido a la Fiscalía por la Consejería de Turismo y Deportes a partir de la inspección de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la Cámara de Cuentas.

El juez ofreció a Cetursa la posibilidad de iniciar acciones y personarse como acusación en las diligencias abiertas, si bien la empresa por el momento no lo ha hecho, han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

El informe enviado a la Fiscalía de Sevilla fue trasladado a la de Granada por tener el domicilio social la empresa pública andaluza con una participación del 95,90 por ciento, según informó el pasado mes de junio la Fiscalía Superior de Andalucía.

El informe presentado por la Consejería de Turismo y Deporte indica que el director de organización y finanzas de Cetursa S.A. habría cobrado complementos por la antigüedad sin tener derecho a ello, entre los años 2012 y 2017. En relación a este cobro de antigüedad, la Fiscalía solicita que se investigue el contrato fechado en julio de 2010.

Posteriormente, en el curso de las diligencias de investigación, la Viceconsejería de Hacienda, Industria y Energía, Consejería de la Junta de Andalucía a la que ha quedado adscrita Cetursa, presentó otra denuncia en la Fiscalía, en el mes de abril, por hechos similares que los relacionan con una adenda del contrato de la exconsejera de delegada, fechado el 1 de noviembre de 2010.

La denuncia pide también la investigación de las retribuciones percibidas en el periodo 2012-2017 y que presuntamente excedían de los límites retributivos fijados en las Leyes presupuestarias de estabilidad que comienzan a aplicarse en el periodo de crisis y que fijaba un tope máximo salarial para los altos cargos directivos de los entes instrumentales de la Junta en 55.277 euros.

En diciembre de 2015, la exconsejera de delegada de Cetursa reestructura el organigrama directivo de la empresa pública y ordena el cese de los directores de área y crea de forma paralela jefaturas de área con las mismas funciones y con los mismos responsables acogidos al convenio de Cetursa.

La Fiscalía solicita al Juzgado que investigue esta decisión que, según los informes estudiados por la Fiscalía, podría no deberse a una mejora de gestión empresarial sino la de eludir los límites que fijaban las Leyes presupuestarias.

El decreto de denuncia de la Fiscalía añade que no se excluye de una posible imputación de otros directivos de la empresa pública en el curso de las investigaciones judiciales que no han sido investigados en estas diligencias.