Se habla y se escribe mucho, últimamente, sobre el Estado de derecho en España. No siempre se hace, desde cualquier óptica, con rigor, aunque soy de quienes piensa que la mayoría de opiniones se sustentan sobre unos mínimos de coherencia y de razonabilidad, muy alejados, como casi siempre en este país desde 2018, del ruido ambiental en que determinados sectores de las derechas políticas y mediáticas se han empeñado (con notorio fracaso a la luz del veredicto electoral) en que se desenvuelva nuestra vida política. Se hable de lo que se hable, se trate del tema que se trate y se aborde la cuestión que se aborde. El caso, para estos sectores, es atizar al gobierno de la nación, personificado en su presidente. Creo que de tanto ir el cántaro a la fuente, se terminará rompiendo. Quizá los evidentes y mayoritarios mínimos coherentes y razonables a los que me refiero sean el primer síntoma de la robustez de nuestro Estado de derecho. Aunque no sean ni evidentes ni mayoritarios para determinada opinión pública o publicada. Eso está fuera de esta reflexión.

Siendo opinables otras interpretaciones del interés general, no creo que nadie con dos dedos de luces, pueda discutir esa acepción del interés general. Otra cuestión serán los gustos o preferencias de cada cual. Ambos están también fuera de esta reflexión

Por encima de apriorismos (legítimos en el debate político) y de considerar, por supuesto, la complejidad jurídica, social y política del asunto de la amnistía, hay algo que debe resultar evidente, y es la legitimidad parlamentaria para impulsar, debatir y, en su caso aprobar, en el trámite que se considere y con los requisitos legales, cualquier iniciativa legislativa que se presente y que afecte al interés general, obviamente considerando como Este al que determine la mayoría del pueblo español, a través de su legítima representación política. Siendo opinables otras interpretaciones del interés general, no creo que nadie con dos dedos de luces, pueda discutir esa acepción del interés general. Otra cuestión serán los gustos o preferencias de cada cual. Ambos están también fuera de esta reflexión.

Lógicamente, la robustez de nuestro Estado de derecho permite y ampara la crítica política, ciudadana, social y mediática a la iniciativa legislativa, a sus peculiaridades, a las enmiendas que se sustancian en su trámite parlamentario, a las negociaciones que se producen en ese trámite, a las conversaciones previas a esas negociaciones, incluso a las conversaciones previas a las conversaciones que definen las negociaciones. Obviamente, la misma robustez ampara la alabanza a todo ese proceso, incluso a quienes no consideran como excesivamente importante todo ese discurrir previo, y se centran en el resultado final, cuando éste se produce. Ese resultado final, cuando se produzca, sÍ empieza a ser el meollo central de esta reflexión.

En cuyo caso no me cabe la menor de las dudas que, en reciprocidad, se admita, noble y democráticamente, que otra prueba, quizá más rotunda, de dicha robustez, la constituya el hecho de poder valorar, discrepar y criticar dicha actuación judicial, por considerarla, fuera, o en el límite, de lo que constituye cabalmente la esencia de la separación de poderes, tan cacareada

Hace poco, en un debate en un medio de comunicación, se llegó a afirmar que otra prueba evidente de la robustez de nuestro Estado de derecho (que se daba, como es natural, por hecha) la constituía el hecho de que una parte (mínima) del poder judicial actuara, aunque fuera a través del anuncio o la insinuación de futuras medidas, bastante antes de que hubiera terminado el trabajo del poder legislativo. Es decir, antes de que existiera norma alguna sobre la que poder instruir o investigar. Basándose tan sólo en el hecho de que pareciera cual iba a ser el contenido de la norma. Ciertamente no seré yo quien me inmiscuya en la labor del poder judicial ni en cómo cumple con sus tareas constitucionales, pero reconozcamos que el hecho carece de precedentes, y resulta al menos llamativo. Pero incluso estoy dispuesto a admitir que dicha actuación, claramente anticipatoria del resultado futuro y palmariamente condicionadora del mismo, constituya prueba de la fortaleza mencionada de nuestro Estado de derecho. En cuyo caso no me cabe la menor de las dudas que, en reciprocidad, se admita, noble y democráticamente, que otra prueba, quizá más rotunda, de dicha robustez, la constituya el hecho de poder valorar, discrepar y criticar dicha actuación judicial, por considerarla, fuera, o en el límite, de lo que constituye cabalmente la esencia de la separación de poderes, tan cacareada, por cierto, cuando se abordan estas delicadas cuestiones.

Y que como dice el proverbio "la mujer del césar, no solo tiene que ser honrada, sino además parecerlo", por más que se le vea la camiseta. Porque si mezclamos todo lo anterior, pareciera que la robustez es para unos, y no para todos.

Insisto, son asuntos complejos que demandarían mesura y cautela a la hora de su valoración, y por supuesto, plena conciencia de que cada poder tiene su función, sus tiempos y sus potestades. Que conviene respetarlos en su integridad. Y que una cosa es la crítica, o la alabanza, política de determinadas decisiones. Que otra cosa es excederse claramente en el ejercicio de la misma. Que ese exceso sea o no investigado por la autoridad judicial, y que de eso también se pueda opinar. Que cuestión bien diferente es el procedimiento y las garantías de la elaboración de las leyes. Y que otra cosa de nuevo bien diferente es el control de legalidad y de constitucionalidad de dichas leyes, una vez que son leyes, no antes. Y que, como dijo un político al que conocí, "cada día tiene su afán". Y que como dice el proverbio "la mujer del césar, no solo tiene que ser honrada, sino además parecerlo", por más que se le vea la camiseta. Porque si mezclamos todo lo anterior, pareciera que la robustez es para unos, y no para todos.