La ex delegada de educación en Granada y actual senadora del PSOE, Ana Gámez, ha publicado un artículo titulado "En defensa de la educación pública". En él se escandaliza de la defensa que el PP hace de la educación concertada aunque ese modelo educativo es casi una seña de identidad del partido conservador. Lo que resulta desconcertante es la defensa que su partido, el PSOE, teórico defensor de la enseñanza pública, hace en la práctica de la enseñanza privada subvencionada.

En el articulo se reprocha al PP valenciano la supresión de aulas públicas y la promoción de concertadas. En Andalucía según Padei -Plataforma Andaluza por la Defensa de la Educación Infantil- solo en los cincos últimos años la escuela pública ha perdido 469 unidades en infantil mientras que a la privada concertada se les ha concedido 82 unidades más. En Granada capital, la privada-concertada supone ya más del sesenta por ciento. 

Es cierto que el nuevo gobierno valenciano ha reaccionado contra la privatización. Se trata de un gobierno de coalición entre el PSOE y Compromís con apoyo externo de Podemos. Un gobierno, que como el portugués, defiende decididamente la educación pública. Sin embargo no es esa la actitud del gobierno andaluz, que parece defender una cosa y hacer otra. En Andalucía se pueden perder unas 600 unidades escolares el año que viene. Al principio de la crisis se despidieron a 4500 profesores y se subieron las horas lectivas al resto de profesorado. Los servicios complementarios, como aula matinal y comedor escolar, no se crean allí donde se necesitan. 

Tiene razón la ex delegada al afirmar que la educación es una inversión y no un gasto. Pero entonces, ¿porqué se aplican criterios cuantitativos inflexibles para cerrar aulas y no se tienen en cuenta circunstancias especiales como la distancia de los centros, accesibilidad, dotación u orografía en el caso de los colegios públicos de Alfacar? Aquí se prevé la supresión de una unidad de infantil que se suma a la que ya se produjo el año pasado.

También tiene razón al criticar a la LOMCE y los recortes aplicados por el gobierno central. Pero muchas veces esos recortes ha sido utilizados como coartada para seguir metiendo la tijera en Andalucía. Las reivindicaciones de la Plataforma en contra de la supresión de unidades escolares de Alfacar pueden ser atendidas sin incrementar el coste educativo. Basta con mantener las unidades existentes y ajustar la ratio a la menor demanda provocada por el descenso de la natalidad. De paso se mejora la calidad de enseñanza al favorecer una atención individualizada.

El mismo día que la senadora socialista publicaba su artículo en defensa de la educación pública, en Alfacar se celebraba una manifestación por las calles del pueblo solicitando cuestiones concretas para defender la educación pública en la práctica: que no se supriman aulas, que no se despida a las maestras de apoyo, que no se permitan aulas masificadas y que se facilite la conciliación de la vida familiar y laboral con la creación de comedores escolares y aulas matinales.

Si el partido socialista quiere hacer hacer una defensa no sólo teórica, sino también práctica, de la educación pública, aquí tiene una magnífica oportunidad. También de ser tan coherentes como el Sócrates que encabeza su escrito, capaz de morir antes que traicionarse a si mismo.