Ven, conoce la provincia de Granada.

CSIF Granada reclama un plan de reconstrucción para generar empleo de calidad y cualificado

E+I+D+i - IndeGranada - Martes, 28 de Julio de 2020

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, primer sindicato de la función pública y tercero en la empresa privada, lamenta las cifras de paro globales conocidas en la Encuesta de Población Activa (EPA) que sitúan a Granada como la segunda provincia andaluza más castigada por los efectos económicos del coronavirus, solo detrás de Jaén, así como la situación de necesidad y de incertidumbre que afrontan miles de familias.

En la provincia de Granada, los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al segundo trimestre de 2020 reflejan que 37.700 personas han perdido su empleo en la provincia con respecto al primer trimestre del año –descendiendo de 336.500 ocupados a 298.800 ocupados de abril a junio-, con una tasa de paro del 25,24%, lo que supone un aumento del 5,44 % con respecto a la tasa de paro registrada en el periodo anterior (del 19,8 %).

La presidenta CSIF en la provincia, Victoria Pineda, subraya “la debilidad de nuestro mercado laboral azotado en primera línea por la crisis sanitaria del coronavirus, con unas cifras que vuelven a dejar al descubierto las debilidades de nuestro tejido productivo por su fuerte dependencia del sector Servicios y del turismo”. Por ello, Pineda aboga por “repensar el sistema productivo orientándolo hacia la industria y a reforzar los servicios públicos esenciales como motores de empleo en el contexto actual”.

En este sentido, y según datos de la Encuesta de Población Activa, la sanidad española afrontó el Covid-19 con 3.900 empleos menos de los que había a comienzos del año a pesar de las 21.600 contrataciones que se realizaron entre abril y junio para hacer frente a la situación de colapso de los servicios sanitarios.

Asimismo, según  la EPA, la tasa de temporalidad de las administraciones públicas en este segundo trimestre del año es del 26,8 por ciento (por encima del sector privado), lo que refleja la precariedad de un ámbito fundamental en la gestión de las prestaciones y servicios que reciben nuestros ciudadanos y por tanto su vulnerabilidad ante este tipo de situaciones.