Al 'Bizco' de Salobreña no lo salvó del garrote ni la súplica de toda Granada ni del Papa
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Toda la provincia se movilizó en 1935 para impedir que el verdugo de Madrid ejecutara a un delincuente en la nueva prisión provincial
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El alcalde Vega Rabanillos y sus concejales Antonio Gallego Burín, Luis Angulo Montes y Fernández Ramos fueron a Madrid a suplicar al Gobierno
El delito inicial ocurrió tal día como hoy, 16 de julio, pero de 1935. Dos vulgares ladrones de la Costa llamados Manuel Vasco Vargas, (a) El Bizco de Salobreña, y Manuel Guerrero Aneas (a) El Tocino, tuvieron la ocurrencia de apostarse junto al puente de Panata, sobre el Guadalfeo, y asaltar a dos arrieros con su carro que venían de vender aceite en Motril, y regresaban a su casa de Guájar Faragüit
El delito inicial ocurrió tal día como hoy, 16 de julio, pero de 1935. Dos vulgares ladrones de la Costa llamados Manuel Vasco Vargas, (a) El Bizco de Salobreña, y Manuel Guerrero Aneas (a) El Tocino, tuvieron la ocurrencia de apostarse junto al puente de Panata, sobre el Guadalfeo, y asaltar a dos arrieros con su carro que venían de vender aceite en Motril, y regresaban a su casa de Guájar Faragüit. Se llamaban Rafael Alcántara Mancilla y José Alcántara Ruiz, el primero de 50 años y el otro algo mayor. José les entregó 50 pesetas, en tanto Rafael hizo ademán de echarse la mano a una faltriquera disimulada en la chaqueta para darles su dinero. El Bizco le descerrajó un tiro de escopeta y lo mató en el acto al creer que escondía una pistola. Cogieron el dinero y se fueron a gastárselo durante toda la noche en un lupanar de Motril. Tardaron sólo un día en detenerlos escondidos en un cañaveral y entregarlos a la Justicia, tras haber desayunado copiosamente en el café La Terraza.
El juez de Motril entendió que las condiciones en que se había registrado la muerte constituía un gravísimo delito protagonizado por una banda armada. Los dos eran delincuentes habituales, incluso con alguna condena pendiente de cumplir y requisitorias judiciales. En ese caso, debía entregar a los dos salteadores al Tribunal de Urgencia de la Audiencia Provincial de Granada. Aquella primera calificación condicionó el resto del proceso y toda la repercusión que tuvo durante los tres siguientes meses en Granada. La alarma social producida por la noticia en los periódicos hizo que interviniera el gobernador civil para cortar el asunto lo antes posible.
Los tribunales de urgencia habían aparecido con la nueva Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933. Durante los dos primeros años de la II República (1931-33) había estado vigente la Ley de Defensa de la República; pero la delincuencia y las algaradas se habían disparado en el país. Se decidió endurecerla aún más a partir de aquella especie de Ley de Vagos y Maleantes de julio de 1933. Trataba de controlar el desmán político y pistoleril que se disparó desde el inicio de la República. Contemplaba el recurso a los estados de prevención, alarma y excepción, e incluso se aplicó en infinidad de ocasiones a la mínima huelga. Aquella Ley de 1933 fue ampliamente criticada por la mayor parte de políticos e intelectuales, de todo el espectro político, desde Ortega y Gasset a Gil Robles, ya que en la práctica supuso que quedaran suspendidas las garantías constitucionales entre julio de 1933 y julio de 1936. El ciudadano estaba entregado en muchos casos a la arbitrariedad de la autoridad gubernativa.
No se podía condenar a muerte porque quedó abolida la pena máxima y sustituida por reclusión mayor. Pero a partir de 1935 volvió a recuperarse la pena de muerte en España con la mencionada ley de 28 de julio de 1933
Los tribunales de urgencia ventilaban en pocos días asuntos de terrorismo, la tenencia ilegal de armas, el atentado, los atracos… y los asesinatos. En varias ciudades españolas hubo condenados a muerte y deportaciones a decenas (caso de Sevilla). Los tribunales de urgencia no se andaban por las ramas.
En Granada venían funcionando dos tribunales de urgencia en la Audiencia Provincial. Casi semanalmente juzgaban asuntos de tenencia de armas, atentado a la autoridad e incluso casos de atracos aparatosos o con víctima. Pero desde la llegada de la II República (abril de 1931) jamás nadie había sido condenado a muerte en Granada. La suplieron largas condenas de prisión. No se podía condenar a muerte porque quedó abolida la pena máxima y sustituida por reclusión mayor. Pero a partir de 1935 volvió a recuperarse la pena de muerte en España con la mencionada ley de 28 de julio de 1933.
Dos rateros ante una ley política
En aquel contexto, el 5 de agosto de 1935 (con la dura Ley de Orden Público vigente y reformada precisamente unos días antes, y la pena de muerte reinstaurada) comenzó el juicio en el tribunal de urgencia de Granada contra los dos delincuentes de Motril y Salobreña. Hubo una única sesión del tribunal formado por cinco magistrados. La vista pública se celebró en la sala más grande de la Real Chancillería, desde las doce de la mañana hasta las doce de la noche; el tribunal deliberó hasta las 5,30 de la madrugada del día siguiente. A pesar de lo intempestivo del horario, la sesión estuvo abarrotada de periodistas. Los dos salteadores confesaron su autoría y reconocieron el arma utilizada para quitar la vida al arriero. Las dos escopetas habían sido robadas a un familiar de Vasco y en un cortijo de Motril. Y que se habían gastado las 18 pesetas en putas y alcohol la madrugada fatídica. La única discrepancia la tuvieron con el testigo vivo, que dijo que a él le habían robado mayor cantidad, 50 pesetas.
La Guardia Civil presentó un informe durísimo contra los dos delincuentes
Testificaron varios cortijeros cercanos, que vieron u oyeron algo aquella tarde. No los vieron borrachos. En cambio, la dueña de la casa de prostitución donde se gastaron el dinero –María Martín Morales– sí dijo que estaban bebidos y se habían desecho de los cartuchos en su casa. La Guardia Civil presentó un informe durísimo contra los dos delincuentes.
Y una hora más tarde, el presidente del tribunal de urgencia, el magistrado Florentino González, leyó el falló: “… condenamos a muerte a Manuel Vasco Vargas y Manuel Guerrero Aneas, por dos delitos complejos de robo con homicidio, más tres delitos de robos…”
Ni el tribunal ni el fiscal aceptaron ningún tipo de atenuante, ni siquiera la embriaguez. Calificaron lo ocurrido como dos robos con homicidio, se les consideró banda armada asociada para delinquir con reincidencia. Les aplicaron la pena de muerte recién revisada (entró el vigor el 25 de junio de 1935). El abogado Entrena llegó a calificar la pena de muerte como un mecanismo de defensa del Estado, aplicada a dos delincuentes vulgares.
El juicio quedó visto para sentencia a eso de las cinco de la mañana. Y una hora más tarde, el presidente del tribunal de urgencia, el magistrado Florentino González, leyó el falló: “… condenamos a muerte a Manuel Vasco Vargas y Manuel Guerrero Aneas, por dos delitos complejos de robo con homicidio, más tres delitos de robos…”. De nada sirvió la eximente de embriaguez que alegaron los procesados.
Granada no quiere pena de muerte
Los dos abogados defensores –Juan Entrena y Luis García- recurrieron inmediatamente al Tribunal Supremo. Paralelamente, la sociedad granadina también empezó a movilizarse para evitar que aquellos dos infelices acabaran con la corbata del garrote vil alrededor del cuello. No se quería que Granada apareciese como un lugar de bárbaros donde se ejecutaba a la gente; los tribunales de urgencia habían condenado a muerte a mucha gente en otras ciudades, pero por hechos mucho más graves que un homicidio vulgar; no se daba una situación de alarma social ni estado de sitio o alarma. La ciudad de Granada no padecía tanto pistolerismo, secuestros ni atentados como Madrid o Barcelona.
El 7 de septiembre de 1935 comenzó espontáneamente un movimiento contra la aplicación de dos penas de muerte en el patíbulo de la nueva prisión provincial de Granada
Un mes después, el Tribunal Supremo confirmaba las dos sentencias de muerte emitidas por el tribunal de urgencia de Granada. El 7 de septiembre de 1935 comenzó espontáneamente un movimiento contra la aplicación de dos penas de muerte en el patíbulo de la nueva prisión provincial de Granada. Se recordaba que desde 1921 no había sido ajusticiado a garrote nadie en esta ciudad; los últimos fueron tres gitanos que asesinaron a dos guardias civiles en Puerto Lobo (Laroles), en 1919 (Ver: El asesinato del presidente del Gobierno que frustró el indulto de tres condenados a muerte).
Se esgrimía que Granada no podía retroceder un siglo atrás, a los tiempos en que Mariana Pineda había sido ajusticiada en otro cadalso y enterrada, precisamente, en los terrenos del Armengol, donde en 1931 había sido levantada la flamante cárcel provincial. (Ver: Los tumbos de Mariana de Pineda).
Pocos en Granada deseaban que aquel espectáculo macabro se repitiera en su ciudad. El Colegio de Abogados envió una carta colectiva en el mismo sentido
Los primeros en enviar telegramas al Presidente de la República y al Presidente del Gobierno fueron los alcaldes de Salobreña y Motril, patria chica de los reos confesos. Inmediatamente se sumaron el Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial. Sus telegramas decían: “… suplico libre a Granada trágica visión patíbulo respetando vidas de quienes por ignorancia incurrieron delito, sanciónese terrible pena. Alcalde Miguel Vega”. El presidente accidental de Diputación, Cecilio Gómez Sánchez, lo hizo en sentido similar “… evitando provincial doloroso espectáculo”. El escrito de indulto del abogado defensor, Juan Entrena Santaella, sirvió para que otras muchas corporaciones y particulares enviasen cartas y telegramas. Pocos en Granada deseaban que aquel espectáculo macabro se repitiera en su ciudad. El Colegio de Abogados envió una carta colectiva en el mismo sentido.
El arzobispo no sólo se interesó por remitir peticiones de clemencia al Gobierno, también se presentó en la prisión a visitar a los reos
A ellos se sumó el Arzobispo de Granada, el cardenal Agustín Parrado. El tema había sido conocido en el Vaticano y el Papa le exhortó a que hiciera todo lo posible por evitar aquellas dos muertes. El arzobispo no sólo se interesó por remitir peticiones de clemencia al Gobierno, también se presentó en la prisión a visitar a los reos.
El Supremo indulta a uno
El 17 de septiembre, el Tribunal Supremo revisó el caso de Granada y emitió su fallo. Había contado con un informe técnico del Gobierno por el que recomendaba que debía permutar una de las penas de muerte por la de reclusión mayor; el Gobierno tenía potestad para el indulto. Pero tampoco se quería dar sensación de debilidad, convertir la justicia en “un cachondeo”. Así se comunicó a la prensa, pero con la terrible equivocación de cruzar los nombres del indultado y del condenado a muerte. En cambio, en la sentencia definitiva enviada a la Audiencia de Granada no se cometió tal cambio de nombres: se mantenía la pena de muerte para Manuel Vasco y a Manuel Guerrero se le conmutaba por 30 años de reclusión.
Lo único que hicieron mal fue presionar cuando el reo ya estaba en capilla y próximo a ser ejecutado
Los últimos en reaccionar fueron unos cuantos diputados de los trece que tenía entonces la provincia de Granada en el Congreso de los Diputados. Los demás no se molestaron en interesarse. Lo único que hicieron mal fue presionar cuando el reo ya estaba en capilla y próximo a ser ejecutado. Esto les sirvió de severa reprimenda en El Defensor de Granada, precisamente al día siguiente de la ejecución.
'El Bizco' de Salobreña permaneció el mes siguiente, hasta el día antes de su muerte, sin conocer exactamente cuál iba a ser su destino final. Estaba convencidísimo del perdón
El Bizco de Salobreña permaneció el mes siguiente, hasta el día antes de su muerte, sin conocer exactamente cuál iba a ser su destino final. Estaba convencidísimo del perdón. El abogado Juan Entrena continuaba pidiendo apoyo a la prensa madrileña para su cliente; la recibió de la mayoría de diarios, que se oponían a la vigencia de la pena capital en España desde su reinstauración un año antes. También se sumaron el Centro Artístico de Granada y la Asociación de la Prensa, con continuos telegramas al Presidente de la República, y reuniones con el gobernador civil, López Monís. El Defensor fue el periódico más beligerante en pro de la conmutación de la pena de muerte, con editoriales casi diarios, como el que sigue:
Esperando el indulto, llega el verdugo
El 20 de octubre se publicaba, por un lado, que había sido aplazada la ejecución del reo de Salobreña. Pero, por otro, también se daba la noticia de que el 18, viernes, había llegado en el tren expreso de Madrid un hombre con aspecto de anciano, con una caja enorme y que se había alojado en una celda de la Prisión Provincial. Era el verdugo de la Audiencia Provincial de Madrid, a quien le había tocado en suerte encargarse de cumplir la sentencia a muerte de Granada. No se supo hasta un par de días después que también había llegado otro verdugo de la Audiencia de Oviedo para tenerlo de repuesto.
Nuevamente volvió la angustia a Granada y se reactivaron los telegramas de petición con dirección a Madrid. Pero el asunto no olía nada bien. El 19 se fue a Madrid una comisión política de la ciudad para volver a insistir en el indulto; al menos, se consiguió aplazar el ajusticiamiento en un día
Nuevamente volvió la angustia a Granada y se reactivaron los telegramas de petición con dirección a Madrid. Pero el asunto no olía nada bien. El 19 se fue a Madrid una comisión política de la ciudad para volver a insistir en el indulto; al menos, se consiguió aplazar el ajusticiamiento en un día. El diputado Pareja Yébenes llegó a hablar telefónicamente con el presidente Niceto Alcalá Zamora, que se encontraba de viaje. Le prometió que al día siguiente propondría el indulto al Consejo de Ministros. La comisión granadina, a pesar de ser domingo, se presentó en la casa del presidente del Gobierno (Joaquín Chapaprieta) para presionarle. Les prometió estudiar el tema al día siguiente, en reunión con sus ministros.
El alcalde Vega Rabanillos y sus concejales Antonio Gallego Burín, Luis Angulo Montes y Fernández Ramos no pararon de hacer gestiones y moverse en Madrid durante el fin de semana del 19 y 20 de octubre. Les acompañaban algunos diputados en Cortes por Granada. También fueron a la vivienda particular del ministro de Justicia, Federico Salmón Amorín.
Fueron días de zozobra en los que se implicaron también los estudiantes del recién creado Instituto Ganivet, con el envío de telegramas; prácticamente todos los sindicatos y corporaciones empresariales se movilizaron
Fueron días de zozobra en los que se implicaron también los estudiantes del recién creado Instituto Ganivet, con el envío de telegramas; prácticamente todos los sindicatos y corporaciones empresariales se movilizaron.
En aquel gobierno efímero, el 13º de la II República, se encontraban como ministros Alejando Lerroux y José María Gil Robles. Los dos se habían mostrado contrarios a la pena de muerte durante el debate de la ley, pero cuando se reunieron el día 21 en consejo de ministros, ninguno de ellos quiso oír las peticiones de indulto de miles de granadinos. No contestaron.
Entrando en capilla
La mañana del 21 de octubre de 1935 amaneció muy nublada en Granada. Y más oscura aún sobre el cielo de la Prisión Provincial de la carretera de Jaén. Los presos paseaban por uno de los patios sin imaginarse que en el de al lado ya había sido montada una tabla de dos metros de longitud entre los dos verdugos; en mitad de ella instalaron verticalmente el aparato con el garrote. La parte delantera, dándole la espalda, era el asiento del reo, en tanto que en la parte trasera se sentaría uno de los verdugos para apretar el tornillo.
Manuel Vasco paseaba, fumaba y charlaba inocentemente con sus compañeros de patio. Comió a las doce, ajeno a lo que le esperaba una hora más tarde
Manuel Vasco paseaba, fumaba y charlaba inocentemente con sus compañeros de patio. Comió a las doce, ajeno a lo que le esperaba una hora más tarde. A la una se presentó una representación del tribunal de urgencia que le había juzgado para comunicarle la sentencia definitiva. El Bizco de Salobreña quedó pálido cuando le dijeron que entraba en capilla para que se cumpliera su sentencia a muerte. Hasta aquel momento había albergado la esperanza de que llegara el indulto del Gobierno; toda Granada estaba con él. La hora de su ejecución quedó fijada para las siete de la mañana del día 22 de octubre.
Sus últimas horas fueron terribles, a juzgar por los relatos de los periodistas locales y enviados especiales que llegaron desde Madrid. El reo lloró, mostró su ira contra su compañero de fechoría por haber sido indultado y él no. Hasta que exclamó: “De alguna forma habrá que dejar esta vida”.
Le organizaron una capilla donde fue confesado por el jesuita Padre Payán. Expresó su último deseo de comer galletas y casarse con la joven que había sido su amante y con la que tenía una hija de corta edad
Le organizaron una capilla donde fue confesado por el jesuita Padre Payán. Expresó su último deseo de comer galletas y casarse con la joven que había sido su amante y con la que tenía una hija de corta edad. A las cuatro de la tarde trajeron desde Motril a la joven Antonia Guijarro Soto y la pequeña de ocho meses. Les acompañaban unos familiares traídos por el alcalde de Salobreña, Fernando Vinuesa Martín. El cura Alfonso Payán casó a la pareja y el mismo alcalde actuó de padrino de la boda. El cardenal Parrado acudió a verlo por última vez; volvió a coger el teléfono y envió otro telegrama de clemencia al Presidente de la República. Las escenas que se sucedieron aquella tarde en la prisión debieron ser terribles; telegramas salían continuamente desde Granada en dirección a los periódicos de Madrid, que los publicaban en sus continuas ediciones de tarde-noche y los pegaban en pizarras en sus fachadas. La soledad llegó a la prisión a las 18,30 en que fue desalojada de visitas.
Pidió una copa de coñac, que no pudo acabarse; la cena que eligió como último deseo la ingirió entera (tortilla de jamón, salchichón, queso, uvas y vino)
El Bizco pasó una noche terrible, sin dormir. Pidió una copa de coñac, que no pudo acabarse; la cena que eligió como último deseo la ingirió entera (tortilla de jamón, salchichón, queso, uvas y vino). En sus últimas horas de capilla se quedaron a acompañarle el jesuita Payán, su abogado, cuatro hermanos de la Caridad y la Paz, el director de la prisión y los funcionarios de servicio. También se le había permitido quedarse al alcalde de Salobreña.
Aparece el diputado Ruiz Alonso
A las diez de la noche se presentó en la Prisión el diputado de la CEDA Ramón Ruiz Alonso (el que diez meses más tarde desencadenaría el proceso contra Federico García Lorca). Exigió autorización en su calidad de mayordomo de la Cofradía de la Alhambra, no como diputado. Se quedó en la capilla durante el resto de horas que faltaban para el ajusticiamiento. Ruiz Alonso le iba dando cigarros, conversaba continuamente con El Bizco. Se fumó, o destrozó, 37 pitillos. Incluso en algún momento de euforia, el reo se ofreció a cantarle flamenco. Cosa que el diputado no creyó adecuada. El Bizco le confesó cómo en un mitin del político de Acción Popular en Salobreña, él fue uno de los hombres que lo habían apedreado. No cesó en toda la noche en mostrar su esperanza en que se recibiera una llamada de última hora concediendo el indulto. Había sido colocado un teléfono en la habitación contigua. El diputado envió un telegrama a su jefe y ministro Gil Robles, sin resultado alguno.
Empezó a gritar que ya sólo tenía confianza en la justicia de Dios cuando se acercaba el alba
La madrugada se convirtió en continuos altibajos de ánimos de El Bizco. Tan pronto lloraba como reía, maldecía y perdonaba. Empezó a gritar que ya sólo tenía confianza en la justicia de Dios cuando se acercaba el alba. Llegaron las seis de la mañana y se revisó que el teléfono funcionase bien, se comprobó que no había llegado ningún telegrama desde el Gobierno. La hora convenida para la ejecución se aproximaba. El patíbulo estaba engrasado, probado una y otra vez por el verdugo de Madrid (Casimiro Municio Águeda), como titular de la ejecución; no obstante, también le acompañaba el verdugo de la Audiencia de Oviedo en calidad de ayudante. Por si acaso se echaba atrás o tenía algún percance. Que ya le había pasado con la ejecución de tres atracadores que tuvo que matar en Zaragoza un tiempo atrás. Casimiro Municio debería haberlos ejecutado en media hora y les alargó la agonía durante dos horas.
A las siete esperaban dos hombres sobre el entarimado del patíbulo. El verdugo de Madrid vestía un mono azul de mecánico, el de Oviedo con chaqueta y corbata. Parecían el jefe y su empleado. El director de la cárcel miró a El Bizco a los ojos, le echó una mano al hombro y le dijo: “Ha llegado tu hora. Vamos”. Manuel Vasco se abrazó al alcalde de Salobreña y exclamó “Mi hija, mi hija, Dios mío”. Le habían vestido con un traje negro, alpargatas sin calcetines y camisa blanca; llevaba barba de varios días. Le esposaron con las manos delante.
Las manos de 'El Bizco' de Salobreña fueron a buscar y apretaron fuerte las de Ramón Ruiz Alonso. El padre Payán rezaba en voz alta
El alcalde Fernando Vinuesa y el diputado Ramón Ruiz Alonso lo sujetaban uno a cada lado por el pasillo que conducía al patio de ejecución. Entre los dos lo sentaron en la tabla, se lo entregaron al verdugo que le ajustó el corbatín al cuello; Ruiz Alonso le cubrió la cara con un pañuelo blanco. Las manos de El Bizco de Salobreña fueron a buscar y apretaron fuerte las de Ramón Ruiz Alonso. El padre Payán rezaba en voz alta.
Manuel Vasco tardó varios minutos en morir. El verdugo de Madrid preguntaba con los ojos si apretaba aún más la palanca del garrote, parecía que aún respiraba. Los dos médicos forenses le indicaron que ya no era necesario, había muerto tras unos interminables minutos de agonía. Ruiz Alonso y dos hermanos de la Caridad lo desataron y lo colocaron en el ataúd. Los funcionarios de la prisión colgaron un lazo negro en la puerta de la cárcel, el primero y único que se vio en Granada durante la II República por una ejecución a garrote vil. Una caja de pino lo trasladó al cementerio municipal, rincón de los ajusticiados.
Todos los esfuerzos de Granada durante casi dos meses de 1935 por evitar una horrible pena de muerte, al más puro estilo medieval, fueron en balde. A un simple ratero le habían aplicado la más dura pena prevista por una Ley de Orden Público pensada para reprimir una delicada situación política que ya se les había ido de las manos a los gobernantes de la II República. Sólo seis días después de la ejecución de Manuel Vasco fue cesado el gobierno que no había accedido a conceder el indulto.
La inútil muerte de Manuel Vasco Vargas, 'El Bizco' de Salobreña, saltó a la prensa europea por las connotaciones que la habían rodeado: imputado por la cara más dura de una ley injusta, casado unas horas antes de morir, con su indulto solicitado por prácticamente toda Granada
La inútil muerte de Manuel Vasco Vargas, El Bizco de Salobreña, saltó a la prensa europea por las connotaciones que la habían rodeado: imputado por la cara más dura de una ley injusta, casado unas horas antes de morir, con su indulto solicitado por prácticamente toda Granada, visitado por el Cardenal Parrado por petición del Papa y llevado al patíbulo apoyándose en el alcalde de su pueblo y del brazo del diputado Ruiz Alonso.
Todos los espectáculos del día 22 fueron clausurados en señal de luto. Se sumaron al paro la mayoría de estudiantes de grados medio y universitario, así como buena parte del comercio. Aquella ejecución se entendió como un gran baldón para la ciudad de Granada.
La última anécdota negra la protagonizaron los dos verdugos. Ante el temor de que fuesen agredidos por los reclusos, fueron encerrados en una celda aislada para protegerlos
La última anécdota negra la protagonizaron los dos verdugos. Ante el temor de que fuesen agredidos por los reclusos, fueron encerrados en una celda aislada para protegerlos aquella mañana del día 22. Nadie se acordó de ellos hasta que el día 24 llamaron desde la Audiencia de Madrid para saber por qué no habían regresado a casa. Les “liberaron” y un coche de la guardia de asalto les condujo inmediatamente a Madrid.
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