'FP: Juanma desguaza el futuro rural'
Tiene Juan Manuel Moreno Bonilla ese don tan de la nueva derecha andaluza, de sepultar el ascensor social bajo una sonrisa de catálogo odontológico, un melífluo tono de voz del que nunca ha roto un plato y una desesperante apariencia de moderación. Pero tras el almíbar del discurso oficial de la Junta de Andalucía se esconde una fría calculadora de desguace. Lo que está ocurriendo con la Formación Profesional (FP) en Andalucía, y muy sangrientamente en la provincia de Granada, no es una "reorganización de recursos" ni una "optimización de la oferta", como repiten con cinismo funcionarial en los pasillos de la Consejería. Es, lisa y llanamente, una privatización encubierta y un golpe de gracia a la igualdad de oportunidades, ejecutado además con una crueldad intolerable hacia esa Andalucía interior que se desangra por la despoblación.
Mientras San Telmo despliega la alfombra roja, el confeti y las facilidades normativas para que los fondos de inversión y las empresas de educación privada multipliquen sus plazas -en un asombroso trasvase que ha visto cómo el negocio privado de la FP se triplicaba en la comunidad-, las aulas de la FP pública se cierran con candado en las localidades que más las necesitan. En Granada, colectivos como la FAMPA Alhambra han tenido que salir a la calle, abanderando unas movilizaciones que claman al cielo, para denunciar cómo se suprimen ciclos formativos de un plumazo, dejando a comarcas enteras desamparadas.
La jugada es de un sectarismo ideológico feroz, pero disfrazada de pragmatismo técnico. El argumento de la Junta siempre es el mismo: "Falta de demanda". Un argumento tramposo que esconde una profecía autocumplida. Si dejas morir un ciclo, si no lo dotas de infraestructuras modernas, si precarizas el profesorado y no adaptas los horarios a las necesidades reales del tejido productivo local, la matrícula baja. Y entonces, con la coartada perfecta que ellos mismos han fabricado, llega el burócrata de turno a decretar el cierre. Es la doctrina del shock aplicada a la educación andaluza.
El resultado es de una miseria moral tremenda. Para una familia de clase trabajadora de un municipio granadino, la FP pública no es solo una opción educativa, es la única tabla de salvación para que sus hijos accedan a un futuro digno sin tener que exiliarse
El resultado es de una miseria moral tremenda. Para una familia de clase trabajadora de un municipio granadino, la FP pública no es solo una opción educativa, es la única tabla de salvación para que sus hijos accedan a un futuro digno sin tener que exiliarse. Al suprimir estos ciclos formativos de proximidad, Moreno Bonilla les está diciendo a esas familias que, si no tienen los miles de euros que cuesta una matrícula en los nuevos y relucientes macrocentros privados de las capitales, sus hijos no tienen derecho a mejorar su porvenir. Se limita el acceso al ascensor social de la forma más clasista posible: por el grosor de la cuenta bancaria. Quien puede pagar, estudia el ciclo que quiere, quien no, se queda en la cuneta laboral o se ve obligado a aceptar la precariedad más absoluta.
Pero el crimen político de la Junta no acaba en la brecha económica, se extiende de forma devastadora sobre la geografía. Hablan mucho en sus mitines de la "España vaciada" y de la cohesión territorial, pero sus políticas actúan como un potente imán que acelera el éxodo rural. Cuando se elimina un ciclo formativo en un pueblo de la Alpujarra, de la comarca de Baza o de Guadix, se está expulsando a sus jóvenes. Sin opciones de estudio en su entorno, los jóvenes se marchan a las grandes ciudades. Y el pueblo que pierde a sus jóvenes firma su sentencia de muerte.
El arraigo no se fomenta con ayudas cosméticas ni con discursos sentimentales sobre el folklore andaluz, sino manteniendo abiertas las escuelas, los centros de salud y los institutos de formación profesional. Al desmantelar la FP pública rural, el Gobierno del Partido Popular está dinamitando el territorio, vaciando las aulas y, por extensión, vaciando los pueblos.
Paralelamente, el crecimiento de la Formación Profesional privada es obsceno. Las grandes corporaciones educativas han encontrado en la Andalucía de Moreno Bonilla su particular El Dorado
Paralelamente, el crecimiento de la Formación Profesional privada es obsceno. Las grandes corporaciones educativas han encontrado en la Andalucía de Moreno Bonilla su particular El Dorado. Se les conceden licencias a velocidad de vértigo mientras los centros públicos mendigan presupuestos para actualizar sus talleres o para contratar personal de apoyo. El Gobierno andaluz ha decidido que la educación postobligatoria deje de ser un derecho garantizado por el Estado para convertirse en un nicho de mercado hiperrentable.
Lo que está haciendo el Gobierno de Bonilla es una estafa democrática en toda regla. Nos venden la moto del "milagro andaluz" y de la bajada de impuestos, pero omiten la letra pequeña: que lo que te ahorras en el tramo autonómico del IRPF -especialmente si eres de las rentas más altas- lo vas a tener que pagar multiplicado por mil si quieres que tu hijo estudie un ciclo de Grado Superior que la pública ya no ofrece porque ha sido clausurado.
La movilización social que respalda la FAMPA Alhambra y las comunidades educativas de las localidades afectadas no es un simple conflicto gremial, es una batalla por la dignidad y la supervivencia de Andalucía. No podemos permitir que el Gobierno de Moreno Bonilla siga desmantelando lo que es de todos para alimentar el negocio de unos pocos. Detrás de cada ciclo de FP suprimido hay un proyecto de vida roto, una familia asfixiada económicamente y un pueblo que da un paso más hacia la desaparición.
El “moderado” Moreno Bonilla debería mirarse al espejo y explicar por qué su modelo de comunidad consiste en que el código postal y la billetera determinen quién tiene derecho a formarse y quién está condenado a la exclusión. Basta ya de saquear lo público. No permitamos que Andalucía se ponga en venta, por mucho que se empeñen en subastarla desde San Telmo.
