"Dado que se trata de un yacimiento arqueológico inédito, lo primero que habría que hacer es poner en conocimiento de la administración competente -Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Granada- de su existencia, para que adopte las medidas oportunas para su correcta delimitación, protección y caracterización. También al Ayuntamiento de Granada, de cara a que quede recogido en su carta arqueológica. De esta forma se podrá evaluar correctamente las posibles afecciones sobre el patrimonio arqueológico en el proyecto de planta fotovoltaica que se pretende desarrollar en la zona". 

El tercer informe se basa en los impactos sobre el suelo. Elaborado por Francisco José Martín Peinado, catedrático del departamento de Edafología y Química Agrícola de la Facultad de Ciencias de la UGR. 

Ese documento, que concluye que la instalación de plantas solares está "totalmente desaconsejada", expone que:

1. Los suelos originales que pueden ser afectados, tanto por el proyecto de PSFV “San Gregorio I”, como por los otros dos proyectos planificados (“FV Soto Oscuro I” y “Stadium plus I”), presentan un buen grado de desarrollo, con unos horizontes estables y con buenas propiedades que le permiten realizar sus funciones medioambientales básicas, como las relacionadas con el ciclo hidrológico (retención e infiltración de agua), con la producción de biomasa y el mantenimiento de la biodiversidad. Por lo tanto, las obras de instalación planificadas pueden degradar de forma irreversible las funciones básicas de los suelos y producir una pérdida irreparable del recurso edáfico.

2. La mayor parte de la superficie de los terrenos afectados por los proyectos presenta una pendiente superior al 20%, por lo que cualquier labor realizada sobre los suelos (incluso los desbrozados), supone un riesgo muy grave de degradación.

3. Cualquier tipo de intervención que modifique, tanto la cubierta vegetal, como la capa superficial del suelo fértil está totalmente desaconsejada. Se recomienda mantener en todo momento el horizonte superficial orgánico, favorecer el crecimiento de la vegetación y no realizar ninguna actividad que remueva, altere o degrade las propiedades de los suelos.

4. La evaluación de la vulnerabilidad al impacto visual presentada en el proyecto es inaceptable, ya que se basa en una metodología totalmente obsoleta y se ha realizado de una forma tendenciosa para ajustar determinados parámetros con el fin de calificar el impacto como medio.

5. Los terrenos afectados por estos proyectos están cartografiados como zonas con fuerte riesgo de desertificación desde el año 2003 y tienen una clara tendencia a la degradación según las proyecciones hechas para 2040, por lo que, la instalación de plantas solares en estas cuencas está totalmente desaconsejada. 

Reclaman una moratoria provisional 

En sus alegaciones, tanto Ecologistas en Acción como los colectivos vecinales que las firman, subrayan que no están en contra de las plantas fotovoltaicas, que "están llamadas a tener un lugar en esta necesaria transición ecológica, pero supeditadas a un interés general real y a la preservación de los recursos naturales, entre ellos los de fauna, flora y paisaje". Pero consideran que "es necesario establecer una moratoria provisional sobre la instalación de renovables de todos los proyectos de renovables en zonas agrarias, ganaderas y forestales, mientras no se tengan los estudios científicos necesarios".

Al respecto añaden que su objetivo es "impulsar el desarrollo de superficies solares en zonas antropizadas con el mínimo impacto ambiental, económico y social: superficies comerciales, polígonos industriales, parkings, y todo tipo de infraestructuras existentes, áreas ferroviarias, zonas de autopistas y demás, infraestructuras terrestres, zonas mineras de mínimo impacto, canteras, vertederos cerrados, invernaderos, canales de riego, zonas degradadas, etc., para evitar ocupar ecosistemas de alto valor ecológico. La transición energética no puede realizarse a costa de la destrucción de la biodiversidad y de los recursos naturales".

Además de los informes de expertos, las alegaciones ponen también el foco en la necesaria participación ciudadana en la planificación de estas infraestructuras. 

"Es un atraco a mano armada de los grandes lobbies de la energía permitido y auspiciado por la Junta de Andalucía, que propicia un nuevo colonialismo energético"

"La ciudadanía tiene el derecho de participar en la toma de decisiones y de elegir libremente qué modelo energético quiere, hay una gran indefensión por parte de los vecinos y vecinas. Para mejorar la difusión de la información municipal, los ayuntamientos pueden hacer muchas cosas: no vale solo con la publicación del BOP", advierten para lamentar que no se fomenta esa participación. "No se hace, ni siquiera se lo llegan a plantear los alcaldes y alcaldesas de los municipios. Solo miran en las cantidades económicas que les ofrecen las empresas promotoras de los megaproyectos, ocultando a sus vecinos y vecinas estos grandes proyectos fotovoltaicos, y con esa tesitura facilitando a las empresas energéticas especular con el territorio y facilitar la expropiación de los afectados", critican.

"Es un atraco a mano armada de los grandes lobbies de la energía permitido y auspiciado por la Junta de Andalucía, que propicia un nuevo colonialismo energético", alertan.

Con la proyectada implantación de este proyecto fotovoltaico, "se altera un modo de vida productivo sostenible". "Debemos resaltar que el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía reconoce la existencia de importantes problemas derivados de la falta de integración de los valores paisajísticos, como es la degradación de paisajes rurales centenarios de gran valor cultural. El emplazamiento previsto para la instalación se ubica en un enclave en el que se han identificado hábitats naturales y especies protegidas, rapaces como el águila calzada, el busardo ratonero o el gavilán común , el rabilargo, o entre los mamíferos, murciélagos de herradura, el murciélago de cueva, el orejudo gris y el rabudo, y también anfibios y reptiles, bastantes de ellos protegidos asi como especies agrícolas como la variedad de olivo Loaime", exponen.

El proyecto se localiza en una zona de laderas o vertientes con pendientes superiores al 20% lo que supone un aumento del riesgo de erosión y pérdida de suelo por arrastre en la escorrentía superficial, sobre todo tras la pérdida de la vegetación natural presente, debido al desbroce y nivelación del terreno, y la posible afectación a cauces naturales, ramblas o barrancos por aporte de sedimentos, que pueden provocar problemas de inundaciones a barrios como el Sacromonte.

Resulta curioso, añaden, que se solicite una declaración de utilidad pública con el fin de "favorecer un beneficio privado, que no un servicio público".