CSIF se concentra en los juzgados de Caleta para denunciar "la falta de medios y la vulneración del derecho de negociación colectiva en la Administración de Justicia"

E+I+D+i - IndeGranada - Viernes, 2 de Diciembre de 2022
El sindicato critica que "el Ministerio no se haya sentado a negociar la futura Ley de Eficiencia Organizativa que implicará modificaciones de las condiciones laborales de las plantillas".
Concentración en La Caleta.
Concentración en La Caleta.

CSIF Granada ha convocado hoy una protesta en el complejo judicial de Caleta, en la que también han participado otros sindicatos del sector de justicia y al menos un centenar de trabajadores de este centro, para denunciar "el nuevo modelo organizativo de dicha administración que arrastra a una sangrante falta de medios personales y materiales y vulnera el derecho de negociación colectiva". 

Estas concentraciones convocadas por CSIF se han sucedido de forma simultánea en todas las provincias andaluzas y son las primeras de un calendario de movilizaciones que se iniciaron en Madrid esta semana frente al Ministerio de Justicia y que continuarán, según el sindicato, "hasta que dicho ministerio no se siente a negociar la futura Ley de Eficiencia Organizativa (LEO) que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria y que implicará modificaciones de las condiciones laborales sin negociar con los representantes de los trabajadores".  

La responsable del sector de Justicia de CSIF Granada, Silvia Martín, ha criticado que "la LEO vulnere la negociación colectiva puesto que supone que los complementos retributivos, jornada, horarios, la distribución de las plazas, las funciones y tareas de cada uno de los servicios y de cada puesto, entre otros aspectos, vendrán ya predeterminados a la mesa de negociación por los criterios aprobados entre el Ministerio y las comunidades autónomas".

Silvia Martín también ha lamentado que "el debate de la justicia se centre en cuestiones políticas relacionadas con la renovación de los órganos constitucionales y administrativos del gobierno del poder judicial cuando la prioridad sería dotar a la Administración de Justicia de más y mejores medios para hacerla más ágil y más eficaz para el ciudadano". 

En este sentido, el sector de Justicia de CSIF Granada recuerda que "al déficit de plazas, -desde jueces a personal de auxilio judicial- se suman equipos informáticos obsoletos o que no funcionan, juzgados con infraestructuras anticuadas y en malas condiciones de conservación tanto en la capital como en el resto de la provincia y una plantilla totalmente sobrepasada". En concreto, el sindicato destaca la necesidad de "reforzar la justicia granadina con al menos 40 efectivos, con especial incidencia en los partidos judiciales de en los juzgados mixtos de Órgiva, Motril, Baza, Guadix y Loja, que disponen de una plantilla mínima y sin revisar desde hace más de 40 años, así como en los distintos juzgados de paz, para que las plantillas de los distintos órganos judiciales estén bien dimensionadas".

La situación "más compleja", según indica la responsable de Justicia de CSIF Granada, es la que atraviesa el partido judicial de Órgiva, "que cuenta con dos juzgados de primera instancia e instrucción para atender a una población concentrada en más de 25 municipios con tan solo 9 trabajadores". En este caso, "a la acuciante falta de plantilla se le une el hecho de que es el único partido judicial que aún no tiene servicio común, dispone de unas instalaciones muy vetustas y con un proyecto de nueva sede judicial sin ejecutar que conlleva una dispersión judicial y un estado deficitario de las infraestructuras actuales sin precedente, sin espacio suficiente en los archivos y con problemas de accesibilidad por su antigüedad". 

La Central Sindical lamenta que "sea la ciudadanía quien una vez más pague las consecuencias del mal funcionamiento de la Administración y tenga que soportar una justicia lenta y con excesiva burocracia". Por ello, insiste en que "es necesario que la reforma de la Justicia cuente con el máximo de los consensos, que suponga una mejora del servicio público y que se convierta en una fuente de oportunidades reales y efectivas para el personal de Justicia en su promoción profesional, condiciones laborales y retributivas".