El Sindicato de Periodistas de Andalucía pide a la Junta que dé prioridad a la Ley Audiovisual

Comunicación - IndeGranada - Lunes, 22 de Junio de 2015
La Junta Ejecutiva del sindicato recuerda que la ley, que fue elaborada antes de las elecciones andaluzas con la participación de una treintena de asociaciones del sector, puede ser clave para facilitar las emisoras libres y sin ánimo de lucro que generen empleo. En la Ejecutiva se ha expresado el rechazo a la 'Ley Mordaza' del Gobierno central, que el SPA considera "un grave atentado" a la libertad de información.
Reunión de la Ejecutiva del Sindicato de Periodistas de Andalucía.
SPA
Reunión de la Ejecutiva del Sindicato de Periodistas de Andalucía.

La tramitación de la Ley Audiovisual Andaluza, ya redactada cuando se produjo el adelanto electoral, debe ser "una de las prioridades" del nuevo Gobierno andaluz, que preside Susana Díaz, según la Junta Ejecutiva del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA), que reclama a la Junta que ordene el espectro radioeléctrico andaluz. 

En su última reunión, celebrada el pasado fin de semana, el SPA ha mostrado también su rechazo a la Ley Orgánica de Protección Ciudadana, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, y que supondrá un grave retroceso de las libertades entre ellas el derecho a la información. 

En un comunicado, el SPA reclama que el Gobierno andaluz cumpla con su "promesa", manifestada públicamente por Manuel Jiménez Barrios, consejero de Presidencia, una vez convocadas las elecciones y ratificada durante la campaña electoral por la propia presidenta, Susana Díaz, en el encuentro que mantuvo con el Sindicato de Periodistas de Andalucía poco antes de la jornada electoral. De igual manera, señala el sindicato, "esperamos que con la promulgación de la nueva ley se dé vía libre y facilidades a las emisoras del llamado tercer sector, es decir las radios libres y sin ánimo de lucro, que favorezcan la participación y el derecho a la comunicación de la ciudadanía".

Una ley con la que el sindicato espera que tambiéns se ponga "orden" en el panorama de las emisoras municipales, "sancionando a los alcaldes y alcaldesas que las privatizan" en contra de la ley, "un pago que no debe recaer en las arcas públicas".

El Sindicato de Periodistas de Andalucía propone reactivar las emisoras municipales cerradas bajo "la excusa de que no son rentables económicamente". En este sentido recuerda que es "un servicio público cuya rentabilidad se mide desde el punto de vista social" y con alternativas para reanudar su actividad como ceder su gestión a asociaciones sin ánimo de lucro o cooperativas de trabajadores, que a su juicio deben ser apoyadas por la Junta como parte de su apuesta por el cambio de modelo productivo y la economía social. No obstante, subraya "la importancia" de darle estabilidad a estos trabajadores y de convocar oposiciones para darle a las plantillas de las emisoras municipales la misma relevancia que al resto de áreas.

'Ley Mordaza'

Por otra parte, la Junta Ejecutiva del Sindicato de Periodistas de Andalucía condena y rechaza la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, la llamada 'Ley Mordaza', que pretende "limitar y reprimir" tanto el derecho de la ciudadanía a protestar en las calles como el de los periodistas y fotógrafos a difundir esas protestas en cumplimiento de su obligación profesional. Sancionar con hasta 30.000 euros el uso no autorizado de imágenes de la Policía "criminalizará el trabajo de periodistas, fotógrafos o a todo aquel que grabe cualquier intervención abusiva por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad".

"Estamos ante una ley que cuenta con el rechazo del 82 por ciento de los españoles", según una encuesta reciente de Metroscopia y el rechazo expreso de todos los partidos de la oposición, colectivos ciudadanos y organismos internacionales como el Consejo de Europa, así como de asociaciones, colegios y sindicatos de periodistas, ha recordado el sindicato. Por todo ello, el SPA hace un llamamiento a los profesionales de la Comunicación de Andalucía a manifestar su disconformidad con esta ley que, como declaró la Federación de Sindicatos de Periodistas, constituye una “atrocidad democrática”.