El descenso del paro en Granada destaca, según UGT, las políticas progresistas emanadas del diálogo social, como la reforma laboral. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2023, hechos públicos este jueves sitúan a Granada con una tasa de paro de un 18,23%: 83.500 personas, 8.100 personas menos que el trimestre anterior (91.600), y 17.100 menos que justo hace doce meses (100.600, cuando la tasa de paro fue de un 22,18%).

La tasa de empleo se sitúa en el 47.60%, con 374.600 ocupados, 14.400 más que hace tres meses (360.200), y 21.700 más que hace justo un año (352.900, cuando la tasa de empleo fue del 45,37%). Granada es la tercera provincia con más tasa de paro del país, sin contar Ceuta y Melilla, sólo por detrás de Cádiz y Córdoba y situándose una vez más, por encima de la tasa nacional (11,60%), y la andaluza (18,05%).

Para el secretario general de UGT Granada, Luis Miguel Gutiérrez, lo más destacable de los datos es que esta expansión del empleo se está dando a través del empleo de calidad de manera que la reforma laboral sigue, por tanto, desplegando todo su potencial desde su entrada en vigor, ahondando en la estabilización y la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras, permitiéndoles contar con la seguridad y certidumbre necesarias para llevar a buen término sus proyectos de vida.

Gutiérrez continúa defendiendo la necesidad de incrementar los salarios que perciben los trabajadores y trabajadoras, en los términos establecidos en el nuevo AENC, por lo que es el momento oportuno de comenzar a devolver el poder adquisitivo perdido por la clase trabajadora en los últimos años.

Por último, el representante de UGT sigue defendiendo el valor del diálogo social y el respeto absoluto a sus frutos, con el objetivo de que se mantenga  la senda de afianzar y recuperar derechos de las personas trabajadoras, como ha ocurrido con la reforma laboral, la dignificación del SMI, la revalorización de las pensiones y la garantía de sostenibilidad de su sistema público o las leyes del teletrabajo y repartidores, por citar solo algunas de la fructífera lista de la concertación social en la legislatura pasada. Por ello, considera que el nuevo Gobierno, con respeto a las organizaciones sociales democráticas, deberá desplegar los recursos económicos necesarios, de los que los fondos europeos son una buena oportunidad, para facilitar transiciones justas en una economía sostenible.