El PP ha denunciado este viernes que el próximo 9 de junio la empresa que suministra a los comedores sociales de La Chana y Zona Norte dejará de prestar sus servicios. 

El grupo municipal popular ha culpado al gobierno de Francisco Cuenca de haber sido "incapaz" de encontrar una fórmula para pagar la deuda de 50.000 euros que el Consistorio mantiene con la concesionaria de est servicio. 

La portavoz del grupo, Rocío Díaz, ha calificado la situación de “escandalosa” y ha culpado al alcalde de demostrar una “absoluta falta de sensibilidad hacia un colectivo necesitado, en situación de precariedad. En dos años de gobierno, Cuenca ha acabado con un servicio que se llevaba prestando dos décadas con normalidad”, ha enfatizado, para añadir que "la concesionaria, por desgracia, es una más de las muchas pequeñas empresas damnificadas por la inexistente política económica del PSOE local, que provoca que el periodo medio de pago a proveedores no haga más que aumentar”. 

Díaz también ha criticado que Cuenca y su gobierno "ni siquiera hayan recibido a los representantes de la empresa concesionaria que pretendían mantener una reunión para abordar el problema". “Ni la concejala de Derechos Sociales ni el responsable de Economía han tenido a bien atender siquiera a estas personas”, ha subrayado. 

Por su parte, el concejal Fernando Egea ha puesto el acento en que la peor consecuencia de esta “pésima gestión” por parte de Cuenca es que los usuarios “quedan desprotegidos y sin ningún otro lugar al que acudir". “Para ellos, este recurso es poco menos que imprescindible para sobrevivir porque se trata de personas sin ingresos, en una situación de exclusión social, muy delicada. Precisamente por eso, el gobierno local debería haber mostrado un poco de sensibilidad”, ha señalado. 

El concejal ha recordado que, desde el grupo popular, se han hecho “todos los esfuerzos" a su alcance para alcanzar una solución. El pasado 16 de mayo, en la comisión de Derechos Sociales, planteó el problema “pero la respuesta que se nos dio por parte del equipo de gobierno fue que ya estaba todo arreglado y que se iba a pagar en unos días. A la vista está que eso no ocurrió, de ahí que la empresa haya renunciado a prestar más el servicio”, ha explicado. 

Egea entiende que, aunque ya queda "muy poco tiempo" para que expire el plazo dado por la concesionaria, "todavía es posible revertir la situación". “Subsanar ese fallo aún es factible, siempre que nuestros actuales gobernantes sean responsables y se den cuenta de qué asuntos son los preferentes”.