Medidas adoptadas por la Diputación de Granada ante la pandemia del Covid-19
Por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos

La jueza que investiga la trama urbanística en la etapa del PP procesa a Torres Hurtado y la cúpula de Urbanismo

Política - IndeGranada - Jueves, 19 de Diciembre de 2019
Da por concluida la instrucción de la causa del expediente Registrador, primera parte del caso Nazarí que queda en la antesala del juicio.

José Torres Hurtado con Isabel Nieto y Manuel Lorente. ayuntamiento granada/archivo

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha dado por concluida la instrucción de la causa del conocido como expediente Registrador, pieza separada del caso Nazarí, en que se investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de la capital granadina, y ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, procesando al que fuera alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y a la cúpula de Urbanismo.

En este caso, se investigan posibles delitos de asociación ilícita/organización criminal; prevaricación (común y urbanística); tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; y contra la ordenación del territorio.

Así consta en el auto de procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, en el que la jueza procesa a un total de siete personas por este caso, entre ellas también la que fuera edil popular de Urbanismo, Isabel Nieto, y antiguos responsables del área, dando traslado a las partes para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

En este mismo auto, que tiene fecha de 18 de diciembre de 2018, la juez acuerda el sobreseimiento provisional para la exedil de Medio Ambiente, Telesfora Ruiz, y otras dos cargos del Ayuntamiento en la anterior etapa del PP, la que fuera secretaria general, Mercedes López Domech, y la exdirectora de Urbanismo, María Paz Spínola.

La jueza recuerda que en el caso Nazarí se ha investigado "la presunta existencia dentro del Área de Urbanismo de Granada de una trama organizada corrupta que, de forma continuada y prolongada en el tiempo, habría estado beneficiando tanto a diferentes promotores urbanísticos como directamente a los familiares y allegados de los principales investigados, en contra del interés general de la ciudad de Granada, alterando el normal funcionamiento de la Concejalía de Urbanismo, contraviniendo de forma continuada y con conocimiento, la normativa urbanística vigente y con el consiguiente perjuicio a las arcas municipales".

La actuación de esta trama habría ido encaminada a, presuntamente, "beneficiar a diferentes promotores, en concreto a José Julián Romero, Roberto García Arrabal y Enrique Legerén Félix, así como al registrador de la Propiedad, Sr Camy Escobar, se habrían reflejado en diferentes expedientes urbanísticos tramitados por la Gerencia de Urbanismo, y que acumularían una serie de irregularidades en su tramitación".

Dichos expedientes, que han dado lugar a distintas piezas separadas, son:  Expediente Mulhacén, Expediente S. Jerónimo, Expediente Progreso, Expediente Obispo Hurtado, Expediente Convenio T1(respecto del cual se ha dictado auto de archivo por efecto de cosa juzgada), Expediente Parking, Expediente Registrador y Expediente Campus.

"Al registrador no se le sanciona y se le da licencia sí o sí", le dijo Isabel Nieto a Jacobo de la Rosa

En la exposición de los hechos del auto, la juez se refiere a que en la base de la investigación de esta pieza separada están las "importantes irregularidades que se concretarían en la presunta ocupación ilegal para incorporar al local del Registro de la Propiedad" de la calle Tórtola, en el barrio de los Pajaritos de Granada, un patio interior de luces de unos 60 metros".

Dicha cuestión, fue planteada a la Concejalía de Urbanismo por parte de su director en aquella época, Jacobo de la Rosa, funcionario clave con sus denuncias en este caso, exponiéndose, a través del informe pertinente, que tal construcción "suponía un incremento de la edificabilidad y de la máxima ocupación permitida", lo cual constituiría "una infracción grave" de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Granada.

Pese a las advertencias, Isabel Nieto habría llegado a firmar un informe, avalando las obras en el local del Registro con consideraciones técnicas, pese a lo que ha manifestado, según recuerda la jueza, en algunas de sus declaraciones judiciales, tratándose de desvincular de ese tipo de decisiones. 

Los investigadores, como detalla en el auto, han comprobado en este expediente que se apartaba a algunos funcionarios para elegir a otros que firmaran los correspondientes informes y trámites administrativos que fueron necesarios para dar por buena la obra y conceder la licencia solicitada. Fue necesario aprobar incluso una modificación puntual del PGOU. En el auto se indica incluso que por parte de dos de los encausados en esta pieza se llegó a "falsear" la realidad para "facilitar o favorecer" la concesión de la licencia al registrador. 

La jueza recuerda que consta en las actuaciones, en la declaración testifical de Jacobo de la Rosa, que Isabel Nieto le dijo a él mismo como director de Urbanismo: "Al registrador no se le sanciona y se le da licencia sí o sí y que si sigue así contra el registrador le abre expediente".

La instructora considera responsables de los hechos descritos en el expediente Registrador a: Torres Hurtado, como conocedor pleno de los hechos descritos, Isabel Nieto, Emilio Martín Herrera, José Luis Sevilla Delgado, Manuel Lorente, Agustín Belda, Jesús Camy Escobar, quienes, "presuntamente, han actuado a sabiendas de la ilegalidad urbanística que con sus actuaciones, estaban permitiendo y consistiendo, en los términos ya narrados. Debiéndoseles imputar los delitos de: asociación ilícita/organización criminal, prevaricación (común y urbanística) , trafico de influencias , malversación de caudales públicos y delito contra la ordenación del territorio". Los procesados quedan, por tanto, a un paso del juicio oral.

En el caso Nazarí están investigadas cerca de una veintena de personas por su presunta implicación en una trama de corrupción urbanística en la ciudad que supuso la detención, en 2016, de José Torres Hurtado e Isabel Nieto, funcionarios y promotores.

Este procesamiento se une al ya dictado en el Caso Serrallo, que llegará a juicio el próximo mes de febrero y en el que se sentarán en el banquillo Torres Hurtado, Isabel Nieto, funcionarios de Urbanismo y el constructor Roberto García Arrabal.