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El Defensor de la Ciudadanía vuelve a escribir a la Presidencia del Gobierno reclamando amparo ante los cortes de luz en el distrito Norte

Ciudadanía - IndeGranada - Sábado, 12 de Junio de 2021
Manuel Martín pide que el problema de las interrupciones de un derecho básico como el suministro eléctrico se conviertan en un asunto de Estado y se aborde en el Congreso de los Diputados.
Los cortes de luz, un grave problema todavía sin solución.
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Los cortes de luz, un grave problema todavía sin solución.

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, envió el viernes a la oficina de la Presidencia del Gobierno de España una nueva carta para solicitar amparo del Ejecutivo ante el problema de los cortes de luz en el distrito Norte granadino.

Como se recordará, con fecha de 29 de marzo el Defensor mandó una  misiva poniendo en conocimiento del presidente del Gobierno, una realidad que lleva enquistada desde hace más de once años. La carta fue respondida el pasado 14 de mayo por el director de la  Oficina de la Presidencia, Iván Redondo.

En este nuevo escrito se detallan y precisan algunas cuestiones necesarias y se insiste en la petición de amparo institucional para las familias afectadas de la zona Norte. "Porque este problema tiene que acabar: sin luz nadie puede tener una vida plena", dice Manuel Martín.

Esta es la nueva carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez:

"Señor Presidente del Gobierno de España:

El pasado 14 de mayo este defensor recibía carta de la oficina de la Presidencia del Gobierno en respuesta a una misiva previa en la que se exponía a detalle el problema de las interrupciones del suministro eléctrico en el distrito Norte granadino.

Quiero en primer lugar agradecer su amabilidad por trasladarnos la preocupación del presidente de Gobierno por dicha problemática, en el convencimiento de que es su voluntad impulsar cuantas acciones estén en su mano para su resolución.

Respecto de la situación de las familias granadinas afectadas por los cortes de luz, su oficina nos recordaba el acuerdo del consejo de ministros de 4 de mayo por el que se ha prorrogado hasta el 9 de agosto la prohibición de suspender dichos suministros a familias vulnerables; lo que sin duda supone un logro importante. Un logro importante y necesario. Pero es preciso matizar al respecto que dicha prohibición en Granada no se ha cumplido durante el estado de alarma ni desde su finalización, según transmiten a esta oficina colectivos sociales y personas afectadas. Ha habido cortes de luz en el barrio durante el periodo; y sigue habiéndolos.

También nos garantizaba en su misiva que remitiría el escrito de este defensor al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, algo que igualmente agradecemos. En este apartado quiero subrayar la atención que la Subdelegada del Gobierno en Granada ha mostrado en todo momento; la estrecha relación que al efecto mantengo con ella; y su presencia en las reuniones de la denominada `Mesa institucional por los cortes de luz en Norte´.

[Respuesta enviada al Defensor por la oficina de la Presidencia del Gobierno:]

"No cabe duda de la buena voluntad y el deseo de acabar con el problema que tienen todas las instituciones representadas en la citada mesa. Esto es cierto, pero, el problema persiste.

Por esta razón, mas allá del diagnóstico de la realidad terrible que sucede en este distrito granadino desde hace más de once años, el principal sentido u objetivo de mi carta al Presidente del Gobierno era sugerir tres cuestiones concretas que son competencia exclusiva del Ejecutivo y que, sin lugar a dudas, resolverían casi en su totalidad este problema enquistado.

En aquel escrito –remitido el pasado 29 de marzo-, me refería a tres peticiones absolutamente decisivas para la resolución de esta grave realidad.

1. De una parte, le rogaba –y lo vuelvo a hacer- que, del problema de los cortes de luz se haga un asunto de Estado y se aborde en el Congreso de los Diputados, dado que la pobreza energética afecta por igual a núcleos urbanos de un gran número de ciudades de toda la geografía y distintas comunidades autónomas. Hay interrupciones de suministro eléctrico en barrios de Aragón, Andalucía, Cataluña, Baleares y Canarias. Y en núcleos de grandes urbes como Barcelona, Cádiz, Almería, Sevilla, Granada o Madrid, entre otros casos.

Demasiados casos. Pero quizás el caso del distrito Norte de nuestra ciudad sea de los más significativos. Sin lugar a dudas este debe ser un `Asunto de Estado´ no sólo por afectar a una gran población, sino porque constituye una emergencia social y humanitaria y porque vulnera derechos.

2. La segunda de las razones de aquella misiva era solicitarle que, en el ámbito de las competencias del Gobierno de España, se dé cabal cumplimiento a la ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, y en este sentido inste y exija a la compañía suministradora, Endesa, las inversiones necesarias para garantizar una adecuada prestación del suministro eléctrico. Según la legislación citada, la Administración General del Estado deberá impulsar la mejora de la calidad del servicio de la compañía para evitar los continuos cortes de suministro eléctrico. Dicha ley, al regular la calidad del suministro (articulo 51. 4) establece que “si la baja calidad de la distribución de una zona es continua, o pudiera producir consecuencias graves para los usuarios, o concurrieran circunstancias especiales que puedan poner en peligro la seguridad en el servicio eléctrico, la Administración General del Estado requerirá que los planes de inversiones presentados por dichas empresas presenten actuaciones que impulsen la mejora de la calidad de servicio en dicha zonas”.

3. El tercero de los motivos del escrito era para manifestarle la necesidad de que, desde el Gobierno de España, se afronte el problema del cultivo y distribución de marihuana de una forma global, eficaz, coherente y planificada. La configuración de `guettos´ de determinadas zonas urbanas y el deterioro humano causado por la falta de recursos y la exclusión -en sus distintas manifestaciones-, convierten a determinados barrios en territorios propicios para el asentamiento de mafias de las drogas. La impunidad con la que actúan es uno de los problemas que mas erosiona la convivencia, más desigualdad genera y en mayor medida cercena las posibilidades de los habitantes de estos barrios.

Es importante recalcar que la falta de suministro eléctrico está ocasionando gravísimas consecuencias para niños, niñas, mayores y personas dependientes. Y a este respecto, no se debe olvidar que el “interés superior del menor” siempre debe prevalecer por encima de todo (articulo segundo de Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor) y que la reciente Ley 8/2021 de Protección Integral de la Infancia, en su articulo 3 establece entre las finalidades de la propia norma el “Garantizar la erradicación y la protección frente a cualquier tipo de discriminación”, mencionando entre ellas “la exclusión social o por cualquier otra circunstancia o condición personal, familiar, social o cultural”.

Pues bien, cuando hay cortes de luz en sus viviendas, los niños no pueden estudiar ni utilizar dispositivos electrónicos para hacer los deberes, consultar internet ni conectarse a clases ni cursos online, lo que impide que ejerzan su derecho a la educación en condiciones de igualdad. Asimismo, el suministro eléctrico es indispensable para las personas enfermas y dependientes que necesitan de cuidados médicos en su domicilio. La privación de energía eléctrica imposibilita que aquellos que utilizan sillas de ruedas puedan cargar sus baterías o usar los ascensores; los que padecen diabetes puedan mantener la insulina a la temperatura adecuada; los que necesitan camas medicalizadas, puedan disponer de ellas debidamente. Por no mencionar a personas autistas, personas mayores y otros colectivos, para quienes la adaptación a estar sin luz, resulte más costosa o la dificultad pueda verse acrecentada.

Del lado de consumidores y usuarios de electricidad del distrito Norte, es preciso hacer una distinción entre quienes, teniendo un contrato formalizado con la compañía suministradora Endesa, pagan sus facturas con total regularidad y se ven afectados por los cortes eléctricos; quienes debido a su situación de precariedad económica y falta de recursos, no pueden hacer frente al pago de las mismas; y quienes realizan un sobreconsumo eléctrico para actividades ilegales.

En este punto, conviene dejar claro que el uso ilícito del suministro eléctrico realizado por una minoría de personas, en ningún caso pueda servir de justificación o excusa a la compañía suministradora para no atender las necesidades de quienes injustamente se quedan sin suministro eléctrico aun pagando su factura. Por el contrario, Endesa debe garantizar la modernización y mejora de las infraestructuras, redes y acometidas; la cabal prestación del servicio a los usuarios que abonan sus recibos y acabar de una vez por todas con los cortes del suministro eléctrico que tan terribles consecuencias están teniendo para la población de esta zona de la ciudad.

El suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, pues la actividad económica y humana no puede entenderse hoy día sin su existencia. Sin luz no hay salud y sin salud no hay vida. El Articulo 15 de la Constitución Española dispone que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos (…) a penas o tratos inhumanos o degradantes (...)”.

Por último queda apuntar que una parte considerable de las personas del Distrito Norte pertenece al sector de consumidores vulnerables y en exclusión social.

El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica, en su articulo 20 dispone la no suspensión del suministro de electricidad al consumidor en riesgo de exclusión social. Pero, a ello ya nos hemos referido al inicio de esta carta.

En definitiva, la población del Distrito Norte se ve sumida en una situación de desamparo cuando el suministro eléctrico tanto en sus viviendas, como en las escuelas infantiles, centros para personas mayores, negocios, colegios, centros de salud, calles o alumbrado público, empresas, instalaciones deportivas y un largo etcétera no queda garantizado adecuadamente. Los cortes de luz en el alumbrado público en las calles de estos barrios origina inseguridad y falta de protección para sus ciudadanos.

Además de las distintas privaciones que acarrea a los vecinos, esta realidad genera un estigma social. No tener luz es una inmensa cadena de problemáticas encadenadas que acrecientan la vulnerabilidad y agrandan la exclusión.

Por todo ello, el corte del suministro eléctrico constituye el mayor y principal problema que tiene la ciudad de Granada, la mayor de sus reclamaciones, y así se ha denunciado en numerosas ocasiones, sin que ello haya resultado suficiente para lograr los cambios necesarios que devuelvan a la ciudadanía de estos barrios sus derechos.

En Granada se han impulsado diversas iniciativas para resolver la cuestión; iniciativas auspiciadas y en colaboración con asociaciones y colectivos del distrito Norte; iniciativas con las administraciones públicas; iniciativas del lado de otros agentes sociales. Existen mesas de trabajo inter-institucionales; se ha logrado el acuerdo unánime de toda una Corporación Municipal; se han creado mociones y declaraciones institucionales; se han interpuesto denuncias a la compañía eléctrica Endesa, ha habido concentraciones y manifestaciones vecinales y un encierro de una semana de duración que este defensor realizó en septiembre del año 2019, junto con Mario Picazo, un párroco del distrito Norte, como muestra de solidaridad con los vecinos afectados y como protesta por la falta de soluciones efectivas.

Aunque todas estas y otras iniciativas similares suman, el problema sigue vigente.

Entiendo que se trata de un problema complejo; una realidad con diversas implicaciones, pero también se trata de una cuestión de derechos humanos que requiere del amparo institucional.

Le escribo nuevamente en la confianza de que atenderá esta llamada de auxilio y tomará en consideración las distintas actuaciones planteadas. El problema de los cortes de suministro eléctrico afecta a muchas familias de Granada; afecta a muchas facetas de la vida corriente.

Mando copia de esta carta a la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, doña Ione Belarra Urteaga.

Vuelvo a agradecerle de antemano su amabilidad y la atención prestada, y quedo a su disposición para cuantas cuestiones estime oportunas.

Le envío un saludo atento y cordial con la esperanza de que el Gobierno de España actúe en apoyo a las familias afectadas del distrito norte granadino. Esta emergencia humanitaria no puede esperar más".

Manuel Martin García,

Defensor de la Ciudadanía de Granada