El concejal Juanjo Ibáñez alerta de que la sustitución de controles estrictos por meras declaraciones responsables abre la puerta a daños irreversibles y propone un cambio de modelo que pone en peligro la gestión del patrimonio.

El socialista ha señalado que el punto más crítico es la flexibilización de los controles administrativos, detallando que la nueva norma pretende sustituir las autorizaciones previas y rigurosas por figuras como la declaración responsable o la comunicación previa, “incluso en ámbitos de alta sensibilidad arqueológica”. Para Ibáñez, esto supone “desmantelar las garantías preventivas que han salvaguardado nuestra historia. Al eliminar la fiscalización previa se está favoreciendo que se produzcan daños irreversibles, ya que cuando la administración quiera intervenir ante una irregularidad, el expolio o la destrucción ya se habrán consumado”.

El concejal socialista ha denunciado la visión mercantilista que impregna el texto, alertando sobre el artículo que limita la interlocución exclusivamente a los colegios oficiales, dejando fuera a asociaciones profesionales de prestigio como APROHA

Asimismo, el concejal socialista ha denunciado la visión mercantilista que impregna el texto, alertando sobre el artículo que limita la interlocución exclusivamente a los colegios oficiales, dejando fuera a asociaciones profesionales de prestigio como APROHA. Según Ibáñez, esta maniobra “silencia la pluralidad técnica para favorecer modelos de intermediación con ánimo de lucro”, alejando la gestión patrimonial de su función social como bien común.

La moción también pone el foco en la carga inasumible que se proyecta sobre las entidades locales. El concejal ha criticado que la Junta pretenda atribuir nuevas y complejas responsabilidades a los ayuntamientos, como las labores de inspección y sanción, pero sin garantizar ni un solo euro adicional ni recursos técnicos o humanos. “Es la estrategia que está aplicando Moreno Bonilla, ya lo hemos visto con los pisos turísticos. Traspasan la responsabilidad de vigilar el patrimonio sin dar herramientas, lo que, sumado a la falta de reglamentos claros, aboca a los ayuntamientos a una situación de total inseguridad jurídica”, ha explicado Ibáñez, exigiendo “una dotación presupuestaría para evitar lo que estamos vivienda en Andalucía”.

Lamenta que la protección del patrimonio vinculado a la Memoria Democrática quede relegada a un segundo plano

Finalmente, el Grupo Socialista ha mostrado su profunda preocupación por el tratamiento que el proyecto de ley dispensa al Patrimonio Mundial y a la Memoria Democrática. Ibáñez ha subrayado que sitios como el Albaicín requieren modelos de gobernanza específicos alineados con los criterios de la UNESCO, algo que la nueva ley “diluye peligrosamente”. Del mismo modo, ha lamentado que la protección del patrimonio vinculado a la Memoria Democrática quede relegada a un segundo plano, advirtiendo de un “retroceso ideológico” que degrada estos bienes a inventarios secundarios. “Granada no va a ser cómplice del desmantelamiento de su propia identidad cultural”, ha concluido el concejal.