'Sobre la deriva del modelo universitario andaluz'

El pasado 14 de febrero, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó dos nuevas universidades privadas: la CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED), por lo que, si el Parlamento Andaluz lo ratifica (que será lo más probable dada la mayoría absoluta del PP) estas dos instituciones se añadirán a las once ya existentes.
Esta decisión ha provocado el rechazo unánime de los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas, pues supone un claro cambio de paradigma en el modelo universitario andaluz, que deja de entenderse como un bien de interés general y social para concebirse como un modelo especulativo de negocio.
¿Qué hay detrás de esta decisión? Es evidente que no hay razón alguna para crear duplicidad en la oferta de titulaciones ya existente y que, si se detectan son nuevas necesidades formativas, no hay razón alguna para no implementarlas desde el sistema público que es el más solvente y el único capaz de hacerlas llegar a toda la ciudadanía. Por tanto, de lo que se trata (y lo que aquí se denuncia) es de anteponer la especulación al bien común.
Desde que los fondos de inversión de capital de riesgo conocidos como “fondos buitre” han puesto el ojo en la universidad española, han saltado todas las alarmas
Desde que los fondos de inversión de capital de riesgo conocidos como “fondos buitre” han puesto el ojo en la universidad española, han saltado todas las alarmas. Ilustramos la situación con una de las universidades que se pretenden incorporar a la red andaluza: UTAMED. Dicha universidad constituida en 2021, fue promovida en sus inicios por MEDAC, una empresa de nueva creación liderada por Javier Imbroda (quien fuese miembro del anterior gobierno de Moreno Bonilla). En 2018, el 51% de las acciones de dicha empresa fueron vendidas (unas cuantas semanas antes de que Imbroda se convertiese en consejero de la Junta de Andalucía) por 15 millones de euros al fondo Queka Real Partners, siendo comprada tres años después el por la compañía por fondo estadounidense KKR por 200 millones de euros. Esto ha supuesto añadir en un tiempo récord un cero al contador de beneficios del negocio iniciado por MEDAC que, tras obtener luz verde gracias al PP para convertirse en una universidad más de la red, vende por 200 millones de euros una empresa cuyo valor era de 30 millones solo 36 meses antes. A la vista queda la rentabilidad económica de la educación superior como nicho de especulación al servicio del enriquecimiento privado.
La tramitación del proyecto de ley necesario para la aprobación de dicha universidad obtuvo hace un año el beneplácito del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pese a los rotundos informes negativos de la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente del Ministerio de Universidades, la Dirección de Evaluación Académica de la Junta de Andalucía (DEVA) y el Consejo Andaluz de Universidades (CAU), que si bien no son vinculantes sí que son preceptivos para salvaguarda de la calidad del sistema. Podemos decir en consecuencia que dicha universidad no ha pasado ningún filtro académico.
En el marco del negocio de las universidades privadas, al suculento beneficio lucrativo hay que añadir la gran influencia social (derivada de sustentar el negocio sobre algo tan noble como es la educación superior), el acceso a bienes y fuentes de financiación externa (por cesión de terrenos a los centros educativos, subvenciones, etc.) y la capacidad de elegir con criterios propios (como corresponde a una entidad privada) a los futuros titulados superiores del país.
Ante el desaguisado de poner (por primera vez en la historia) el sistema universitario andaluz al servicio de los “fondos buitre”, el 15 de febrero de 2022 los rectores y rectoras de todas las universidades públicas andaluzas emitieron un comunicado conjunto manifestándose en contra de la apertura de las universidades UTAMED y Fernando III en Andalucía
Ante el desaguisado de poner (por primera vez en la historia) el sistema universitario andaluz al servicio de los “fondos buitre”, el 15 de febrero de 2022 los rectores y rectoras de todas las universidades públicas andaluzas emitieron un comunicado conjunto manifestándose en contra de la apertura de las universidades UTAMED y Fernando III en Andalucía. Justificaban este posicionamiento por la necesidad de “exigir a estas instituciones los mismos estrictos requisitos de calidad que se demandan a las universidades públicas andaluzas” apelando además al “necesario fortalecimiento de las universidades públicas andaluzas” para que dichas entidades puedan continuar siendo “una fuente de progreso ara sus respectivos territorios y el principal agente de ascenso social y bienestar de la ciudadanía”.
Frente a este apoyo del PP a universidades privadas de este tipo, conviene recordar el desacuerdo de la comunidad universitaria andaluza con modelo de financiación del primer gobierno de Moreno Bonilla, lastrado por los recortes presupuestarios (más de 135 millones de euros en plena pandemia) y la carencia de un modelo de universidad razonable, dotado de una financiación plurianual que diese certidumbre y estabilidad al sistema. Todo ello quedó plasmado en los múltiples manifiestos de repulsa firmados por todos los rectores y rectoras de las universidades públicas andaluzas.
El actual consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, fue uno de los firmantes de estos comunicados en calidad de rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la CRUE
El actual consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, fue uno de los firmantes de estos comunicados en calidad de rector de la Universidad de Córdoba y presidente de la CRUE. Por aquel entonces, defendía con fervor una “universidad de calidad, basada en su labor investigadora” frente a otros modelos “que obedecen a intereses de fondos de inversión”, manifestando en otras entrevistas (véase El Día de Córdoba del 28/07/2019) que “las universidades privadas que están dentro de la CRUE cumplen los estándares de calidad. El diálogo es el mismo y hablamos el mismo idioma. E insisto, no es cuestión de más o menos universidades, sino de universidades que realmente tengan esa calidad y que no se engañe al ciudadano con universidades en las que no se realiza actividad investigadora. Una universidad en la que no se realiza investigación no es una universidad, es otra cosa”.
Decía Luis de Camões que “mudam-se os tempos, mudam-se as voluntades” y está por ver hasta qué punto el actual consejero de Universidad, Ciencia e Innovación de la Junta de Andalucía se alinea, con los que hasta hace unos meses fueron sus compañeros de la CRUE (siendo él representante de todos ellos) en el nuevo comunicado de rechazo unánime que acaban de emitir con fecha el con fecha 15-02-2023, en el que se reafirman en sus posiciones.
Las políticas del PP a la vista quedan: desmantelamiento de lo público, privatización y especulación
Las políticas del PP a la vista quedan: desmantelamiento de lo público, privatización y especulación. El modus operandi del gobierno de moreno Bonilla es copia del que se aplica en otras comunidades gobernadas por el PP. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid (que cuenta con seis universidades públicas) la Asamblea de Madrid aprobó en febrero de 2022 la decimotercera universidad privada la (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología) ligada igualmente a fondos buitre y con todos los informes preceptivos en contra: el del Ministerio de Universidades, el de la Consejería de Ciencia, el del Consejo Universitario de Madrid (con decisión unánime de todas las entidades) y la Fundación Madri+d.
Convertir la educación universitaria en un negocio especulador es atentar contra el interés social.
Que la primera medida relevante de la consejería de José Carlos Villamandos sea la implantación de universidades que “no dan la talla” es lamentable y preocupante
Afirmaba en el Congreso de los Diputados el actual consejero José Carlos Gómez Villamandos, entonces presidente de la CRUE que “el sistema universitario público español está cerca del colapso por la pérdida de financiación acumulada en los últimos años”. Justamente por ello, que la primera medida relevante de su consejería sea la implantación de universidades que “no dan la talla” es lamentable y preocupante. En consecuencia, se insta al consejero de Universidad, Ciencia e Innovación a que atienda las demandas de rectificación que los rectores y rectoras andaluces hacen en todos y cada uno de sus comunicados, y que hasta hace tan solo unos meses fueron las suyas propias.
En sus manos queda no dar lugar a que quien ha tenido el privilegio de estar al frente de una universidad tan excelente como la Córdoba, pase a ser quien añada dos universidades que no cuentan con los avales de calidad exigibles y deseables a la red pública andaluza.