Interinos municipales, acompañados por interinos de Diputación y un grupo de interinas del área de la Dependencia de la Junta de Andalucía se han concentrado este lunes, convocados por el sindicato Sitag, para reclamar a estas administraciones que "apliquen el derecho europeo y convierta en fijos sus contratos temporales".

Su portavoz, Pablo García de Movellán, ha leído un manifiesto que expone que "el Gobierno incumple el derecho europeo en la Administración", explicando que "mientras a los autónomos o empresas privadas, la Administración les sancione económicamente y convirtiendo en fijo cualquier contrato temporal que supere los tres años, esa misma Administración cubra puestos de trabajo permanentes con personas sujetas a contratos temporales que en la mayoría de los casos superan ya, de media, los 12 años". El colectivo acusa a las distintas administraciones de "pretender mandar al paro a estos trabajadores sin indemnización", en lo que consideran "un ERE, con todas sus palabras. Un ERE que además se hace saltándose el derecho europeo y el derecho español". 

Según asegura, "las distintas administraciones se niegan a aplicar el derecho europeo y las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo bajo la excusa de su controversia con el derecho español", lo que niega indicando que "los interinos ya hemos superado procesos selectivos que acreditan el mérito, la capacidad, la publicidad, la igualdad y la libre concurrencia exigidos en el derecho español". El TJUE en sentencia el pasado jueves 11 de febrero dictaminó que "si un Estado no tiene legisladas medidas suficientemente disuasorias para evitar este fraude de ley por abuso de temporalidad, procede convertir el contrato temporal en Fijo, aunque lo prohíba la Constitución de ese Estado. Esto es lo que sucede en España".

Por ello reclama a las administraciones que apliquen "directamente el acuerdo marco europeo, la directiva 1999/70/CE que lo desarrolla y las sentencias del TJUE, sin esperar a que el Gobierno mueva ficha, ya que mientras mueve o no mueve ficha, muchos trabajadores pueden irse a la calle y verse abocados a largos procesos judiciales nada deseables ni para estas familias ni para estas instituciones".  "Pueden hacerlo porque tienen capacidad, y además obligación, para aplicar directamente el derecho europeo. Apliquen el derecho europeo, con sentido común, decretando la conversión en fijos de estos contratos temporales fraudulentos, poniendo fin al mayor conflicto colectivo laboral al que estas instituciones se han enfrentado en décadas".