La Subdelegación del Gobierno en Granada ha entablado contacto con las asociaciones memorialistas y con los responsables de los trabajos de exhumación de fosas comunes en el Barranco de Víznar para estudiar las actuaciones oportunas para garantizar la seguridad en la zona.

Así lo han detallado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno después de la profanación de una de las fosas y el robo de un maxilar con once dientes de oro de una de las víctimas, un hecho que ha provocado el "malestar" e "indignación" de los familiares de los represaliados, que reclaman seguridad en la zona.

No se trata del único incidente que se ha registrado. El año pasado forzaron las carpas instaladas sobre las fosas comunes y robaron instrumental especializado y en febrero de este año un familiar de uno de los represaliados que iba a depositar unas flores fue brutalmente golpeado mientras le gritaban "pocos hay ahí enterrados". También se han registrado en los últimos tiempos diversos actos vandálicos contra la placas que señalizan este Lugar de Memoria.

Tras el vil robo de las piezas dentales de una de las víctimas, el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, se puso en contacto con el subdelegado del Gobierno para trasladarle este lamentable hecho y tanto a este colectivo como al equipo que trabaja en Víznar se les comentó la posibilidad de reforzar el servicio de vigilancia de la Guardia Civil en el entorno.

Gil Bracero ha incidido, en declaraciones a Europa Press, que estas fosas se encuentran en un paraje en pleno monte y la Subdelegación debe garantizar que los trabajos de excavación, exhumación y posterior identificación de las víctimas se hagan "con las máximas garantías", tal y como solicitan los propios familiares.

En el caso de este último robo se han llevado una de las partes fundamentales que usan los expertos en las labores de identificación genética, como son las piezas dentales y ello dificultará la posibilidad de conocer quién es esta persona, lo que supone "un daño añadido".

El equipo de expertos que trabaja en las fosas del Barranco de Víznar también ha censurado esta "ausencia de protección" en un enclave en el que además la Fiscalía investiga ya como posibles delitos de lesa humanidad el fusilamiento de 49 personas cuyos restos fueron exhumados entre 2021 y 2022.