La Comunidad de Madrid rechaza el embargo del legado de Lorca al sostener que goza de la máxima protección
Los fondos que integran el legado de Federico García Lorca gozan de la máxima protección, a pesar de que la tramitación de su declaración como Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid quedó en suspenso el pasado año. Esa es la interpretación de los técnicos de la Comunidad y así se lo han trasladado al Juzgado de lo Social número 29, que embargó los bienes de la Fundación Federico García Lorca para hacer frente a los impagos salariales de varias extrabajadoras.
El Juzgado consideró sin embargo que los bienes son "embargables", precisamente por no haber finalizado la declaración BIC. El procedimiento judicial no obstante sigue abierto y el propio Juzgado ha vuelto a solicitar nueva información a la Comunidad de Madrid, según han informado a El Independiente de Granada fuentes del Ejecutivo madrileño.
En abril de 2016, cuando las negociaciones con la familia estaban prácticamente rotas y la situación económica de la Fundación Lorca hacía temer por la venta de parte de los fondos, la Comunidad de Madrid, con el aval del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sorprendió al iniciar los trámites para proteger el legado declarándolo BIC.
Esos trámites, según admite ahora el Gobierno madrileño, tuvieron que suspenderse. Parte de los fondos estaba fuera de España y no pudieron ser evaluados por los técnicos, según explican las fuentes. En ese escenario y dado que la Ley de Patrimonio madrileña fija un plazo para dictar la resolución, optaron por dejar en suspenso el expediente, una fórmula con la que se trataba de impedir que este caducara.
Mientras eso ocurría, tres extrabajadoras de la Fundación que preside Laura García Lorca emprendían acciones legales para reclamar unos 240.000 euros en salarios atrasados. Y el Juzgado de lo Social entiende que procede el embargo.
"Desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid la protección sigue vigente" y el régimen de protección cautelar que se puso en marcha al iniciar el expediente BIC, aplicable. Así lo volverán a defender ante el juez.
La cámara acorazada del Centro Lorca sigue esperando la llegada del legado. m.rodríguez
Madrid no ha renunciado a que los fondos y archivos que integran el legado de Federico García Lorca sea declarado Bien de Interés Cultural y el objetivo es completar la tramitación del expediente.
Este paso se dio en su día para proteger el legado y evitar que pudiera salir de España. La familia expresó en su momento su malestar con este paso, culpando especialmente a la Secretaría de Estado de Cultura y negando en reiteradas ocasiones que su intención fuese venderlo. También la Junta de Andalucía afeó a Madrid la medida.
El traslado del legado deberá ser notificado en su momento a la Comunidad de Madrid
Esa máxima protección que Madrid quiere otorgar al legado de Lorca convierte a esa Comunidad en otro actor a tener en cuenta ante el ansiado traslado de los fondos al Centro Lorca. No hay intención de obstaculizar ese traslado, aunque en su momento deberá ser "notificado" al Gobierno madrileño.
La noticia del embargo de los bienes de la Fundación Lorca ha cogido por sorpresa a las administraciones que integran el Consorcio. Al menos eso se deduce de sus respuestas a las preguntas de los periodistas sobre qué impacto tendrá. El embargo "no tiene por qué afectar" al traslado de los fondos, coincidieron en asegurar este martes el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Sandra García.
Según el acuerdo firmado entre Laura García Lorca y las instituciones que rigen el Consorcio del Centro Lorca -Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Granada-, los primeros fondos deben estar en Granada entre finales de febrero y principios de marzo. Vendrán con la exposición 'Una habitación propia', la misma con la que el legado se ha despedido de la Residencia de Estudiantes de Madrid donde ha permanecido estos años. Después, antes de junio, el traslado debe estar completado. Quedará tres años en usufructo para pasar después a titularidad pública.
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