Uno de los principales motivos que motivaron la moción de censura que cambió el rumbo político de Maracena en abril de 2024 fue la paralización de las privatizaciones iniciadas por el anterior gobierno municipal del PP y Vox. Entre los servicios afectados se encontraba el Servicio de Ayuda a Domicilio, y ahora se ha descubierto que también pretendían privatizar la gestión de las instalaciones deportivas, el servicio de jardinería y el taller de teatro de la Casa de la Cultura.

 “Tras catorce meses, hemos descubierto que también pretendían privatizar el servicio de conserjería de los colegios públicos y el servicio de jardinería. No entendemos por qué querrían hacerlo, porque el personal municipal ha cumplido siempre con su trabajo de forma digna, con resultados excelentes y visibles para toda la ciudad”

Según informa el Ayuntamiento, el actual equipo de gobierno, presidido por el alcalde Carlos Porcel, ha podido comprobar en los últimos meses que el alcance de estas externalizaciones iba mucho más allá de lo inicialmente conocido. “Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que la obsesión por privatizar del PP y Vox iba más allá”, asegura el alcalde. “Tras catorce meses, hemos descubierto que también pretendían privatizar el servicio de conserjería de los colegios públicos y el servicio de jardinería. No entendemos por qué querrían hacerlo, porque el personal municipal ha cumplido siempre con su trabajo de forma digna, con resultados excelentes y visibles para toda la ciudad”. Porcel considera que detrás de esta política se esconde una incapacidad de gestión del anterior equipo: “la sensación que tenemos es que su falta de coordinación les impedía trabajar adecuadamente con los empleados municipales, y por eso recurrieron a la privatización como salida rápida, especialmente en el caso de la jardinería, porque de otro modo no se entiende”. Según Porcel, el plan del PP y Vox incluía también despidos de trabajadores “de forma injustificada”, lo que ya ha supuesto un coste de alrededor de 140.000 euros para todos los maraceneros y maraceneras. Una cifra, advierte, que podría aumentar en los próximos meses, ya que aún quedan sentencias pendientes de dictarse y “sin informe que justifique esas acciones por parte de recursos humanos”. 

“Lo que hemos vivido en Maracena durante el mandato del PP y Vox es un ataque frontal a lo público, un intento sistemático de desmontar los servicios esenciales que todavía resisten en nuestros municipios”, denuncia Antonio Segovia, portavoz de Izquierda Unida. “No es casualidad, ni un caso aislado: responde a una estrategia de la derecha que se repite en toda la provincia, como vemos en Vegas del Genil o en Granada capital, donde también gobiernan quienes anteponen los intereses privados a los derechos de la ciudadanía. La obsesión por privatizar, por despedir trabajadores y por sembrar la incertidumbre laboral solo ha servido para perjudicar a las familias de Maracena y para despilfarrar el dinero de todos y todas, como demuestran los miles de euros que costarán sus despidos injustificados. Desde este gobierno defendemos cada puesto de trabajo, cada servicio público y cada derecho conquistado, porque lo público es garantía de igualdad, de calidad y de dignidad para nuestros vecinos y vecinas”.

Por su parte, la portavoz de Maracena Conecta, Amabel Adarve, considera que la ciudadanía “necesita saber que este tipo de decisiones no son técnicas, sino profundamente ideológicas”. Adarve defiende el modelo de gestión directa porque “hemos venido aquí a tomar responsabilidades y no delegar las mismas en otros. Creemos en la cercanía, en la calidad del servicio y en el respeto a los trabajadores municipales. La gestión directa permite conocer de primera mano las necesidades de los vecinos y vecinas de Maracena para darles unos servicios de calidad acordes con sus expectativas”. 

Pese a su rechazo a las privatizaciones impulsadas por el anterior gobierno, la junta de gobierno ha incluido a las empresas adjudicatarias en el Plan de Pago a Proveedores, permitiendo así que cobren por los servicios prestados. Una decisión que, según el alcalde, “responde a la voluntad de hacer las cosas bien, con responsabilidad y transparencia, aunque no compartamos las formas ni el fondo de la gestión anterior”.