Artículo de Opinión
'O la democracia acaba con la crisis o la crisis acaba con la democracia'
Javier Terriente echa la vista atrás para recordar lo que fueron los Pactos de la Moncloa, cuya exaltación ahora como modelo no considera inocente, y reflexionar sobre los verdaderos nuevos consensos que a su juicio se deben construir para salir de esta crisis.
vía Moncloa Abierta
Imagen del acceso de visitas al Palacio de la Moncloa.
De repente, cuando los campanarios de las derechas tocan a rebato, compitiendo entre sí en volumen e intensidad con una ferocidad inusitada contra Pedro Sánchez, algunos periodistas y medios de comunicación de referencia desempolvan la varita mágica de los Pactos de la Moncloa, cual ungüento de Fierambrás, como antídoto infalible a las terribles tragedias del presente. Pactos ya y ahora, incluso un Gobierno de Concentración entre las fuerzas del sistema, que implicarían entre otras cosas la exclusión de Unidos Podemos de responsabilidades de gobierno.
Esta sorprendente y reciente exaltación de los Pactos, por algunos, no es inocente. Al sacarlos del baúl de los recuerdos se intenta, por un lado, impulsar un gran acuerdo del gobierno con la oposición en base a un programa trufado por las grandes empresas y, por otro, mejorar la imagen de una oposición intolerante instalada en el NO. El precio es muy alto: la adulteración de lo que significaron los Pactos de la Moncloa y su descontextualización política, social e histórica con el fin de legitimar un acuerdo improbable.
Otra cosa muy distinta es la necesidad de conveniar o pactar una serie de medidas entre los agentes políticos, sociales, económicos y autonómicos, tras la derrota de la pandemia, en torno a un programa progresista de mínimos que lógicamente tendría pocas semejanzas con aquellos Pactos. ¿Ignorancia, complicidades corporativas o fantasía? ¿O todo a la vez? Veremos
Entre el 8-27 de Octubre de 1977, se firmaron Los Pactos de la Moncloa, promovidos por el Gobierno de Suárez y firmados por todo el arco parlamentario, desde Calvo Sotelo (UCD), Felipe González(PSOE), Santiago Carrillo (PCE), Fraga Iribarne (AP), Joan Reventós (PSC), Josep María Triginer (PSC-PSOE), Enrique Tierno Galván (PSP), Juan Ajuriaguerra (PNV), Miguel Roca (Convergencia). Los Sindicatos, CCOO, UGT, USO, LSTV, las Federaciones de Cooperativas o las Asociaciones Vecinales de carácter estatal, también mostraron su apoyo. Una cuestión clave: los Pactos de la Moncloa comprendían un Acuerdo Económico y un Acuerdo Político.
Hay que subrayar que no todos los apoyaron con igual entusiasmo. Felipe González y Alfonso Guerra se resistieron hasta el último momento y Fraga no firmó los acuerdos jurídico-políticos.
Aquel consenso complejo supuso una respuesta audaz al dilema fascismo o democracia que atenazó la política española en los años 70, estimulada por una crisis económica y financiera sin precedentes. Las conspiraciones golpistas cívico-militares estaban al orden del día. El peligro de un retorno al pasado era inmediato. La tormenta perfecta. Nada que ver con lo de ahora. Claramente, los Pactos de la Moncloa, negociados y acordados entre 8-27 de Octubre de 1977, fueron una respuesta de emergencia democrática de largo aliento.
Una respuesta global e integral ante un escenario dramático de democracia frágil, amenazada por unos poderes fácticos regresivos, y conspirativos procedentes del franquismo, una conflictividad laboral generalizada, una movilización social, sindical y cultural en ascenso ininterrumpido, una Universidad y una Enseñanza en pie confrontadas con el viejo Régimen, cárceles repletas de presos políticos, decenas de muertes en las calles....Y un contexto determinante: Una inflación sin control a niveles del 30% anual y un endeudamiento disparatado, en un sistema económico y financiero arcaico y obsoleto en un mundo arrasado por la crisis del petróleo.
Como señalaba Fuentes Quintana, ministro de Economía y Hacienda del gobierno Suárez: o la democracia acaba con la crisis o la crisis acabará con la democracia.
En resumen, consistieron de dos grandes apartados. Uno Económico: Política de saneamiento económico, Reforma fiscal, control del gasto público, política educativa, política de urbanismo, suelo y vivienda, reforma de la seguridad social y del sistema financiero, política agrícola, pesquera y de comercialización, política energética y Estatuto de la empresa pública, y criterios para la adaptación de las instituciones autonómicas. Y un segundo: jurídico y político, determinante, sobre la libertad de expresión, los medios de comunicación, el derecho de reunión y el asociacionismo político, el Código Penal y de Justicia Militar, el Orden público, la ley de Enjuiciamiento Criminal, y la reorganización de los Cuerpos y Fuerzas de Orden Público.
Cualquier parecido entre los dirigentes de la UCD (Suárez, Calvo Sotelo, Martín Villa...) incluso de Alianza Popular (Fraga Iribarne), con los del PP actual, es pura fantasía. Al igual que entre los dirigentes del PCE de entonces (Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri, Jordi Solé Tura...) y los actuales dirigentes del PCE (IU) y Podemos, reconvertidos, desde un ultraizquierdismo rabioso de salón y feroces críticos de los Pactos de la Moncloa (1977) en ardientes combatientes de la Constitución (1978), con un malabarismo sonrojante. ¡Paradojas de la vida!
La derecha tiene un Plan
Es necesario insistir que el PP, más allá de los giros programáticos o de la ineptitud de sus dirigentes, tiene un Plan Estratégico de fondo.
Un ideario irredento que jamás tolerará convivir con sus adversarios, ni desde el poder, compartiéndolo, ni desde la oposición, aceptando su legitimidad. Nada de concesiones, transacciones, pactos o negociaciones que no sea sobre la aceptación de su proyecto.
La derecha tiene un Plan, una hoja de ruta precisa que persigue la implantación duradera de un modelo de maltusianismo social, garantizado por un Estado mínimo, bajo los auspicios de una Europa neoliberal que camina en la misma dirección.
La estrategia es clara: laminar la legitimidad de las fuerzas de progreso, como paso previo a su inevitable condena.
Hay una innegable conexión entre la creciente fascistización del discurso político conservador y su pretensión a la eliminación radical de los atributos públicos y sociales del Estado
Hay una innegable conexión entre la creciente fascistización del discurso político conservador y su pretensión a la eliminación radical de los atributos públicos y sociales del Estado. Es clave, para ello, la des-socialización de la esfera pública y las servidumbres del mundo del trabajo a la dictadura de un mercado emancipado de la política democrática. En otras palabras, descalificar al estado social y descentralizado como un ente caro, desvertebrado y “enrojecido”´.
El objetivo no es otro que emanciparlo de las (supuestas) servidumbres de “los nacionalismos periféricos” y de su sustancia garantista. Un retorno al centralismo que encuentra acomodo en los dogmas y tradiciones de la España nacional-católica.
Parece evidente que el sustrato fascista ha ganado influencia en el PP, dejando de ser más o menos residual a convertirse en moneda corriente. Es el precio de competir con Vox por el mismo electorado.
Y la izquierda, ¿tiene un plan alternativo que no se agote en el enunciado publicitario de unos nuevos Pactos de la Moncloa, como un mantra repetido hasta la saciedad? Con estas derechas, insistir en ellos es golpear en hierro frío.
Apostar por un nuevo modelo económico, social y medioambiental
El mundo de hoy poco tendrá que ver con el mundo de mañana. Es de temer que bajo el pretexto de la crisis no se produzca una alteración significativa del estatus quo previo a la pandemia: el predominio abusivo y especulativo del sistema financiero y de una economía basada en el sector terciario, basado en el turismo y la construcción, junto a una baja intensidad productiva e industrial y un sector agrícola en un declive imparable.
Ello provocaría el incremento de unos niveles de desigualdad social y desempleo crecientes, y una precarización laboral y empobrecimiento vital generalizado, particularmente entre los más jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, aún en peores condiciones que antes.
Tampoco sería descartable que la salud, la enseñanza y la asistencia social públicos, recortadas y privatizadas a destajo por las derechas en la pasada década en beneficio de las grandes empresas, eviten o reduzcan las tragedias de nuevas pandemias, si no se produce una ampliación sustantiva, radical, de estos servicios y una gestión pública de los mismos.
Por ello, no basta anunciar la apuesta por la ciencia, la investigación y el fomento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, si ello no va vinculado a un nuevo modelo global de crecimiento y de desarrollo más justo, más solidario, más igualitario y más sostenible.
En ningún caso, la emergencia puede ser la puerta trasera para alimentar los virus de un control social absoluto y arbitrario y desmantelar los poderes legítimos.
Hay una exigencia social y política urgente: Construir nuevos consensos en torno al reforzamiento y la ampliación del Estado Social de Derecho, que supere las amputaciones del pasado, y garantizar la sostenibilidad medioambiental de ese nuevo modelo de desarrollo.
Sobran las conductas individualistas egoístas y agresivas, las fake news potenciadas por una derecha insaciable, el lado oscuro del confinamiento, en contraste con la capacidad de sacrificio del personal sanitario, transportistas, cuidadores/as...y de la gente recluida, la inmensa mayoría, que baila y canta Resistiré desde las ventanas.
Javier Terriente Quesada es militante de izquierda y activo participante en la lucha por las libertades y la democracia.
