No descubro nada si afirmo que tenemos un grave problema de vivienda en España, y que la distribución constitucional de competencias en esta materia no ayuda, en las actuales circunstancias, a ofrecer soluciones adecuadas al problema, por más que algunas medidas adoptadas o propuestas por el Gobierno apunten en la, a mi juicio, dirección correcta. Que es, justamente y por decirlo claro desde el principio, la dirección que no desean los grandes propietarios de viviendas o de suelo urbanizable de este país, sean éstos particulares, empresas, fondos buitre o quienes quiera que sean. Y por supuesto, la que tampoco desean, y por eso torpedean cuantas medidas se aplican o proponen, las derechas políticas que gobiernan la mayoría de Comunidades Autónomas del país. Y dicho sea con total claridad, la que tampoco han desarrollado, o no plenamente, de aquí para atrás, la mayoría de otras administraciones gobernadas por las izquierdas.

Dicha dirección correcta, aplicada con éxito en otras latitudes, es lisa y llanamente, seguir interviniendo el mercado de la vivienda y el suelo, pero en lugar de “intervenirlo” a favor de grandes propietarios, como ya lo está, “intervenirlo” a favor de demandantes, inquilinos y posibles futuros compradores de una vivienda, para vivir y no para usarla con otros fines

Dicha dirección correcta, aplicada con éxito en otras latitudes, es lisa y llanamente, seguir interviniendo el mercado de la vivienda y el suelo, pero en lugar de “intervenirlo” a favor de grandes propietarios, como ya lo está, “intervenirlo” a favor de demandantes, inquilinos y posibles futuros compradores de una vivienda, para vivir y no para usarla con otros fines. Parece simple, pero no lo es. Basta leer cualquier noticia o información de cualquier portal inmobiliario, publicación bancaria, editorial “biempensante” de cualquier medio de comunicación escrito u oral o, como en el caso que voy a mencionar, entrevista al presidente de la Junta de Andalucía, el muy suavón señor Moreno Bonilla, para constatar que toda política de vivienda ha de pasar por construir más y más viviendas para que haya muchas y muchas viviendas y así aumente la oferta, disminuya la demanda y baje el precio. Por arte de magia y del sagrado mercado. Cómo si no lleváramos décadas haciendo eso con el resultado sobradamente conocido.

Afirma en reciente entrevista nuestro suavón presidente que “si en Andalucía se necesitan 80.000 viviendas nuevas al año, necesitamos que se construyan 100.000 para que el precio baje”. Y no se despeina. Y añade, para rematar, que “al suelo, que es la materia prima, hay que quitarle burocracia, quitarle costes en impuestos y regulación para que todo el suelo que tengamos a disposición pública y privada salga para promover viviendas. Y en eso es lo que estamos trabajando con una nueva ley de vivienda y un decreto que lo que va a hacer es simplificar al máximo todos los trámites y quitarle la presión fiscal al máximo que podamos para que hacer vivienda sea fácil y más barato”.

Es decir, insistir en el error, profundizar en la brecha de desigualdad en el acceso a la vivienda

Es decir, insistir en el error, profundizar en la brecha de desigualdad en el acceso a la vivienda. Anteriormente me refería a la necesidad de “intervenir” el mercado de la vivienda, pero a favor de demandantes de vivienda e inquilinos. Es decir, limitar el precio de los alquileres, gravar con impuestos, en lugar de suprimirlos, la compra (legítima) de segundas y terceras y ulteriores viviendas, para posibilitar que éstas viviendas en las que no se vive, puedan ser alquiladas a ese precio limitado y no sea “rentable” para los propietarios la acumulación de viviendas sin uso. Se han aplicado medidas similares (esta breve reflexión no da para extenderse, más que para esbozar el planteamiento) en ciudades como Viena y han demostrado viabilidad y solvencia. Evidentemente, no de un día (ni un año) para otro.

Pero el mensaje a lanzar por las autoridades públicas, al contrario de lo que hace Moreno Bonilla, es que es legítimo la adquisición de varias viviendas como bien para no ser usado (cuando se pueden adquirir joyas, por ejemplo), pero que también es legítimo gravar, y fuertemente, esa adquisición por parte de los poderes públicos. Porque la obligación de éstos es procurar que haya vivienda asequible a disposición de quien la necesita para vivir, y hacer que éstas afloren. Y no la de llenar los bolsillos de grandes propietarios que, amparados y protegidos en la propaganda discursiva asfixiante, sólo quieren seguir acumulando viviendas por el hecho de acumularlas y seguir construyendo más y más viviendas, mientras hay un número muy elevado de ellas sin uso.

Es un asunto que da para mucho más y es un debate al que hay que acudir con valentía, sabiendo que el discurso oficial va por otro lado, pero valga esta modesta reflexión para contribuir a ello.