Advierte de vínculos una funcionaria con el apoderado de uno de los locales ilegales
Ramón Arenas denuncia a la alcaldesa y tres ediles ante la Oficina contra la Corrupción por incumplir la sentencia del Mulhacén
El empeño en mantener la concesión y los locales que no se ajustan a la legalidad, incumpliendo lo que ha determinado el TSJA, evidencia "una acción corrupta" por parte del Ayuntamiento de Granada, advierte el empresario, que batalla desde hace más de una década contra la operación urbanística que arruinó a su familia.
El pabellón deportivo está cerrado y solo funcionan los restaurantes de la manzana. indegranada
En febrero de este año, el TSJA comunicó que la sentencia -en la vía de lo contencioso- que declaró ilegal la operación urbanística que se llevó a cabo en torno al pabellón Mulhacén, dictada en 2018, era firme. Nueve meses después, los pasos que ha dado el Ayuntamiento de Granada, que ha llegado a reconocer que trabaja para la "legalización", han llevado al empresario que denunció las irregularidades, Ramón Arenas, a pedir amparo en la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Lo que hay detrás de esa resistencia y de la manera en la que se está actuando es "una acción corrupta".
Así lo advierte en el escrito que ha presentado el empresario ante la Oficina contra la corrupción, consultado por El Independiente de Granada. A lo largo de diez páginas y documentación anexa, el empresario, principal perjudicado por aquella concesión, adjudicada con unas condiciones que luego se modificaron, argumenta su denuncia y traslada a la Oficina los obstáculos que el gobierno local pone para mantenerlo al margen de este expediente, a pesar de que solicitó ser parte en el procedimiento administrativo de ejecución.
La denuncia se formula contra la alcaldesa, Marifrán Carazo, el concejal de Urbanismo, Enrique Catalina, y la de Economía, Hacienda y Contratación, Rosario Pallarés.
Marifrán Carazo y Enrique Catalina, en una imagen de archivo. ayto. granada
La concesión que en su día hizo el Ayuntamiento de Granada a una empresa de Roberto García Arrabal fue modificándose después de la adjudicación y lo que inicialmente se planteó como una zona deportiva, con el pabellón como principal instalación -concebido para grandes eventos- y, junto a este edificio, pistas de pádel y un aparcamiento subterráneo, terminó convirtiéndose en una zona de restauración. El pabellón ni siquiera está en funcionamiento, tras algún intento fallido de mantenerlo abierto como pista de patinaje.
De manera muy resumida -según se recoge en la denuncia-, lo que los gobiernos de José Torres Hurtado aprobaron en su momento fue un contrato de concesión administrativa "en virtud del cual un privado construyó unas instalaciones comerciales (locales de ocio) que dedicó desde el inicio no a la explotación en nombre propio sino al arrendamiento a conocidas empresas de hostelería". La sentencia firme establece que los locales de restauración están abiertos al público "en contra de la legalidad", al tratarse de un uso deportivo, "nunca comercial de hostelería".
Es necesario recordar antes de avanzar en la denuncia ante Corrupción de Ramón Arenas que también hay una investigación penal abierta, derivada de la operación nazarí. La pieza que debe juzgar esta operación está aún viva. El empresario, principal afectado por las decisiones municipales que se adoptaron, ejerce la acusación.
Ramón Arenas recuerda a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que miembros del actual equipo de gobierno del PP formaron parte de los gobiernos de Torres Hurtado que promovieron esta operación, entre ellos la propia alcaldesa
Precisamente Ramón Arenas recuerda a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción que miembros del actual equipo de gobierno del PP formaron parte de los gobiernos de Torres Hurtado que promovieron esta operación, entre ellos la propia alcaldesa.
El empresario explica que, tras conocer que la sentencia era firme, "en aras de un buen entendimiento" con el Ayuntamiento de Granada, "se abstuvo de hacer ningún pronunciamiento a la espera de que mostraran y tuviesen el más mínimo interés en llegar a algún tipo de audiencia, participación o consulta". No ha sido así.
Sobre la manera de proceder del gobierno de Carazo, refiere el empresario que las manifestaciones que ha venido trasladando muestran "cierta rebeldía" respecto al cumplimiento de la sentencia. Por ejemplo al expresar públicamente a los días de ser firme que se iba a trabajar en la legalización. "Cómo se puede legalizar algo que es completamente ilegal", se pregunta.
Tras advertir de que "el infractor sigue haciendo caja de los alquileres y la alcaldesa mirando hacia otro lado", Arenas señala que cree que la alcaldesa quiere "pasar de puntillas" por unos hechos "tan graves". También tiene la percepción de que todo lo que está rodeando a la sentencia, se convierte en "una treta municipal para no resolver la situación en beneficio de todas las partes".
Se queja también el empresario de la "falta de transparencia" del gobierno local, que evita darle documentación sobre el procedimiento y no contesta a sus requerimientos. También cuestiona que haya encargado informes externos.
Ramón Arenas en una imagen de archivo.
"El interés general está en cumplir la legalidad; el interés general está en analizar mediante los informes pertinentes, jurídicos y técnicos, cómo ha de ejecutarse la sentencia y cuál sea el interés municipal más adecuado. De esto, no hay nada. Solo existe una voluntad política rebelde que se centra, en exclusiva, en mantener la concesión administrativa, como si este mantenimiento no dañara los intereses generales y económicos municipales"
Para Ramón Arenas detrás de esta operación se esconde "un claro caso de corrupción". Para el empresario, cuando el equipo de gobierno señala que busca "evitar los inmensos daños a las arcas municipales", es "una auténtica falacia". "El interés general está en cumplir la legalidad; el interés general está en analizar mediante los informes pertinentes, jurídicos y técnicos, cómo ha de ejecutarse la sentencia y cuál sea el interés municipal más adecuado. De esto, no hay nada. Solo existe una voluntad política rebelde que se centra, en exclusiva, en mantener la concesión administrativa, como si este mantenimiento no dañara los intereses generales y económicos municipales".
También ve "un interés político en mantener al concesionario en el disfrute de una ilegal concesión administrativa" y se recurre a informes externos, prescindiendo de "funcionarios neutrales".
En su denuncia, el empresario desvela que funcionarias del área de Contratación investigadas en la presunta trama de amaños de las oposiciones de la Policía Local "son las mismas" a las que, además de Alcaldía, se le solicitó el cumplimiento de la sentencia.
Igualmente advierte de que una de esas funcionarias tendría un vínculo personal que el apoderado de un establecimiento de comida rápida que funciona en esa manzana.
Ramón Arenas confía en que los cargos denunciados, entre ellos como se ha dicho la alcaldesa, den las explicaciones oportunas sobre estos hechos en la investigación que espera abra la Oficina contra la Corrupción.
