artículo de Joan Carles March
¿Quién controla el dinero de la sanidad andaluza?
Un artículo necesario de Joan Carles March sobre los 38.000 millones que el Gobierno andaluz adjudicó sin control previo entre 2020 y 2024, la mayoría de la cuantía en la sanidad.
Parlamento andaluz, archivo.
Juan Manuel Moreno, junto a la consejera de Hacienda, Carolina España y el Consejero de Sanidad, Antonio Sanz.
Hay preguntas que no deberían responderse con una rueda de prensa. Deberían responderse con datos. Una de estas preguntas es muy sencilla: ¿Quién controla el dinero público que gestiona la Junta de Andalucía?
La pregunta adquiere una dimensión enorme cuando sabemos que entre 2020 y 2024 se sometieron al sistema de control financiero permanente obligaciones reconocidas por, al menos, 37.921 millones de euros. Y casi 30.300 millones correspondieron a centros periféricos del Servicio Andaluz de Salud
La pregunta adquiere una dimensión enorme cuando sabemos que entre 2020 y 2024 no se sometieron al sistema de control financiero permanente obligaciones reconocidas por, al menos, 37.921 millones de euros. Y casi 30.300 millones correspondieron a centros periféricos del Servicio Andaluz de Salud. Casi el 80%.
Estamos hablando, por tanto, de algo que afecta directamente al corazón económico de la sanidad pública andaluza. Y aquí aparece una cifra que debería hacernos pensar.
De los 188 informes de control financiero analizados por la Cámara de Cuentas, solo 12 fueron plenamente favorables. El resto presentaron salvedades o fueron desfavorables. Más del 93%.
No significa que 93 de cada 100 euros sean ilegales. No significa que exista corrupción en 93 de cada 100 expedientes. Pero sí significa algo que no deberíamos minimizar: el sistema de control posterior encontró deficiencias en una enorme mayoría de los informes analizados.
Y cuando hablamos del SAS, la cuestión deja de ser exclusivamente administrativa. Se convierte en una cuestión sanitaria.
Y cuando hablamos del SAS, la cuestión deja de ser exclusivamente administrativa. Se convierte en una cuestión sanitaria.
El control después de gastar
En 2020, la Junta decidió sustituir en determinados ámbitos el control previo por el control financiero permanente. La diferencia es importante.
El control previo permite que la Intervención examine un expediente antes de que el gasto siga adelante y, si formula un reparo, este puede tener efectos suspensivos. El control posterior revisa lo ocurrido después. Es una opción que puede tener sentido si mejora la agilidad administrativa sin reducir las garantías.
Pero aquí está el problema que señala la Cámara de Cuentas: no existen indicadores suficientes que permitan demostrar que el cambio haya mejorado la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión pública.
Agilizar una Administración es necesario. Pero agilizar no puede significar controlar menos. Porque hay cosas que, una vez hechas, ya no tienen vuelta atrás. El dinero gastado no vuelve mágicamente porque una auditoría posterior detecte el problema
Entonces la pregunta resulta inevitable: ¿Para qué quitamos un control previo si después no podemos demostrar que el nuevo sistema funciona mejor?
Agilizar una Administración es necesario. Pero agilizar no puede significar controlar menos. Porque hay cosas que, una vez hechas, ya no tienen vuelta atrás. El dinero gastado no vuelve mágicamente porque una auditoría posterior detecte el problema.
Y aquí entra el SAS
La Cámara de Cuentas señala problemas en la contratación menor y recoge prácticas como la utilización reiterada de contratos con objetos coincidentes que, acumulados, pueden superar los límites establecidos para este tipo de contratación.
Y hay algo todavía más preocupante: el propio informe recuerda un antecedente relacionado con la Plataforma Logística Sanitaria de Huelva del SAS, donde las recomendaciones de la Intervención por fraccionamiento indebido de contratos y falta de justificación no fueron implantadas y dieron lugar a un informe de actuación en 2022.
Porque cuando los mismos problemas aparecen una y otra vez, la cuestión ya no es solamente quién cometió un error. La cuestión es qué está fallando en el sistema para que el error pueda repetirse.
Además, según la información publicada sobre el informe, existen investigaciones judiciales en Cádiz y Córdoba relacionadas con el supuesto abuso del fraccionamiento de contratos sanitarios.
Esto exige prudencia. Pero también exige hacerse preguntas. Porque cuando los mismos problemas aparecen una y otra vez, la cuestión ya no es solamente quién cometió un error. La cuestión es qué está fallando en el sistema para que el error pueda repetirse.
Y mientras tanto, hablamos de la privada
Aquí introduciría otro elemento del debate sanitario andaluz. Porque mientras discutimos cómo se controla el dinero del SAS, también debemos mirar cuánto dinero público se utiliza para comprar actividad sanitaria al sector privado.
La cuestión es otra: ¿Es complementaria el dinero que se da a la privada o se está convirtiendo en estructural? ¿A qué precio se compra? ¿Con qué criterios? ¿A quién? ¿Con qué resultados? ¿Cuánto cuesta hacer esa misma actividad dentro del sistema público? ¿Y qué hacemos para que el SAS tenga capacidad suficiente para realizarla cuando sea posible?
La cuestión es otra: ¿Es complementaria el dinero que se da a la privada o se está convirtiendo en estructural? ¿A qué precio se compra? ¿Con qué criterios? ¿A quién? ¿Con qué resultados? ¿Cuánto cuesta hacer esa misma actividad dentro del sistema público? ¿Y qué hacemos para que el SAS tenga capacidad suficiente para realizarla cuando sea posible?
Estas preguntas son especialmente importantes cuando hablamos de una sanidad pública que tiene problemas de listas de espera, Atención Primaria, salud mental, profesionales y desigualdades territoriales. Porque si hay que recurrir a la privada para resolver una determinada actividad, quizá sea necesario. Pero si cada vez necesitamos más capacidad privada para sostener el funcionamiento ordinario del sistema, deberíamos preguntarnos por qué.
El problema no es gastar
Esta es una cuestión que me parece fundamental. El debate no debería ser: más presupuesto igual a mejor sanidad. La realidad es mucho más compleja. Una sanidad pública necesita dinero. Pero necesita también buena gestión del dinero.
Y eso significa saber cuánto gastamos, dónde, con quién, para qué y con qué resultados. Significa evaluar. Significa comparar. Significa controlar. Significa corregir. Y significa poder explicar a la ciudadanía por qué una determinada decisión era la mejor alternativa disponible.
El dinero tiene que convertirse en salud
Hay algo que olvidamos demasiado a menudo. Cuando hablamos de millones de euros hablamos de cifras. Pero la sanidad no trabaja con cifras. Trabaja con personas. Con quien espera una consulta. Con quien necesita una operación. Con quien vive en un municipio pequeño. Con quien necesita atención psicológica. Con quien necesita rehabilitación. Con quien espera un diagnóstico. Con quien necesita cuidados.
Cada euro mal gestionado es una oportunidad perdida para hacer otra cosa. Y cada euro bien gestionado puede convertirse en profesionales, prevención, cuidados, tecnología, investigación o atención.
Por eso la gestión económica de la sanidad también es política sanitaria.
Cada euro mal gestionado es una oportunidad perdida para hacer otra cosa. Y cada euro bien gestionado puede convertirse en profesionales, prevención, cuidados, tecnología, investigación o atención.
Transparencia antes, durante y después
Por eso creo que el informe de la Cámara de Cuentas debería servir para abrir una conversación mucho más profunda en Andalucía. No solamente sobre los 38.000 millones. Sobre el modelo de control. Sobre el SAS. Sobre los contratos. Sobre la contratación sanitaria externa. Sobre la relación con la sanidad privada (tema que necesita más debate). Sobre la evaluación de resultados. Y sobre la capacidad de la Administración para corregir aquello que los controles detectan.
Porque una auditoría que descubre un problema, pero no consigue que ese problema deje de repetirse es una auditoría que llega demasiado tarde. Y un sistema que necesita revisar después lo que podría haber prevenido antes debe preguntarse si está diseñado correctamente.
Y cuando casi 30.300 millones de euros corresponden al SAS, esa ciudadanía tiene derecho a saber no solo cuánto se gasta. Tiene derecho a saber cómo se gasta, dónde acaba y qué salud consigue a cambio. Porque defender la sanidad pública no es solamente defender que tenga más recursos. Es defender también que esos recursos estén bien gestionado
No se trata de paralizar la Administración. Se trata de hacer compatible la agilidad con las garantías.
No se trata de gastar menos en sanidad. Se trata de conseguir más salud con cada euro público.
Y, sobre todo, se trata de recordar algo que debería ser una regla de oro: el dinero público no pertenece al Gobierno que lo administra. Pertenece a la ciudadanía.
Y cuando casi 30.300 millones de euros corresponden al SAS, esa ciudadanía tiene derecho a saber no solo cuánto se gasta. Tiene derecho a saber cómo se gasta, dónde acaba y qué salud consigue a cambio. Porque defender la sanidad pública no es solamente defender que tenga más recursos. Es defender también que esos recursos estén bien gestionados.
Controlar el dinero sanitario también es cuidar a la ciudadanía andaluza.
Información de referencia:
