El diputado de Unidas Podemos por Andalucía Jesús Fernández ha acompañado a dos integrantes del colectivo de educadoras de la Junta de Andalucía, colectivo con competencias laborales con las niñas y niños de Necesidades Educativas Especiales, para denunciar la puesta en marcha del Decreto 628/2019 de 27 de diciembre de 2019 por el que se extingue la categoría profesional Educador, grupo II, de los centros andaluces.

Las trabajadoras han denunciado que el Gobierno andaluz no ha llevado aún a cabo la creación del grupo de trabajo, acordado en la Subcomisión del 27 de enero de 2022, para ofrecer soluciones a su situación laboral, y exigen la suspensión de la aplicación del decreto hasta que se finalice la negociación y redefinición de su categoría.

Dori Romero y Nina Matas, profesionales de la provincia, han denunciado que "el Gobierno andaluz ha ninguneado la reunión del pasado enero, junto a representantes sindicales, en la que se acordó la organización de un grupo de trabajo para dar soluciones". Según ha explicado, a día de hoy, no han obtenido respuesta por parte de la Consejería de Educación, afectando este problema a más de 270 profesionales fijos y al personal temporal que los sustituye  de toda Andalucía.

Romero ha afeado al Gobierno andaluz que no haya escuchado las demandas del colectivo durante los años de gestión en San Telmo . "No han atendido las demandas, han dado de lado al colectivo de trabajadoras y a las familias que tienen hijos con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo".

El parlamentario Jesús Fernández critica que "Moreno Bonilla ha ignorado las reivindicaciones del colectivo"

Nina Matas, educadora de Granada, ha lamentado por su parte la situación que ya se da en muchos centros escolares, ya que las familias de uno de ellos ha denunciado que, tras tres meses de espera, la vacante de plaza de educador no se ha cubierto. Con ello, ha resaltado "la táctica privatizadora" por la que ha apostado el Gobierno de Juan Manuel Moreno, ya que algunas de las plazas se están cubriendo con profesionales (PTIS) de empresas externas. "Esta situación está afectando al alumnado con necesidades educativas especiales y a sus familias que deben recibir una educación de calidad que el Gobierno no ha facilitado".

El cambio de la designación de la categoría en el VI Convenio Colectivo supuso "el inicio de la inestabilidad" del colectivo. Tal y como Romero y Matas han explicado, en esa época se propuso un cambio en el ámbito de actuación de la categoría Educador (2060), para formar parte de los equipos de orientación de los institutos. Pero, según han lamentado, este cambio no se produjo nunca. “Según el Decreto 628 la transformación de las plazas vacantes, de Educador, en Personal Técnico de Integración Social, supondría la desaparición paulatina de nuestra categoría. Las compañeras educadoras que están cubriendo sustituciones, como es mi caso, estamos realizando funciones asistenciales, en los centros que así lo requieren y con el alumnado más dependiente, por lo tanto no tiene sentido que el decreto haga referencia a este aspecto y lo argumente como el que da pie a nuestra extinción"..

Con todo ello, el parlamentario granadino Jesús Fernández ha remarcado que "Moreno Bonilla ha ignorado las reivindicaciones del colectivo" y ha exigido que "se escuche las demandas de las profesionales y valore su experiencia y compromiso porque se merece una estabilidad y una certidumbre laboral que actualmente no tienen".