Conviene tener muy claro el cómo, el cuánto y el para que de las ayudas destinadas al tejido empresarial español (y andaluz y granadino) a la hora de lanzarse al ruedo mediático a decir cosas sin sentido, faltando a la verdad y contribuyendo a crear mal clima y desconfianza hacia decisiones políticas que, gusten más o menos, no se están dejando de tomar. Y que, desde luego, dada la gravedad de la situación, algo que sólo no reconocen los y las mas irresponsables e indecentes del lugar, siempre serán insuficientes y escasas, pero ahí están, y no interesa marear mucho la perdiz al respecto.

 

Además de más de 20 mil millones de euros ya transferidos con anterioridad, el 12 de Marzo pasado, un Consejo de Ministros extraordinario adoptó el acuerdo de transferir otros 11.000 millones para ayudas al tejido empresarial y autónomo. Siete mil millones para ayudas directas, tres mil millones para reestructuración de la deuda financiera de las empresas y mil millones para la recapitalización de empresas. Ahora se está conociendo que en el periodo de negociación de los convenios con las comunidades autónomas, Andalucía (y por tanto, Granada) será de las más beneficiadas con el reparto de los fondos. El Decreto del Gobierno deja bien claro que las ayudas deberán destinarse al pago de deudas contraídas desde Marzo del año 2020, principalmente facturas, gastos fijos o suministros. Y que a las mismas podrán acceder empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un 30% respecto al ejercicio de 2019. No parece que la norma adolezca de ningún defecto de “interpretación” como algún (i) responsable autonómico ha lanzado estos días. Y desde luego, en la capacidad y en las competencias autonómicas está la opción de complementar las cantidades, si se consideran insuficientes.

 

Se trata, pues, de la máxima agilidad y la mayor premura para que por parte de las comunidades autónomas, una vez establecidos los Convenios, se proceda al otorgamiento de las ayudas directas. Estas pueden ser cantidades fijas y variables, desde 3.000 euros por cada autónomo, hasta cantidades que oscilan de 4.000 a 200.000 euros por empresa, exigiéndose el requisito de que la empresa mantenga la actividad hasta Junio del año 2022. De modo que eso es lo que se espera, sobre todo de la Comunidad autónoma andaluza. Menos anuncios incumplidos, menos verborrea estéril, menos victimismo ridículo, y más eficacia y destreza en el reparto de las ayudas. Y si se van a añadir fondos propios, mejor, pero rapidito. 

 

La situación no admite entretenimientos, ahí están los datos, reiteradamente aportados por las personas y empresas afectadas, y más en una provincia como la nuestra con debilidad en el tejido empresarial, y en la que todos los sectores están viviendo situaciones de extrema gravedad, con un porcentaje de supervivencia empresarial de los más bajos de España.

 

Es evidente que todas y todos tenemos una cuota de responsabilidad personal en cumplir a rajatabla las restricciones que las autoridades establezcan. Pero también es evidente que la ciudadanía espera de los poderes públicos que estén a la altura de las circunstancias y que adopten decisiones que, al menos, alivien, las cargas que recaen sobre los sectores que más han sido castigados por esta pandemia. Y desde luego, que nadie pierda el tiempo en polémicas estériles y afanes de protagonismo, que sólo intentan tapar su profunda incompetencia. No cabe la demagogia a la hora de negociar, recibir y distribuir los fondos aprobados por los gobiernos. Ni tampoco sembrar dudas en el camino. Esto es muy serio.