La Audiencia Nacional reconoce a la familia del guardia civil asesinado en Huétor Vega en 2018 el derecho a que Interior asuma su indemnización
El abogado Javier López García de la Serrana resalta la importancia de la sentencia, que tendrá repercusión en otras cinco familias de guardia civiles cuyas reclamaciones están pendientes de resolución.
G.V./EP Archivo
Detalle de la fachada de la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional (AN) ha reconocido el derecho de la viuda y los hijos del guardia civil José Manuel Arcos, que murió al recibir un tiro en acto de servicio en octubre de 2018 en Huétor Vega, a que el Ministerio del Interior costee la indemnización más de 334.200 euros fijada por sentencia para ella y los huérfanos, después de que el condenado por la muerte del agente fuera declarado insolvente.
El abogado que ha llevado el caso, Javier López García de la Serrana, hace incapié en lo novedoso de la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en la que se resuelve el recurso interpuesto por la viuda del agente, José Manuel Arcos, y sus hijos contra la resolución de la Subsecretaría del Ministerio del Interior.
"La normativa aplicable al resarcimiento por daños personales a un guardia civil incluye al lesionado y, en caso de fallecimiento, a sus herederos, siendo aplicable el principio de indemnidad en interpretación jurisdiccional para incluir la indemnización declarada en sentencia penal por el asesinato de los guardias civiles ocurrido en acto de servicio", concluye la sentencia tras analizar las conclusiones del Tribunal Supremo sobre la materia, citando además una última sentencia de junio de 2025.
"El importe de la indemnización a percibir no debe superar la cuantía fijada en la sentencia por lo habrán de tenerse en cuenta las cantidades que hayan podido percibir los familiares por ayudas públicas como víctimas indirectas del delito doloso con el resultado de muerte", añade la sentencia, que rechaza que se deba actualizar la cantidad reconocida ni estima reconocer intereses.
"El Ministerio del Interior decía, exactamente, que los daños -personales y patrimoniales- de los familiares son totalmente ajenos a la relación especial de servicios que vinculan al guardia civil con la Administración' pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional nos ha dado la razón en una novedosísima sentencia, de la que se 'beneficiarán' otras cinco viudas de guardia civiles cuyas reclamaciones están pendientes de resolución", traslada el letrado a El Independiente de Granada.
El abogado añade que "la innovación de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional es la aplicación también a las familias de los guardia civiles asesinados del principio de indemnidad, que implica que la Administración debe resarcir a sus funcionarios por los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones por acciones ilícitas de las personas sobre las que las ejercen, cuando no haya dolo, culpa o negligencia por parte del funcionario y el responsable directo del daño sea insolvente".
López García de la Serrana resalta que la sentencia abre una vía para familiares de otros guardias civiles asesinados
Para Javier López García de la Serrana, "resulta inadmisible y una burla jurídica al “principio de Indemnidad” que sea el propio Ministerio del Interior -empleador- que además de no reconocer la 'profesión de riesgo' de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el que haya resuelto los expedientes de resarcimiento tanto de la viuda e hijos del guardia civil José Manuel Arcos asesinado el 15 de octubre de 2018 o de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, rechazando cualquier tipo de indemnización de sus familiares, bajo el sofisma de que son víctimas indirectas. Mismo fundamento, se aplicaría, al resto de los familiares de los guardias civiles asesinados: Pedro Alfonso Casado, David Pérez y Miguel Ángel González, si no fuera por esta importante sentencia".
