Juan Francisco Martín, secretario general de UGT Granada, opina que los datos de paro del mes de enero publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal, con un aumento de 2.372 desempleados en Granada, reflejan el impacto de la tercera ola de la pandemia y de las restricciones implementadas por el coronavirus, a lo que se le suma que enero es tradicionalmente un mal mes para el empleo por el final de la campaña de Navidad, aunque señala el freno que ha supuesto la prórroga de los ERTEs para que ese desempleo no haya ido a más, que junto con otras medidas de protección social, han conseguido evitar que esas cifras sean aún más dramáticas.

A diferencia de la crisis de 2009, explica el representante sindical, estos mecanismos han logrado evitar que la caída de la actividad se traduzca inmediatamente en mayor destrucción de empleo. Por eso, dice, la extensión de las medidas de ajuste temporal acordadas en la prórroga de aplicación de los ERTE hasta el 31 de mayo y el resto de medidas del escudo social, siguen siendo esenciales para proteger los empleos y el tejido productivo de nuestro país.

Que 2020 ha sido un mal año en términos de mercado laboral es evidente y, por ello,  Martín considera  que ahora más que nunca, es importante hacer que este 2021 sea un ejemplo en términos de importantes avances en ámbitos tan esenciales como son la lucha contra la precariedad laboral, la igualdad de oportunidades o la erradicación de la pobreza y la exclusión social. También cree que debe ser una prioridad poner fin al empobrecimiento masivo de la clase trabajadora que provocó la anterior crisis económica y que, desgraciadamente, requiere de actuar con contundencia y con la más absoluta de las urgencias.

Por eso, para el representante de UGT, es el momento de aplicar medidas que recuperen los derechos laborales perdidos, avanzando en la agenda política pendiente sobre dos cuestiones claves: derogar de una vez por todas las dos últimas Reformas Laborales por un lado y, por otro, continuar elevando el SMI hasta lo estipulado en la Carta Social Europea: el 60% de la media salarial estatal, que deberán ser objeto de atención cuanto antes. Sin estas decisiones aún por adoptar, no podrá retomarse el proyecto de construcción de un verdadero Estado del Bienestar sustentado en políticas públicas de calidad, que doten a nuestra sociedad del nivel de cohesión y justicia social que merece,  ha concluido.