El empresario Ramón Arenas, que destapó las irregularidades que han derivado en la investigación de una presunta trama urbanística en Granada durante los gobiernos del PP, ha registrado un escrito en el Juzgado que instruye el caso, el número 2 de Granada, en el que cuestiona la última documentación aportada por el área municipal de Urbanismo y traslada a la jueza los obstáculos que, según destaca, está encontrando en esa Concejalía para acceder a información sobre los expedientes que le perjudicaron. Le pide que inste al Consistorio a concluir los expedientes y a aportar "en su integridad" los documentos e informes.

En el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, el empresario advierte que ha detectado "una dejación de funciones que una vez más vienen a dejar al descubierto la forma de proceder del Área de Urbanismo donde se podría estar beneficiando a alguien en particular en detrimento de los intereses municipales  y lo que sería más grave, presentar documentación incompleta tratando de desvirtuar las pruebas fehacientes de la comisión de un presunto delito".

Parte la argumentación del empresario de la última documentación aportada por Urbanismo sobre un expediente relacionado con la manzana del Pabellón Mulhacén. Se trata del expediente contradictorio del contrato de la concesión administrativa, que según el Ayuntamiento no llegó a concluirse porque se consideró que ya se había hecho mediante un decreto de octubre de 2014. Esa afirmación es "incorrecta", apunta el empresario que se pregunta cómo se puede afirmar que el fin al procedimiento lo pone un decreto de octubre de 2014 cuando hay un dictamen jurídico, un informe y un decreto firmado por la concejala (Isabel Nieto), con fecha posterior, en diciembre de ese año. Y este último decreto, "nada tiene que ver" con el anterior, al requerir una "justificación pormenorizada" de los ingresos y gastos de la concesión a Fontdeis -la empresa de Roberto García Arrabal-. 

Apunta al respecto que ha solicitado información sobre el cumplimiento de ese último decreto y, por tanto, la justificación que presentó Fontdeis. Lo que recibe -según aclara- no se corresponde con la información que debió aportar la concesionaria. Es decir, no hay una justificación de esos ingresos y gastos que se le requirieron en su día.

"Esta parte se sorprende cuando resulta que reiteramos peticiones de documentación a Urbanismo y que siempre se nos entrega, en el mejor de los casos parcialmente, y la excusa para no entregarnos dicha documentación siempre es la misma, o que no la encuentran o que dichos expedientes se encuentran requisados por la UDEF, y reiteramos nuestra sorpresa cuando los investigados no tiene problema para que se les traslade con extrema facilidad copia de los expedientes y se aporten en este juzgado, cuando tanto la UDEF como esta parte no goza del mismo privilegio".

En este punto llega a referir que en el contencioso que mantiene contra el Ayuntamiento, dos funcionarios -que cita- han aportado "pruebas falsas" y que en el momento procesal oportuno, como está haciendo con este escrito, "lo pondremos en conocimiento". Y se pregunta también "dónde está la labor inspectora y el deber de seguimiento de los funcionarios de Urbanismo sobre ese expediente". Pues, como señala, tras el citado decreto de diciembre de 2014, "no existe ningún procedimiento de control de la justificación económica requerida". 

"Esta parte se vuelve a preguntar tal y como manifesté en mi declaración el día 01/02/2017, cuál es el papel del Ayuntamiento de Granada en el presente procedimiento, si como acusación o como defensa", concluye para rechazar "la interferencia constante que se pretende en los trámites administrativos pendientes en cada caso" y para recordar el deber "inexcusable" de "colaboración leal" con la Administración de Justicia. Le pide por ello un pronunciamento expreso a la jueza para reclamar al Ayuntameinto la necesidad de concluir los expedientes, "pues ello es la forma de contribuir al esclarecimiento y concreción de las responsabilidades tanto penales como civiles desde la propia Administración municipal competente".