Los vecinos y vecinas de la urbanización Jardines de Gójar están atrapados en una maraña legal que hacen muy difícil el día a día, sin los servicios básicos en las áreas comunes, y que temen que acabe con un fondo buitre adquiriendo las viviendas. Son 71, ubicadas en la Cañada de los Fenicios de la localidad.

Según han informado a El Independiente de Granada fuentes de la Plataforma de Inquilinos Afectados (Asipas), las empresas que construyeron estos inmuebles quebraron y ellos accedieron años después a los inmuebles en régimen de alquiler a través de la empresa Satek. Posteriormente a algunos vecinos les hicieron firmar el contrato con otra empresa, Lunix.

Su contrato, por cinco años, les daba opción a compra. Pero lo que parecía una oportunidad está siendo un calvario.

Tras cuatro años, no tienen ni siquiera un contador de agua para la comunidad; un vecino se ha encargado durante un año de la limpieza en las áreas comunes; y la piscina tiene filtraciones. 

Pagan sus alquileres y las cuotas de la comunidad, pero ahora nadie les aclara cómo ejercer el derecho a compra de sus viviendas. La Sareb y el banco alegan que son solo propietarios del préstamo hipotecario. Las empresas que gestionaron el alquiler, "sin prestar los mínimos servicios, aunque cobran", tampoco. "¿Quién se lleva el dinero que pagamos por la comunidad?", se preguntan tras calcular que han abonado en estos cuatro años 98.000 euros. 

"Llevamos cuatro años de pelea y tememos que la idea sea que un fondo buitre adquiera los inmuebles", explican desde la plataforma de inquilinos, que agregan estupefactos que estas empresas promocionan las viviendas como "casos de éxito" a través de internet. 

El próximo jueves la plataforma mantendrá una reunión para decidir posibles acciones legales.