'Sobre la Universidad Pública en Andalucía'
Andalucía cuenta en la actualidad con diez universidades públicas: las universidades de Sevilla y de Granada (fundadas en 1505 y 1531, respectivamente), las de Córdoba, Málaga y Cádiz (creadas en la década de los setenta), las de Almería, Huelva, Jaén (constituidas en 1993), la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (1997) y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) fundada en 2013.
Que cada capital andaluza disponga de su propia universidad ha tenido grandes repercusiones tanto para la formación de la ciudadanía como para el desarrollo socioeconómico de las provincias donde se ubican, esto es, de todo el territorio andaluz.
Para los abuelos (y ni decir las abuelas) de una parte considerable de los andaluces con titulación superior de hoy día, el acceso a la universidad fue una quimera: un sueño inalcanzable para sí mismos que, para mayor éxito de su proyecto vital, se hizo realidad en sus nietos y nietas, convertidos en los primeros titulados superiores de sus familias
El papel desempeñado por las universidades públicas andaluzas en su rol educativo se constata claramente en el aumento continuo del porcentaje de población andaluza que dispone de una titulación superior (que ha pasado del 2,7% en 1977 al 31% en 2010). En 2020, dicho porcentaje sube al 39,7% superando, por primera vez, al de población con estudios básicos, que cae al 37,1%. En la ratio de titulados superiores de Andalucía, al igual que la calidad de su formación, está a la altura de los países europeos más desarrollados, lo que es especialmente loable viniendo de dónde venimos: en los años setenta, en torno al 80 % de la población andaluza tenía, como mucho, estudios primarios. Procede recordar que en los años sesenta, el 25% de la población andaluza era analfabeta (la media española se situaba en el 14%). Por ello, para los abuelos (y ni decir las abuelas) de una parte considerable de los andaluces con titulación superior de hoy día, el acceso a la universidad fue una quimera: un sueño inalcanzable para sí mismos que, para mayor éxito de su proyecto vital, se hizo realidad en sus nietos y nietas, convertidos en los primeros titulados superiores de sus familias. Ese es el llamado ascensor social. La fuente de energía que lo hace funcionar reside en el carácter social de las políticas gubernamentales. En consecuencia, en ausencia de estas, el motor del ascensor se gripa y, paradójicamente, esto pudiera ocurrir en épocas aparentemente más avanzadas que otras en las que sí funcionaba. En dicho caso, el retroceso de las clases sociales más afectadas, terminaría por ser el de la sociedad en su conjunto, por los problemas que se pudieran derivar de la brecha social generada.
En cuanto al papel de las universidades públicas como agentes dinamizadores de sus territorios, se han de tener en cuenta los más de 30.000 puestos de trabajo que generan para dar servicio a más de 240.000 alumnos, lo que produce un retorno que se estima entre cinco y siete euros, por cada euro invertido en el sistema, según recientes estudios. De ahí que se afirme que la educación superior no es un gasto sino una inversión. Y más allá de ello, se ha de prestar especial atención al potencial de la universidad como vector transformador y modernizador de la economía andaluza.
En la actualidad, Andalucía cuenta con diez Parques Tecnológicos estrechamente vinculados a las universidades públicas, en los que se ubican más de 1.550 empresas punteras que emplean a más de 53.000 trabajadores
En épocas preautonómicas, la escasa industrialización hizo de la emigración un rasgo característico de Andalucía. Posteriormente, los gobiernos socialistas se esforzaron considerablemente por renovar la economía andaluza apostando por la innovación, como quedó plasmado por ejemplo en el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía (en 2005) o en la creación de la Agencia Andaluza del Conocimiento (en 2007). En la actualidad, Andalucía cuenta con diez Parques Tecnológicos estrechamente vinculados a las universidades públicas, en los que se ubican más de 1.550 empresas punteras que emplean a más de 53.000 trabajadores. Estos ecosistemas de la innovación constituyen el espacio de encuentro entre las universidades y centros de investigación con el mundo empresarial, para la transferencia de conocimiento al sector productivo. Por tanto, son de capital importancia máxime teniendo presente la aprobación por parte del Consejo Europeo, en julio de 2020, del Plan Next Generation-EU (dotado con 750.000 millones de euros) que identifica la generación y transmisión del conocimiento como eje central del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
A pesar de que la necesidad de apostar por la universidad pública debiera estar fuera de toda duda, hay hechos que señalan que, en Andalucía, actualmente hay un gran déficit político en esta dirección.
En materia de financiación, en 2019, el gobierno de la Junta de Andalucía, en lugar de inyectar fondos propios suficientes al sistema universitario público, hizo uso de 40 millones de los remanentes no afectados de las universidades para que estas se autofinanciasen con sus ahorros (en buena parte ya comprometidos), deterioro económico conocido como “déficit equilibrado”.
En el presupuesto de 2020, en plena pandemia y ante la necesidad de adaptación de la docencia al modelo virtual, las universidades públicas sufrieron un recorte de 135 millones de euros (un 10% del presupuesto). Todas estas medidas dieron lugar a diversos manifiestos de reprobación unánime de los máximos responsables de las universidades públicas andaluzas, que muchos medios de comunicación llegaron a denominar la “rebelión de los rectores”.
En junio de 2021 se aprobaron las bases del Modelo de Financiación Pública Ordinaria de las universidades públicas andaluzas, y el primer reparto de fondos provocó, de entrada, la dimisión del presidente de la Asociación de Rectores de Universidades Públicas de Andalucía por el "golpe financiero" tanto para su universidad como para otras
En junio de 2021 se aprobaron las bases del Modelo de Financiación Pública Ordinaria de las universidades públicas andaluzas 2022-2026, y el primer reparto de fondos con dicho modelo provocó, de entrada, la dimisión del presidente de la Asociación de Rectores de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), por el “golpe financiero” (en palabras del rector) tanto para su universidad como para otras. La base del descontento nace de la pretensión de reconocer y primar la excelencia (en relación a estándares poco sensibles a las especificidades de cada universidad) y a la vez infrafinanciar el sistema universitario en su conjunto. Este querer “sorber y soplar” simultáneamente ha tenido como resultado el sometimiento de cinco de las diez universidades públicas andaluzas a un régimen presupuestario de “respiración asistida” que sin duda les hará perder competitividad, lo que a su vez derivará en un mayor castigo en los próximos repartos, deteriorándolas aún más.
El desequilibrio del sistema universitario público andaluz provocado por el deficiente modelo de financiación, en las distintas vertientes señaladas, pone de manifiesto el desapego del gobierno de la Junta de Andalucía con la universidad pública y evidencia la carencia de un modelo que contemple planes estratégicos provistos de un horizonte presupuestario plurianual, que no deje atrás a ninguna de las universidades que configuran el sistema.
Todo se agrava con la implantación de dos universidades privadas que no disponen de informes positivos
Todo ello se agrava aún más cuando el gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde el pasado mes de febrero a la implantación de dos universidades privadas que no disponen de informes positivos del propio Consejo Andaluz de Universidades (cabe recordar que en los 36 años de gobiernos socialista sen Andalucía se aprobó solo una universidad privada: la Loyola, ubicada en Sevilla).
Una de estas universidades cuya implantación se ha autorizado (UTAMED), que tampoco cuenta con la aprobación del Ministerio de Universidad, pertenece a un fondo de inversión que absorbió a la empresa que la promovió (MEDAC), fundada por uno de los consejeros del gobierno andaluz de Moreno Bonilla. A la vista de este tipo de actuaciones (reproducido recientemente en Madrid con la Universidad ESNE), cabe preguntarse si determinados gobiernos pudiesen dar barra libre a otras universidades privadas que tampoco dispongan de informe preceptivo alguno que avale su calidad.
Entender la educación superior como un bien social y no como un nicho de especulación constituye el eje central de la propuesta socialista en materia de universidad
Entender la educación superior como un bien social y no como un nicho de especulación constituye el eje central de la propuesta socialista en materia de universidad. Por tanto, apostamos inequívocamente por la universidad pública y de calidad, que cuente con un modelo de desarrollo estratégico, provisto de una planificación plurianual, que articule todo el espacio andaluz de educación superior buscando el fortalecimiento de cada una de las diez universidades públicas que lo conforman, y dotado de una financiación adecuada que garantice la convergencia con la inversión en I+D+i de la media de los países de la Unión Europea.
El deterioro de nuestra universidad pública es el de la sociedad andaluza. Luchemos por ella.
