El Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Granada se ha abstenido en la votación del nuevo plan de construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), durante la sesión del Pleno Extraordinario de la corporación provincial. La formación política ha fundamentado su posicionamiento en que el plan propuesto, "lejos de abordar de raíz el problema estructural del acceso a la vivienda en los municipios granadinos, perpetúa un modelo mercantilista que cede suelo de titularidad pública a manos de empresas privadas y olvida la acuciante necesidad de impulsar el alquiler social y una promoción de vivienda pública que se ajuste al bolsillo de la clase trabajadora". 

Desde la organización señalan que el documento presentado por el equipo de gobierno de la institución provincial "carece de la ambición y la valentía social que exige el actual contexto de emergencia habitacional". A juicio de Izquierda Unida, las políticas de la Diputación deben erigirse como "el principal escudo protector para las familias de la clase trabajadora y la juventud granadina", sectores que actualmente se encuentran "expulsados del mercado inmobiliario debido a la especulación, la escalada inasumible de los precios y la proliferación descontrolada de las viviendas turísticas que tensionan tanto el área metropolitana como las distintas comarcas".

La abstención de IU no representa un rechazo a la promoción de nueva vivienda en la provincia, sino "una profunda discrepancia con el modelo de gestión adoptado", ha explicado la formación en una nota de prensa. IU ha alertado de que "la construcción de VPO bajo regímenes enfocados mayoritariamente a la venta, donde se enajena el patrimonio público de suelo para su explotación por promotoras, termina con viviendas a 250.000 euros, lo que imposibilita que la mayoría de trabajadores granadinos pueda acceder a ellas".

Durante su intervención y posterior valoración del pleno, la diputada provincial y coordinadora de Izquierda Unida en Granada, Mari Carmen Pérez, ha sido tajante respecto a las deficiencias y carencias del proyecto aprobado. "Nos abstenemos porque no podemos avalar un plan de vivienda que utiliza el patrimonio y los recursos de todas y todos los granadinos para seguir engrasando la maquinaria de la construcción privada, en lugar de garantizar un derecho que es constitucional", ha asegurado.

"Según hemos podido saber, la Junta de Andalucía, en forma de pago por la cesión del suelo, se quedará en propiedad unas 12 viviendas, lo que indudablemente ha conllevado que el precio del resto sea mayor. La Diputación ha sido servicial, lo que ha hecho que los costes se sufraguen entre las viviendas que no pertenezcan a la Junta, un claro agravio para la clase trabajadora", ha remarcado.

Pérez ha recordado, además, que el municipalismo debe ser la primera línea de defensa de los servicios y derechos sociales básicos. "Si desde la Diputación descapitalizamos nuestro suelo público cediéndolo, estaremos desarmando a nuestros ayuntamientos para afrontar futuras emergencias. La vivienda tiene que cumplir una función social estricta y permanente", ha enfatizado.

La formación de izquierdas ha insistido en que su papel en la corporación provincial seguirá siendo el de ejercer "una oposición férrea, pero propositiva, ante cualquier intento de privatización encubierta". Frente a las "dinámicas del mercado libre que expulsan a los vecinos de sus barrios y pueblos", Izquierda Unida ha reiterado su "compromiso inquebrantable con la defensa de lo público y con la construcción de una provincia de Granada donde habitar dignamente sea una realidad garantizada para toda la ciudadanía, independientemente de su código postal o de su nivel de renta".