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El Juzgado de Instrucción 6 ya investiga las irregularidades en TG7

Comunicación - IndeGranada - Viernes, 23 de Marzo de 2018
Ha admitido la personación como acusación popular de la concejala de Vamos Granada, Marta Gutiérrez.
Marta Gutiérrez, cuando presentó la denuncia en la Fiscalía.
Vamos Granada
Marta Gutiérrez, cuando presentó la denuncia en la Fiscalía.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha admitido la personación como acusación popular de la concejala de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, en la causa sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios en la televisión municipal de Granada (TG7) durante la etapa de gobierno del PP, informa Europa Press.

La Fiscalía acordó en febrero denunciar los hechos al Juzgado a raíz de la denuncia que presentó Vamos Granada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Lo hizo al entender que el concejal Juan Antonio Fuentes (PP) supuestamente contrató en 2015 servicios complementarios al contrato de grabación que había en TG7 "sin seguir el procedimiento establecido en la Ley de Contratos del Sector Público", sin respaldo presupuestario y eludiendo los controles y la Intervención municipal.

Todo ello podría haber generado un perjuicio económico a las arcas municipales de 864.121 euros, según se desprende de los documentos aportados a las actuaciones, consultados por Europa Press.

Para Marta Gutiérrez que el Juzgado inicie ahora actuaciones "es un paso adelante para que se investiguen, juzguen y diriman responsabilidades".

La formación informa en un comunicado de que también ha presentado una moción al pleno para que el Ayuntamiento se persone en esta causa en defensa del interés público.

Vamos Granada defendió que el Ayuntamiento debía llevar este caso a la justicia desde que, a finales de agosto de 2016, la productora CBM reclamara por la vía judicial más de medio millón de euros en facturas por servicios extraordinarios a TG7 y más tarde se desvelara la presunta "creación de un sistema paralelo e irregular de contratación de la publicidad que no pasó por los órganos de fiscalización del Ayuntamiento por una cantidad superior a los 300.000 euros".