La Unidad de la Policía Judicial adscrita a los Juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid vinculó a dos madres de Granada con una supuesta organización criminal, la que el atestado policial achacaba a la Asociación Infancia Libre, acusándoles de orquestar denuncias falsas contra sus exparejas ayudándose de profesionales de la medicina, a los que también implicaban, para apartar a los progenitores de sus hijos e hijas. La Fiscalía archivó esa investigación tras quedar acreditado que "las manifestaciones de la Policía en su informe eran tan inciertas y tan rocambolescas que decayeron por su propio peso con un mínimo esfuerzo probatorio, y con ello, se diluyó la idea de organización criminal creada por la policía para publicitarse en numerosos medios de comunicación con un desprecio por la verdad sin precedentes".

Se investigará la actuación policial por si se cometieron presuntos delitos de denuncia falsa, falsedad documental en modalidad imprudente y revelación de secretos

Así se expone en la denuncia presentada por estas dos mujeres que acaba de admitir a trámite un Juzgado de Madrid -Instrucción número 15-. Los hechos que describe y documenta la denuncia sobre la actuación policial pueden ser constitutivos de los presuntos delitos de denuncia falsa, falsedad documental en modalidad imprudente y revelación de secretos, como determina el auto que la admite a trámite e incoa diligencias previas para investigarlos, dictado el 1 de febrero y consultado por El Independiente de Granada.

El relato que detalla la denuncia de estas dos madres granadinas, representadas por el letrado Vicente Tovar, es espeluznante. 

De entrada, el informe vinculó a 25 personas, entre ellas estas dos mujeres, otras madres y abogados, médicos y psicólogos, con esa (no) "organización criminal", pese a no haber tenido vínculo alguno con la Asociación Infancia Libre. 

Lo que el informe policial planteó es que estas madres -como el resto de las mujeres a las que señalaba- se habrían concertado con profesionales, como pediatras, para elaborar informes en los que sustentar denuncias falsas contra sus exparejas y padres de los menores. Como se ha indicado, esa investigación no prosperó, pero el impacto mediático del caso, que las presentó como falsas denunciantes, fue demoledor. Para ellas y sus hijos. Lo que ahora investigará el Juzgado madrileño es si la Brigada de Policía Judicial que lo elaboró omitió hechos y disfrazó otros para sustentar el relato. Y si facilitó ese documento a otros juzgados, lo que de alguna manera habría influido en los procesos en marcha.

Desgranamos la denuncia presentada por estas dos madres por la actuación de la brigada policial, y en concreto de su inspector jefe, y admitida a trámite.

Visitas tuteladas por orden judicial a raíz de partes hospitalarios, circunstancia que omitió la policía

En uno de los dos casos de Granada, la Policía atribuyó a la madre haber interpuesto una denuncia contra el padre de su hijo por supuestos abusos, cuando el procedimiento se abrió a raíz de partes de lesiones elaborados por los servicios de urgencias del Hospital Materno. Con esos partes y tras la correspondiente vista, el Juzgado de Familia -respaldado por la petición de la Fiscalía- estableció visitas tuteladas en el Punto de Encuentro Familiar. El auto recogió expresamente que "no era creíble" la explicación del padre asegurando que era la madre "la causante de las lesiones para privarle de las visitas". La madre cumplió "escrupulosamente" las visitas. Sí hubo incumplimientos por parte del progenitor respecto a las normas del centro que fueron comunicadas al Juzgado de Familia.

Entre otra información, la Policía obvió, según la denuncia, un informe de Medicina Legal que indicaba que la situación vivida era "compatible con maltrato habitual"

Omitió también la Policía en su informe sobre Infancia Libre que ante la situación que estaba viviendo el menor, la madre interpuso una denuncia por la violencia de género que sufrió durante la relación. En el momento en el que se la vinculó en falso con Infancia Libre esa denuncia ya estaba admitida a trámite y en investigación. Se obvió que un informe del Instituto de Medicina Legal indicaba que la situación era "compatible con maltrato habitual". En la actualidad el proceso está pendiente de juicio -la fecha ya está fijada- con una petición fiscal para el padre del menor de 3 años y 10 meses de prisión, alejamiento por plazo de 6 años y privación de tenencia de armas durante 4. 

La Policía no tenía "ninguna prueba directa o indirecta" para vincular a esta mujer con Infancia Libre, "tampoco indicios, hipótesis o cualquier otro elemento que pudiera hacer sospechar lo más mínimo", sólo "una pura coincidencia", que era un informe médico firmado por una profesional que intervino "de forma casual", al estar la pediatra de su hijo de vacaciones y tras la intervención "previa" de los servicios médicos hospitalarios.

"Por esta sencilla regla, cualquier madre del término municipal de Granada cuyo hijo o hija haya sido atendido en algún momento" por esa profesional y que "además tuviera un procedimiento penal en cualquier juzgado podría estar incluida en la desagradable lista de personas confeccionada por la policía", advierte la denuncia. 

Retirada de visitas al padre por dejar a la niña sola en un descampado, obviado por la policía

En el otro caso, la unidad de Policía Judicial señaló a la madre por haber denunciado a su expareja por malos tratos hacia su hija, habiendo sido atendida por una pediatra que no era la que le correspondía para conseguirlo, "afirmación intencionadamente falsa".

"Lo verdaderamente cierto" es que en marzo de 2016 esta mujer denuncia a su exmarido por "haber encerrado a su hija sola en un descampado como castigo", un procedimiento en el que la Fiscalía acusó al padre solicitando 6 meses de orden de alejamiento y 2 de arresto domiciliario, declarando la Audiencia de Granada que el encierro de la menor fue "veraz". Tras estos episodios el pediatra derivó a la menor a Salud Mental por sospechas de maltrato psicológico. El psiquatra recetó tranquilizantes a la menor y no la pediatra, como dijo "faltando a la verdad la policía".

Fue un Juzgado en que le retiró las visitas al padre y ordenó que fuesen tuteladas

Fue un Juzgado el que le retiró las visitas al padre y ordenó que fuesen tuteladas. En ese momento el padre era conocedor de quién era el pediatra de la niña, pues incluso acudió a una visita con ella en junio de 2016, "quedando así más que acreditada la falsedad de esta denuncia y la mala intencionalidad por parte de la policía".

No fue hasta julio de 2016, con un cambio de domicilio, cuando le asignan a la doctora que la policía quiso vincular a la asociación. Era la única especialista del centro de salud que le correspondía y atendió a la hija por una otalgia. Es decir, antes de que se convirtiera en pediatra de la menor, "el juzgado ya había retirado las visitas al padre y por ello las manifestaciones de la policía acerca de la utilidad" de esa doctora para "obtener la suspensión de las visitas es tan falsa como fácil de comprobar". 

Nada tuvo que ver con la suspensión de las visitas y sin embargo la Policía, expone la denuncia, "no recaba la más mínima información" de la madre, la hija o del periplo judicial vivido, "únicamente se limita a comprobar" que la mujer había interpuesto una denuncia contra su exmarido por malos tratos hacia su hija y que en algún momento de la vida de la menor su pediatra fue la médica indicada, "sin saber ni siquiera en qué intervino esta o si le correspondía por ser la más cercana a su domicilio. "El resto de alegaciones no son ni más ni menos que un relleno falso y ficticio de hechos absurdos pero necesarios para vincularla gratuitamente en una organización criminal". 

caleta_1.jpg

Imagen de archivo de uno de los accesos a los Juzgados de La Caleta, en Granada. m. de la cruz

Los padres aprovecharon el tirón mediático para asegurar que habían sido víctimas de denuncias falsas

Con el tirón mediático de la investigación, "los padres aprovecharon la cobertura televisiva para aparecer en programas denunciando públicamente haber sido víctimas de denuncias falsas". En uno de los casos, el padre apareció en programas asegurando que llevaba tres años sin ver a su hija, "mintiendo descaradamente", teniendo en cuenta que en ese momento acudían a un proceso de mediación familiar "con sesiones semanales y actividades programadas con el padre". En el otro caso, el padre aportó las noticias aparecidas en prensa en procedimientos en marcha "con la clara intención de influenciar en los mismos". "Se ocupa de difamarla" en prensa y en su centro de trabajo, acusándola de haberle interpuesto denuncias falsas, cuando esas denuncias partieron del hospital. 

Tras la aparición del padre en programas de televisión, los compañeros de la menor llegaron a decirle que la madre iría a la cárcel

"Estas últimas difamaciones" no sólo afectan a la madre, "sino que exponen a su hijo menor de edad, el cual es plenamente identificado por todo su entorno", con la consiguiente "vulneración de sus derechos fundamentales y el daño irreparable al mismo, cuando precisamente la madre lo ha mantenido siempre al margen de cualquier comentario o noticia sobre los hechos".

La hija de uno de ellos fue "reconocida por sus compañeros de instituto", pues el padre salió a cara descubierta. Le llegaron a decir que la madre iría a la cárcel "por pertenecer a Infancia Libre", lo que le provocó "un grave estado de ansiedad". El otro menor quedó "igualmente identificado de por vida"

Varias exparejas de las madres incluidas en el informe, "casualmente" son funcionarios de Policía

Uno de los datos más preocupantes que se reflejan en la denuncia y deberá investigar el Juzgado es que, "causalmente", muchas de las exparejas de las madres a las que se vinculó con la supuesta trama que no existió eran funcionarios de cuerpos policiales, siendo en concreto uno de ellos mando de Policía Local.

"La propia Policía de Madrid ha filtrado el contenido del informe a periodistas e incluso a otros juzgados"

"Es más, la propia Policía de Madrid ha filtrado el contenido del informe a periodistas e incluso a otros juzgados". Lo constata el letrado que representa a las dos madres señalando que las conclusiones del informe policial se reflejaron en un procedimiento en un Juzgado de Violencia hacia la Mujer en el que esta madre ni tan siquiera era parte, aportando incluso informes de salud mental de la menor. Una conducta esta última, la de aportar datos en un procedimiento que no tenía nada que ver, que se enmarcaría en un supuesto delito de revelación de secretos por parte de la Policía.