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Juristas andaluces piden al Defensor del Menor que emita un informe sobre la "vulneración de derechos" que supondrá la promoción de la caza en los colegios

Ciudadanía - IndeGranada - Miércoles, 22 de Enero de 2020
La Abogacía por la Defensa Animal lleva dos meses intentando reunirse con el consejero de Educación, sin éxito.
La promoción de la caza en la enseñanza pública fue aprobada por Cs, PP y Vox.
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La promoción de la caza en la enseñanza pública fue aprobada por Cs, PP y Vox.

La asociación Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (AADA) ha presentado este miércoles ante el Defensor del Menor Andaluz un escrito solicitando que emita un informe sobre "la vulneración de los derechos de los menores andaluces en caso de implantarse para el curso 2020/2021 la medida de promoción de la caza en las escuelas públicas", según expresa en una nota.

En el escrito al Defensor se alude a un manifiesto contra la promoción de la caza en la escuela pública, elaborado el 24 de octubre de 2019 contra la medida (ver abajo de la información), y suscrito por más de 350 organizaciones (sindicatos pertenecientes al sector de la enseñanza, partidos políticos, federaciones de padres y adres, Colectivos de Profesores, asociaciones animalistas). Asimiso, en la plataforma change.org se han recogido más de 23.000 firmas que piden la retirada de la medida, quedando acreditado que ha generado "una alarma social y una ola de indignación".

La asociación de abogados destacan "el desprecio por parte de la Junta de Andalucía a los andaluces y andaluzas que están en contra de la cultura de la violencia hacia los animales, toda vez que siguen sin atender la petición de reunión con el consejero de Educación, solicitada por esta asociación desde hace más de dos meses", afirma.

Y es que, para estos juristas, la medida no solo entra en conflicto con normas de rango superior, como pudiera ser la propia Ley Orgánica de Educación, donde expresamente recoge como capacitación “que los niños y niñas deberían adquirir durante la educación primaria la de conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modo de comportamiento que favorezcan su cuidado”, o la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, sino también con las observaciones formuladas estos años atrás por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Argumentan que una de las principales funciones de la Administración es velar por la integridad, a todos los niveles, de las personas a las que van dirigidas sus políticas, siempre financiadas con dinero público, máxime si se tratan de menores de edad, "no pudiendo aceptar que iniciativas basadas en la violencia, supremacía y desprecio de seres sintientes primen sobre valores tales como la justicia, la empatía o el respeto por la vida".

Finalmente, junto con el escrito, se acompaña una carta dirigida al Defensor del Menor Andaluz, suscrita por Carolina Dopico, en calidad de madre de dos niñas menores; por Dª Elsa Gonzalez, pofesora universitaria de trabajo social especializada en la infancia y por María Trinidad, educadora infantil, en la que exponen desde cada una de dichas perspectivas personales y profesionales su posición contra esta medida y reclaman la intervención del Defensor del Menor Andaluz para que se vele por los derechos de los menores andaluces y se tomen las medidas que correspondan. 

Manifiesto contra la promoción de la caza en los colegios andaluces

"Las abogadas y los abogados andaluces, así como las organizaciones, asociaciones, y federaciones de protectoras de Andalucía abajo firmantes, venimos a manifestar nuestro más rotundo rechazo al acuerdo suscrito entre PP, Ciudadanos y Vox para la promoción y conocimiento de la actividad cinegética en los colegios mediante 'Actividades complementarias sobre actividad cinegética'. Estas actividades, según se lee en el documento suscrito por dichas fuerzas políticas, se realizarán en colaboración con la Federación Andaluza de Caza (FAC) y tendrán como objetivo exponer a los escolares 'la importancia de la actividad cinegética para el mantenimiento de nuestro medio rural, la conservación de la fauna y los espacios naturales'. 

Ante estos graves acontecimientos, los abajo firmantes solicitamos que se retire dicha medida de adoctrinamiento de forma inminente y en su lugar, desde la Junta se invierta en fomentar y educar a los niños y a las niñas andaluces en valores positivos como el respeto y cuidado a los animales y la flora, así como la gestión sostenible de nuestros espacios naturales, y en contra de cualquier acto de maltrato y violencia, siguiendo de este modo las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que tan claramente ha advertido a España, sobre los peligros y efectos negativos que supone exponer a los menores a actos de violencia. 

No podemos olvidar que han sido muchos, demasiados, los menores que han muerto en cacerías en los últimos años, algunos de ellos de muy corta edad, como en el desgraciado accidente que tuvo lugar en el mes de enero de 2019 en una finca en Guillena (Sevilla) con un menor, de tan solo 4 años que participaba en una montería, a pesar de que la ley no permite la presencia en monterías a los menores de 14 años. 

Es absolutamente inadmisible que desde la Junta de Andalucía, en lugar de velar y defender los derechos de los menores, promocione escenarios donde se ponga en riesgo las vidas de estos. No estamos dispuestos a aceptar esta vulneración toda vez que la sociedad andaluza está cada vez más concienciada contra cualquier acto de maltrato o violencia hacia los animales, e iniciativas como esta, suponen un grave retroceso y no representan el sentir del pueblo andaluz.

Consideramos totalmente incompatible la enseñanza en la empatía y la compasión hacia los seres vivos, en la que la comunidad educativa está haciendo grandes esfuerzos de cara a generar los necesarios cambios sociales hacia la justicia, igualdad y respeto a la vida de las personas y animales, con los valores de dominación e indiferencia por el sufrimiento de seres sintientes que conlleva la caza.

Finalmente, debido a la gravedad de estos hechos, se está trabajando en la interposición de alegaciones, así como en la denuncia de estas medidas ante del Defensor del Menor por vulneración de la Ley 1/1998, de 20 de abril de los Derechos y la Atención al Menor".