El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, dependiente del Ayuntamiento de Granada, ha resuelto recursos de UGT y de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) y ha dado la razón a las alegaciones formuladas por Podemos-IU sobre el precio por hora que cobran las casi 800 auxiliares de ayuda a domicilio que atienden a alrededor de 3.300 usuarios en la capital nazarí. 

Según ha informado Podemos-IU, la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos indica que el pliego de condiciones del servicio de ayuda a domicilio (SAD) incumple varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, debido a que el Ayuntamiento de Granada no ha elaborado un informe económico que avale el coste de la licitación ni el precio por hora de las trabajadoras. 

"Esta disparidad y diferencia en el precio por hora de trabajadores, con la misma cualificación y realizando las mismas tareas, tiene como consecuencia que la diferencia de la licitación de los profesionales pueda ser de hasta un 32 por ciento dependiendo de si la hora la subvenciona la Junta, que en 2017 puso un precio político de 13 euros por horas en bruto, o el Ayuntamiento, que la cuantifica en 17 euros".

De esta forma, según ha explicado la confluencia, hay trabajadoras a las que se les paga la hora de trabajo entre 5,50 y 6 euros y otras que reciben unos 7 euros por realizar las mismas funciones. "El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos le dice al Ayuntamiento que no entiende cómo cuantifica un precio distinto por hora a las trabajadores del SAD municipal con respeto a las del SAD de Dependencia".

Municipalización

La concejala de Podemos-IU Elisa Cabrerizo ha propuesto que el pliego de condiciones del SAD sea estudiado, sus consecuencias, su alcance y su contenido, en la comisión de control de las contrataciones que se ha constituido recientemente para supervisar los grandes contratos del Ayuntamiento.

Cabrerizo ha planteado también que se reclame a los servicios técnicos municipales la emisión de un informe económico en el que se incluya el coste de la municipalización para poder comparar qué forma de prestar el servicio es la más adecuada.

Según estudios del grupo municipal de Podemos-IU, "la gestión directa de la ayuda a domicilio, cuyo coste del contrato asciende anualmente a unos 13 millones de euros, acarrearía una reducción de costes al Ayuntamiento de un millón que se podría invertir en mejoras para las trabajadoras y usuarios de este servicio esencial que en la actualidad está prestado por la empresa Arquisocial".

"Esta resolución del Tribunal de Contratos Públicos es una segunda oportunidad para que el Ayuntamiento haga las cosas bien", ha sentenciado Cabrerizo.