Moreno sigue a Ayuso y recurre ante el TC el impuesto estatal a las grandes fortunas
El Gobierno andaluz ha acordado este martes interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (Itsgf) establecido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el que además solicita la suspensión cautelar del mismo hasta que se produzca una sentencia definitiva.
La consejera ha indicado que cerca de 1.000 personas en Andalucía tendrían que pagar el nuevo Impuesto de solidaridad (afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros), frente a las 19.000 personas que pagaban el impuesto de patrimonio en esta comunidad
De esta forma, el Gobierno de Juan Manuel Moreno sigue los pasos del de Isabel Díaz Ayuso, que anunció su recurso el pasado 3 de enero, en el que pedía la suspensión cautelar
El recurso lo ha anunciado la consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha dado luz verde a la interposición del recurso de inconstitucionalidad.
Ha indicado que la Junta ha decidido recurrir este "mal llamado" Impuesto de solidaridad porque su establecimiento por parte del Ejecutivo nacional fue una respuesta a la decisión del Gobierno andaluz de bonificar al cien por cien el impuesto de patrimonio en esta comunidad."Este impuesto va contra la política tributaria de la Junta de Andalucía", ha indicado la consejera, para quien estamos ante un claro "ataque a la autonomía fiscal y financiera" de esta comunidad.
Los tres argumentos fundamentales en los que se basa el recurso ante el TC, según ha añadido, son que el Impuesto de solidaridad supone una "invasión de las competencias normativas de la comunidad", recogidas en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía andaluz y en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (Lofca); una "vulneración" del artículo 23 de la Carta Magna en cuanto al procedimiento para aprobar este impuestos, que se ha hecho a través de una "enmienda a una ley por la que se creaban otros dos impuestos", y una vulneración del principio de seguridad jurídica recogido en la Constitución.
La consejera ha indicado que cerca de 1.000 personas en Andalucía tendrían que pagar el nuevo Impuesto de solidaridad (afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros), frente a las 19.000 personas que pagaban el impuesto de patrimonio en esta comunidad. Ha indicado que a la Junta no le preocupa "tanto la recaudación" como la invasión de competencias y el "efecto huida".
Ha alertado de que este Impuesto de solidaridad "contra" Andalucía "ahuyenta la inversión y frena el crecimiento económico", "porque las grandes fortunas y los inversores se pueden ir a otros países de nuestro entorno en los que no existe".
