El Grupo Parlamentario Socialista de Granada ha denunciado que la nueva orden de la Junta de Andalucía crea “inseguridad jurídica” a los centros de día de discapacidad de la provincia, ya que “no concreta si pueden volver a reabrir”.

“Hemos pasado de una orden mala para los centros a una mala orden, ya que no rectifica ni da seguridad jurídica a las entidades ante una reapertura de sus centros”, ha señalado el parlamentario andaluz Juan José Martín Arcos quien ha anunciado que el Grupo Socialista va a presentar en el Parlamento andaluz una iniciativa para que el Gobierno andaluz rectifique para contar con una normativa “por escrito, clara y concisa”.

El parlamentario socialista ha subrayado que las exigencias planteadas por las autoridades sanitarias han supuesto un incremento importante de gastos imprevistos para adaptar todas las instalaciones y adquirir equipos de protección necesarios

Tras mantener un encuentro con entidades granadinas del ámbito de la discapacidad, en el que también han participado otras representantes socialistas como Elvira Ramón, María José Sánchez Rubio, Olga Manzano y Olvido de la Rosa, ha mostrado su rechazo a esta nueva orden que “nada esclarece” y en la que, aunque desaparece la ratio de 70 contagios por cada 100.000 habitantes -acumulados durante 14 días- en el municipio donde esté ubicado el centro como requisito para su cierre, las instrucciones del distrito sanitario coordinado por la enfermera gestora de casos se siguen apoyando en ese criterio.

Por tanto, la Junta “sigue sin resolver el problema, además de cargar toda la responsabilidad sobre la dirección de los centros, la nueva orden ha generado más inquietud al no unificar criterios para decretar el cierre de un centro y sin respaldo jurídico alguno para las entidades”.

El parlamentario socialista ha subrayado que las exigencias planteadas por las autoridades sanitarias han supuesto un incremento importante de gastos imprevistos para adaptar todas las instalaciones y adquirir equipos de protección necesarios.

“Pedimos al Gobierno de Moreno Bonilla que garantice las condiciones de atención a los colectivos más vulnerables y ayude económicamente al sostenimiento de unos gastos imprevistos que están llevando a las asociaciones a una situación financiera desesperada”, ha expuesto.

Martín Arcos ha incidido en que la reapertura de los centros se debe producir con las “máximas garantías, tanto en seguridad y salud para usuarios y familiares como de seguridad jurídica para los más de 90 centros de mayores y discapacidad que hay en la provincia.

“Son más de 2.900 familias las que necesitan estos centros de atención especializada puesto que precisan de atención y unos cuidados que en sus casas no reciben”, ha dicho.

Por su parte, la parlamentaria andaluza María José Sánchez Rubio ha dicho que “medidas como ésta vulnera la convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad al considerar, con una actitud paternalista, que una persona con discapacidad es una persona enferma, las normas se tienen que ajustar a la situación individual de cada una de las personas. El cierre de los centros de día con carácter general vulneraría esos derechos.”

“Es una decisión tomada a espaldas de usuarios, familias y profesionales, que ataca los derechos de las personas con discapacidad que a diario están sufriendo la falta de apoyo y apuesta de un Gobierno andaluz que está usando la pandemia como coartada para recortar derechos a las personas con discapacidad, recortar ayudar económicas al mantenimiento de las asociaciones o no respetar la cuota de reserva del empleo público, excluyendo al citado colectivo de las convocatorias públicas”, ha puntualizado.

Por todo ello, ha reclamado a la Junta que “facilite y permita la apertura de estos centros tan importantes para familias y usuarios, que necesitan de cuidados especiales, atención especializada y tratamientos que no se deberían paralizar en caso de que no exista más justificación que la de dar la espalda y no ser capaces de asumir responsabilidades”.