El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado parcialmente este jueves una Proposición no de Ley impulsada por el PSOE-A por la que reclama a la Junta que actualice mensualmente las listas de espera del sistema sanitario público andaluz, así como que regule el procedimiento para reconocer y tramitar el correspondiente reintegro de gastos a quienes se hayan visto obligadas a someterse a una intervención quirúrgica en la sanidad privada, tras superar los tiempos de espera quirúrgica garantizados por la normativa andaluza.

En concreto, esos puntos han sido respaldados por Adelante Andalucía y los ocho diputados no adscritos que pertenecían a ese grupo y han sido aprobados porque PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox se han abstenido en la votación de los mismos.

Por contra, ha sido rechazado, con el voto en contra de estos tres grupos y el respaldo de Adelante y los no adscritos, reclamar al Gobierno andaluz que priorice recursos económicos en un plan de choque público para disminuir los tiempos de espera en los hospitales públicos mediante el incremento de la actividad asistencial en consultas, pruebas diagnósticas y actividad quirúrgica para disminuir las listas de espera hasta conseguir que no haya pacientes fuera de los tiempos de espera garantizados.

No ha prosperado el punto que pedía priorizar recursos económicos en un plan de choque para disminuir los tiempos de espera

Con los mismos votos, no ha prosperado otro punto de la iniciativa que proponía que la Junta diera publicidad mensual de la información relativa a los trámites y procedimientos de reclamación relacionados con la lista de espera, en concreto: nuevas inclusiones en las listas de espera, procedimientos en espera resueltos, pruebas preoperatorias realizadas; consultas, pruebas o intervenciones quirúrgicas anuladas; reclamaciones interpuestas por exceso de tiempos de garantías; derivaciones a otros centros públicos y a centros privados.

Para defender la propuesta, el portavoz parlamentario del PSOE, José Fiscal, ha recordado que Andalucía ha sido pionera desde 2004 en la regulación de plazos de garantía de respuesta a demandas de procesos asistenciales, tanto en consultas externas y pruebas diagnósticas como en proceso quirúrgicos pero, lamenta, "a lo largo de 2019 se ha puesto de manifiesto el incremento de pacientes en lista de espera y el aumento de los tiempos medios de respuesta del sistema sanitario público hasta el punto de que los procesos con garantía de tiempos máximos han experimentado en algunos casos incrementos del 60 por ciento".

A su juicio, la gestión que la Consejería de Salud y Familias ha realizado durante la pandemia del Covid-19 "ha incrementado notablemente las listas de espera, tanto de consultas externas, como de pruebas diagnósticas y de procedimientos quirúrgicos", al tiempo que rechaza que los últimos datos publicados al respecto sean de diciembre del 2019. "Y lo que es peor, las evidencias en los centros sanitarios ponen de manifiesto que el menor acceso de los ciudadanos a consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, está empeorando el estado de salud de la población andaluza", apostilla.

Fiscal entiende que a todo esto han contribuido las "importantes restricciones" en el acceso a los servicios sanitarios públicos andaluces, "originados por las medidas del Gobierno con ocasión de la pandemia del Covid-19", y todo para incidir en que en estas circunstancias, "muchas personas ven imposibilitado el acceso a servicios sanitarios públicos programados previamente y que son de vital importancia". Por tanto, "se ven obligadas a acudir a la medicina privada, pese a su elevado coste, para recuperar su nivel de salud a costa de perjudicar, e incluso endeudar, su economía familiar".

PP-A: "PSOE-A no puede dar lecciones"

Para posicionar al PP-A, Ana Vanesa García ha rechazado que el PSOE-A pueda "dar lecciones de gestión sanitaria" porque cree que es un partido que "debe pedir perdón" a los andaluces por su labor en el Ejecutivo, toda vez que ha apuntado que es de sentido común que las listas hayan crecido en 2019 porque "incluimos los 500.000 andaluces que los socialistas dejaron fuera". Ha negado que el Gobierno andaluz empuje a los andaluces a la sanidad privada y ha recordado a Fiscal que cuando más incrementaron los contratos con la privada "fue en el 2018, cuando gobernaba Susana Díaz".

Sobre la petición para que se publiquen las listas de espera de manera mensual, la 'popular' ha reprochado al PSOE-A que haya esa reclamación cuando este partido, cuando tenía las riendas de la Junta, la última vez que las hizo pública fue "una vez que terminaron las elecciones andaluzas, qué casualidad".

Emiliano Pozuelo, de Cs, ha lamentado al "insensibilidad tremenda" que, a su juicio, tiene que el PSOE-A al presentar esta PNL porque "o vive en una burbuja y en una realidad paralela, totalmente ajena a la situación y por eso pide que en mitad de una pandemia la Junta ponga fin a las listas de espera, o bien sabe que lo que pide es imposible solucionar ahora pero sacan la calculadora electoral y, a sabiendas de que hay muchas personas que lo pasan mal, intentan jugar con su dolor para rascar votos". "Cuánta insensibilidad y cuánta cara", ha censurado.

En nombre de Vox, el parlamentario Rafael Segovia ha defendido el derecho de los andaluces a estar informados sobre la situación de las listas de espera "para poder decidir como paciente" si ir a la privada en caso de los plazos para su intervención sean amplios. No obstante, ha rechazado la propuesta socialista porque si cuando gobernaba el PSOE-A se publicaban las listas dos veces al año, "ahora no es justo ni oportuno, en plena pandemia de Covid-19, pedir a la Junta que las publique mensualmente".

Por último, el diputado de Adelante Ismael Sánchez, tras advertir de la situación "preocupante" de la sanidad andaluza por la incidencia del Covid y que hay "un riesgo real de entrar en colapso", ha considerado "razonable" la iniciativa del PSOE-A porque "cuanta más información haya, menos especulación e incertidumbre". Así, ha lamentado que el consejero del ramo, Jesús Aguirre, ofrezca datos al Pleno pero que, en cambio, no los publiquen y ha explicado que hasta que eso ocurra, "confiaremos más en quienes están a pie de tajo, que manejarán con más fiabilidad esta información".