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Mari Carmen Pérez en una imagen de archivo. indegranada

El Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Granada ha presentado una moción para su debate en el pleno de septiembre en la que reclama que la institución reclame a la Junta de Andalucía "medidas inmediatas que aseguren una educación pública, inclusiva y de calidad para los menores neurodiversos y con necesidades educativas especiales". Esta acción responde, según la formación, a "los nuevos recortes impulsados por el gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, que perjudican enormemente a este colectivo vulnerable al inicio del curso escolar 2025/2026".

La iniciativa surge tras reuniones con la plataforma ciudadana "Inclusión sin Excusas" y se hace eco de la "profunda preocupación" de numerosas familias. "Desde el comienzo del curso, estas familias han visto cómo se vulneran derechos fundamentales como la igualdad, la educación y la inclusión de sus hijos e hijas", ha apuntado la formación en una nota de prensa en la que advierte de que "la situación se ha vuelto inadmisible, especialmente por el grave perjuicio ocasionado por el nuevo convenio de colaboración firmado el pasado 2 de septiembre entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la Federación Autismo Andalucía".

Izquierda Unida ha denunciado que este nuevo acuerdo discrimina de forma particular a los menores con Trastorno del Espectro Autista (TEA), privándolos de un recurso crucial para su adaptación e inclusión como es la figura del Asistente en el aula o "Maestro/a Sombra". La formación ha advertido, en línea con lo expresado por las familias, que la pérdida de esta figura de referencia, de las rutinas y de los apoyos escolares puede tener "consecuencias profundas y muy graves" en el desarrollo psicoevolutivo de los menores. Se trata de efectos clínicamente probados que pueden llevar al aislamiento, al rechazo por parte de sus compañeros y a una mayor vulnerabilidad frente al acoso escolar.

El texto de la moción expone que el convenio presenta graves deficiencias que lo convierten en un "parche temporal en lugar de una solución estructural y estable". Entre sus puntos más críticos, se señala que el acuerdo tiene una duración máxima de dos años y no ofrece garantías de continuidad y que solo garantiza el recurso para el alumnado que ya disponía de él el curso anterior, dejando fuera a los nuevos diagnósticos en una clara "exclusión discriminatoria".

Además, se expone que modelo se basa en un voluntariado no regulado, sin remuneración ni contrato estable, lo que provoca "una alarmante falta de cualificación profesional y de garantías para el alumnado"; que el convenio no contempla una dotación económica directa para las asociaciones, forzando a que las familias sigan asumiendo responsabilidades que corresponden por ley a la administración autonómica, vulnerando los principios de igualdad y gratuidad de la enseñanza pública. El grupo provincial expone que las tareas del "Maestro Sombra" sean asumidas por otro personal de apoyo (PTIS, PT, AL) que ya tiene sus funciones delimitadas y se encuentra "sobrecargado por la falta de recursos". 

La moción reclama la aplicación urgente e igualitaria de los proyectos en todas las provincias andaluzas y que se escuche a las familias y plataformas en la comisión de seguimiento; se exige la creación de Aulas Abiertas con personal cualificado y una distribución equitativa de los apoyos y demanda la incorporación de una figura de Asistencia Personal, como ya existe en otras comunidades, y que esta no finalice al cumplir los 18 años, sino que continúe en la vida adulta para favorecer la integración social y laboral.

 "Izquierda Unida no va a permitir que la Junta dé la espalda a las familias y a los niños y las niñas que más apoyo necesitan. La inclusión no puede depender de convenios temporales ni del esfuerzo económico de los padres y madres; es una obligación legal y moral de las instituciones públicas”

Como ha señalado Mari Carmen Pérez, "Izquierda Unida no va a permitir que la Junta dé la espalda a las familias y a los niños y las niñas que más apoyo necesitan. La inclusión no puede depender de convenios temporales ni del esfuerzo económico de los padres y madres; es una obligación legal y moral de las instituciones públicas”.

Para la formación, es fundamental que se impulsen reformas estructurales a medio y largo plazo para acabar con la inestabilidad y garantizar la igualdad y la inclusión, reforzando la formación del profesorado en esta materia.  

La formación considera que este servicio público y necesario debe ser "restaurado de forma inminente". Por ello, esta petición será elevada en forma de moción a todos los ayuntamientos de la provincia y a la Diputación Provincial, para que el conjunto de las administraciones se posicione del lado de la infancia y exijan a la Junta de Andalucía los recursos estables y suficientes para asegurar un sistema educativo verdaderamente inclusivo.