• Inmaculada López Calahorro afirma que  la nueva prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo es "una demostración más de la voluntad de diálogo social y de trabajo conjunto por parte del Gobierno de España".

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha abonado en la provincia un total de 9,3 millones de euros correspondientes a las nóminas de diciembre de 20.257 trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) aprobados para sus empresas, lo que refleja un descenso del  51,9 por ciento de los contabilizados en abril, cuando 42.169 trabajadores estaban cubiertos con este tipo de prestación, que alcanzó los 40,6 millones en Granada.

Según informa la Subdelegación del Gobierno, desde el pasado mes de abril el número de perceptores se incrementó en mayo, mes en el que la cifra de trabajadores en ERTE se situó en los 54.507. Sin embargo, a partir del mes de junio el colectivo ha ido disminuyendo considerablemente con 40.523 perceptores en junio; 24.937, en julio; 18.572, en agosto, 16.146, en septiembre y 12.693, en octubre. En noviembre, sin embargo, se registra un nuevo aumento con respecto al mes anterior situándose el número de trabajadores en esta situación en 18.700, al igual que en diciembre, que también ha registrado un ascenso hasta llegar a los 20.257 con respecto al mes anterior.

La subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, ha afirmado que "la voluntad sigue siendo proteger el empleo y está claro que por ello se han dispuesto alternativas para atender las necesidades a las que nos ha obligado un momento tan extraordinario como el que estamos”. “El objetivo del Gobierno de España es, además de proteger el empleo, asegurar las coberturas sociales, afianzar el Estado del bienestar minimizando en lo posible el impacto de la pandemia y mantener el tejido empresarial y productivo hasta superar esta crisis sanitaria".

Precisamente, apunta la Subdelegación, esa es la finalidad del acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTE desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo, en condiciones similares a las existentes hasta ahora, el tercer gran acuerdo desde el inicio de la pandemia. Se trata de "una demostración más de la voluntad de diálogo social y de trabajo conjunto por parte del Gobierno de España, que va a permitir continuar el nivel de protección y de mantenimiento de los trabajadores en las empresas", ha afirmado la subdelegada.

El acuerdo contempla la prórroga de todos los ERTE basados en causas relacionadas con la COVID-19. Dentro de éstos, se reconocen de nuevo exoneraciones a empresas que sean titulares de los mismos y pertenezcan a sectores con una elevada tasa de cobertura por el expediente y una reducida tasa de recuperación de actividad, si bien se utilizan criterios objetivos más generosos para determinar estos sectores, lo que da lugar a la incorporación de nuevos CNAE, que implican que se proteja a empresas que dan empleo a casi 50.000 personas trabajadoras más. Los ERTE mantienen la flexibilidad en su aplicación.

Se prevé expresamente la posibilidad de que aquellas empresas que se vean afectadas por restricciones que impidan o limiten su actividad soliciten a la autoridad laboral un ERTE de limitaciones o impedimento en idénticos términos de tramitación y requisitos que los del III Acuerdo Social en Defensa del Empleo.

Los ERTE Covid basados en causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción (ETOP) se podrán seguir beneficiando tanto de la simplificación de trámites prevista en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020 como de la posibilidad, inexistente en su regulación ordinaria, de tramitar una prórroga presentando ante la autoridad laboral un acuerdo en tal sentido con la representación unitaria o sindiccal.