La Junta de Andalucía se ha reservado el derecho a prescindir de la evaluación de impacto ambiental en los proyectos que se financien con cargos a los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia. Así se recoge en una de las disposiciones adicionales del Decreto-ley con medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Fue presentado por el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, en Consejo de Gobierno el pasado 16 de febrero, publicado el 22 de febrero en BOJA y ratificado dos días más tarde por el Parlamento con los votos de PP, Ciudadanos y Vox.

disposicionadicionaltercera.jpg

Exactamente, lo que plantea la disposición final tercera del decreto-ley es que "el Consejo de Gobierno, a propuesta del órgano sustantivo, en circunstancias excepcionales y mediante acuerdo motivado, podrá excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto". 

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido a la Junta de Andalucía una "rápida rectificación" de la modificación que permite excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental.

"Así no... Confío en una rápida rectificación de la Junta de Andalucía", escribió este domingo la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en una publicación en su cuenta de Twitter.

Ribera recordó al respecto que una de las condiciones de accesos a los fondos europeos "es, precisamente, demostrar que su aplicación no genera daño ambiental".

"Sin medio ambiente no hay progreso. Es más, una de las condiciones de acceso a fondos europeos es, precisamente, demostrar que su aplicación no genera daño ambiental", ha publicado la ministra.

La Junta justificó el decreto-ley en la necesidad de una "ejecución eficaz" de los fondos

"El volumen de recursos económicos que debe llegar a Andalucía procedente de Europa para reactivar la economía obliga al Gobierno autonómico a establecer actuaciones que permitan una ejecución eficaz de esos fondos y faciliten la puesta en marcha de los distintos proyectos, con el fin de absorber la financiación asignada". Así justificó la Junta de Andalucía el decreto-ley aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 16 de febrero con "medidas de agilización administrativa y racionalización de recursos para el impulso de la recuperación y resiliencia en el ámbito de la comunidad autónoma y que afectará a los fondos Next Generation y al marco financiero plurianual para 2014-2020 (que se extiende hasta 2023)".

Según explicó entonces la Junta, "son las líneas estratégicas que se persiguen con este decreto ley, cuya urgencia está justificada para responder con la mayor rapidez a las exigencias que conllevará la gestión de los proyectos financiados con fondos europeos".

Los principales objetivos, agregó, "serán simplificar la normativa para lograr la tramitación urgente y prioritaria de estas actuaciones, agilizar en la medida de lo posible los procedimientos de programación, presupuestación, gestión, ejecución y control de las iniciativas, y optimizar y racionalizar al máximo los recursos de la Administración para aumentar su eficacia".

"El Gobierno andaluz afronta una nueva etapa en el ansiado camino de la recuperación, un paso crucial que debemos dar con las máximas garantías y perfectamente preparados a todos los niveles: normativo, administrativo, y también en lo que implica para el desempeño de nuestros empleados públicos", explicó el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo.

El consejero señaló que "debemos ser capaces de gestionar, destinar y emplear con más agilidad que nunca todos los recursos de los que vamos a disponer. Si la eficiencia y la eficacia han sido, desde la llegada de este Ejecutivo hace dos años, una máxima a seguir, ahora pasa a ser un objetivo trascendental".

Según la información que distribuyó entonces la Junta, el decreto ley recoge medidas que contribuyen a dotar de mayor agilidad la tramitación de esos proyectos, estableciendo uniformidad para la gestión de los fondos europeos. En este sentido, "resulta necesario establecer una estructura de coordinación que supervise el proceso de gestión y ejecución y que tenga capacidad para establecer alertas tempranas ante posibles eventualidades, sin renunciar a herramientas de control eficientes".

Así, agregó, "se crea la Dirección General de Contratación, dependiente de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, que será la encargada de esta función de impulso, seguimiento y control de los contratos que se financien con estos fondos, y que estará apoyada por la Oficina Técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos como unidad administrativa técnica especializada".

En el ámbito de las subvenciones relacionadas con el uso de los fondos europeos, "se simplifica su tramitación y se prioriza el régimen de justificación de las mismas a través de módulos estrechamente ligados a los objetivos de las actuaciones subvencionadas. Asimismo, se simplifica la documentación que tienen que presentar las personas o entidades beneficiarias".

Además, "se pretende fomentar la tramitación electrónica a través de sistemas de adhesión a convenios de colaboración social con colegios profesionales, organizaciones sociales, económicas, laborales o empresariales y con empresas, distribuidos en todo el territorio andaluz, para la solicitud y presentación de subvenciones. Esto permitirá una mayor proximidad a la ciudadanía, favoreciendo la captación y canalización de proyectos estratégicos, e impulsando la telematización y evitando desplazamientos innecesarios".

El decreto ley recoge, en materia de convenios, "la adopción de medidas de simplificación y agilización en la tramitación de los mismos, así como la prolongación de su duración vinculada a la de los proyectos que los justifican. Además, prevé la posibilidad de pagos anticipados por operaciones preparatorias, hasta el límite máximo del 50% del total a percibir".

En materia de gestión de personal, "se prevén las acciones necesarias para reorganizar los efectivos en función de las necesidades de personal relacionadas con la ejecución de proyectos. Además, se reconoce la posibilidad de retribución extraordinaria por consecución de objetivos mediante productividad u otras retribuciones variables".