Promotores reclaman el cierre del Anillo, la ampliación de la estación de esquí o el teleférico para activar la obra pública
La Asociación de Constructores y Promotores de Granada ha reclamado este miércoles un pacto por las infraestructuras que permita ejecutar proyectos pendientes y activar la inversión y el empleo. Todo ello en una provincia que, según denuncian los promotores, es la última andaluza en inversión de obra pública.
ACP Granada reclama "la puesta en marcha de las infraestructuras que debían haberse terminado en la década pasada" y denuncia que las administraciones públicas "continúen agraviando a la provincia de Granada, sin que ningún responsable político se movilice por situación de las mismas".
En el análisis de necesidades de infraestructuras plantean una veintena de proyectos que consideran urgentes por su mayor impacto para el empleo y el desarrollo económico.
El siguiente cuadro recoge esos proyectos y la administración a la que compete impulsarlas:
Así, para la asociación "es urgente comenzar a licitar y ejecutar proyectos como el cierre del Anillo de la Circunvalación, la ejecución de Viales de Aglomeración Urbana (VAU), estudio de la ampliación de la superficie esquiable de Sierra Nevada, la ampliación del Metro, los amarres deportivos en la costa, el Teleférico Sierra Nevada. Todas infraestructuras necesarias y que pertenecen al inmenso listado obras pendientes de ejecutar responsabilidad de la Junta de Andalucía".
Para la asociación de promotores, Granada continúa un año más "fuera del mapa de las inversiones del estado español". A pesar del crecimiento del 70 por ciento, la inversión en la provincia es muy baja (40 millones de euros), circunstancia por la que reclaman "la inmediata ejecución de las conducciones de la presa de Rules, la licitación de los proyectos y obras del corredor Mediterráneo, la mejora del litoral, construyendo espigones que posibiliten el desarrollo turístico; la ejecución de la variante de Loja y el soterramiento de la llegada del AVE a Granada".
Entre los proyectos que reclaman se encuentran algunos polémicos:
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La ampliación de la superficie esquiable de la estación de esquí de Sierra Nevada
Los promotores apuestan por la elaboración de un estudio técnico sobre las posibles alternativas para la ampliación de la superficie esquiable de la estación de esquí de Sierra Nevada y la implicación económica, social y medioambiental que esta tendría. Alegan que la estación de esquí de Sierra Nevada "ocupa el 1,08 por ciento de la superficie del Parque Nacional".
Como "puntos negativos actuales" consideran que "la estación de esquí se encuentra en una fase de estancamiento en cuanto a número de visitantes, debido a la aglomeración permanente durante los fines de semana".
Y entre las "ventajas" que observan detallan que "permitiría dar acceso a la estación de esquí desde diferentes puntos de la geografía de la provincia, mejorando la permeabilidad de la estación y la calidad de la misma, permitiendo una mayor afluencia de deportistas". Se trata,, dicen los promotores, "de aprovechar los beneficios socioeconómicos que se podrían obtener con el deporte blanco y el desarrollo de un turismo de alta calidad siempre bajo el concepto de sostenibilidad medioambiental".
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Teleférico a Sierra Nevada
Argumentan que "la situación de colapso es generalizada durante los puentes y fines de semana de invierno" y que "no existe alternativa posible para acceder a Sierra Nevada", siendo "la estacionalidad muy importante actualmente, sin que haya aliciente alguno que la reduzca".
Por ello creen que la construcción "eliminaría la aglomeración de vehículos en la carretera, especialmente los fines de semana"y "descongestionaría los accesos a la estación, aportando una imagen de modernidad similar a la de estaciones europeas". Asimismo defienden que "permitiría potenciar la visita a Sierra Nevada en épocas de verano/otoño, mejorando la oferta turística de Granada". E incluso destacan que "mejoraría el medio ambiente" y "aportaría una alternativa de transporte a los viajeros del AVE".
En su análisis de estas infraestructuras, consideran que "el impacto medioambiental es muy limitado, existiendo sentencias que dan por bueno el estudio de impacto ambiental presentado".
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Acceso a la Alhambra desde el Centro con la construcción de "un acceso adecuado"
Consideran necesario "generar un medio de transporte que haga permeable y accesible el monumento más visitado de España. A día de hoy un escaso porcentaje del turista que visita la Alhambra conoce la ciudad. Además, es necesario construir un espacio 'digno' a la entrada del monumento que haga de la espera en la entrada una experiencia a la sombra, sin lluvia y a temperatura adecuada en cualquier estación del año".
Cabe recordar que el Atrio surgido hace años de un concurso internacional fue desestimado por la polémica suscitada en torno a la obra.
Como en el resto de proyectos, analiza los "puntos negativos actuales", señalando en este caso que "el potencial turístico de la Alhambra podría incidir de forma mucho mayor en la economía de la provincia de Granada y especialmente de la capital, ya que el 94% de los visitantes vienen a través de viaje organizado y no visitan la ciudad, siendo el índice de pernoctaciones muy mejorable".
Por contra consideran como "ventaja" de su ejecución "abrir la ciudad de Granada a la Alhambra, mejorando la conexión con el monumento, haciendo accesibles los itinerarios, mejorando la visibilidad de la ciudad, dándola a conocer al visitante del monumento. Con el consiguiente incremento del consumo y las pernoctaciones del turista".
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Cierre del Anillo de Circunvalación
La infraestructura actual, según ACP Granada, "obliga a todos los municipios de la zona sur/norte a atravesar la circunvalación completa para dirigirse a la zona norte/sur, haciendo que la densidad del tráfico en horas punta sea inmensa". Ello provoca que "la calidad del aire se ve muy deteriorada por la situación de atasco continuo diario", según alegan para indicar también que "el acceso a Granada capital desde el Levante es muy deficiente obligando a recorrer decenas de kilómetros extra a todos los vehículos".
Por ello defienden la Ronda Este del área metropolitana de Granada, "que uniría las distintas autovías de circunvalación, es decir, correría desde la A-92 en el término municipal de Jun hasta la A-395 en Granada, pasando por el término de Cenes de la Vega".
Apuntan que "el estudio informativo contempla un trazado de 9,5 kilómetros con una pareja de túneles y un viaducto, y proporcionaría alivio al tráfico circulante por la A-44 al cesar el tráfico procedente de oriente y del sur de la provincia enlazando la parte oriental de la A-92 con la parte sur de la autovía de la Costa Tropical".
Granada, a la cola de inversión por habitante con 694 euros
"Granada está a la cola de la inversión en obra pública en Andalucía, con la tasa más baja de inversión por habitante en el periodo 2016-2020. Con apenas 694 euros invertidos por habitante, Granada está muy por debajo de la media regional 891 euros por habitante y a años luz de los 1.482 euros/habitante de Almería o los 950 de Málaga".
Así lo denuncia la Asociación de Constructores y Promotores de Granada que exige "invertir esta tendencia y hace un llamamiento a los políticos responsables de cada administración para acordar un Plan de Infraestructuras para la provincia de Granada y un compromiso de ejecución del mismo".
Según los datos de la asociación, Granada ocupa el octavo lugar entre las provincias andaluzas en inversión pública teniendo en cuenta los datos del periodo comprendido entre los años 2016 al 2020, con un nivel de inversión acumulado de 694 euros/habitante y con un nivel de inversión total (entre todas las Administraciones) de 637 millones de euros.
Juan de Dios Molinero, presidente de ACP Granada. ACP Granada vía twitter
"Los datos demuestran de forma objetiva lo que desde Acp Granada venimos denunciando: el bajo nivel de inversión no está justificado, Granada es la provincia con un menor nivel de inversión por habitante de Andalucía lo que hace que la provincia sea cada vez menos competitiva, pierda empleo directo, pierda capacidad de desarrollo y proyecte un futuro incierto".
"Los granadinos merecemos otro tratamiento y rechazamos la apatía de las distintas administraciones, exigiendo terminar con el retraso de las infraestructuras de Granada"
"Los granadinos merecemos otro tratamiento y rechazamos la apatía de las distintas Administraciones, exigiendo terminar con el retraso de las infraestructuras de Granada. Es hora de ponerse a trabajar y alcanzar acuerdos que permitan que, al menos, se invierta en esta provincia la cantidad suficiente para ejecutar las infraestructuras que debían estar ya más que finalizadas", apunta el colectivo que apela a "la responsabilidad" y pide "altura de miras por parte de los responsables políticos granadinos para liderar y abanderar proyectos de infraestructuras que Granada necesita".
Licitación de obras en 2020
En el año en el que el Covid "ha arrasado buena parte del tejido productivo de la provincia", la Administración Pública recorta un 20 por ciento la inversión en obra pública, según ACP Granada.
La licitación de obras públicas en la provincia sumó en 2020 un total de 127 millones de euros (106 millones en obras y 21 en servicios de conservación) frente a los 160 millones del año 2019. La caída de 33 millones de euros supone, según los promotores, un descenso del 20 por ciento, "continuando la provincia olvidada, sin ejecutar obras imprescindibles para su desarrollo y perdiendo competitividad un año más".
En Granada se ha invertido en obra entre todas las administración públicas en 2020 un total de 127,24 millones de euros, lo que suponen 138,43 euros/habitante, ocupando el puesto séptimo de las ocho provincias andaluzas, solo por delante de Huelva. Ese volumen de inversión (138,43 euros/habitante) contrasta, refieren los promotores, con los 291 euros/habitante invertidos en la provincia de Málaga en 2020.
Pérdida de 5.200 puestos de trabajo
ACP Granada insiste en que la provincia se encuentra "en cifras mínimas de inversión", lo que conlleva "una caída importante del empleo" del sector pasando de 26.100 a 20.900 trabajadores (20 por ciento) a lo largo de 2020. "Es un dato muy malo para empleo que continúa restando competitividad a la provincia", destaca el presidente de ACP Granada, Juan de Dios Molinero.
"La apuesta por Granada ha sido menor que la llevada a cabo en otros territorios ya que ya con 138,43 euros de inversión/habitante/año, Granada ocupa la penúltima posición en el ranking andaluz de inversión per cápita en 2020".
Los representantes de ACP Granada señalan "la escasa inversión del estado en obras y el hundimiento de la inversión Autonómica durante el año 2020, como la principal causa del desplome en los datos de inversión provincial".
Molinero ha asegurado que, desde hace un tiempo, "Granada permanece en niveles de inversión preocupantes, sin que ninguna Administración rompa una lanza en favor del desarrollo de la provincia". En palabras de Molinero, "las administraciones locales invierten cada vez menos, la Administración del Estado sigue sin centrarse en Granada para dotarla de las infraestructuras que necesita y la Administración regional debe hacer cumplir los presupuestos y mostrarse más expansiva en cuanto a inversión se refiere".
La licitación en cifras
la inversión del Estado en Granada, según los datos de los promotores, ha pasado de 23,5 millones de euros a 40 millones en 2020. De estos, 16 son servicios de conservación y mantenimiento. Lo que deja la inversión del Ministerio en obras en 24 millones en la provincia.
La Junta de Andalucía ha licitado 34,9 millones euros en 2020, frente a los 93 millones de 2019. Lo que supone una caída de más del 62 por ciento en la licitación.
Las administraciones locales, por su parte, (Ayuntamientos y Diputación de Granada) han licitado en todo el año 52 millones de euros, cifra un 20 por ciento superior a los 43 millones euros del pasado año.
De esta cantidad, el Ayuntamiento de Granada ha licitado solo el 6 por ciento (3 millones) "una cantidad muy escasa para el volumen de población de la capital granadina".
Por otro lado, la Diputación ha licitado por importe de 8 millones bajando un 30 por ciento (11,3 millones de 2019), cuestión a juicio de los constructores "incomprensible a la vista del anunciado plan de choque por el empleo. Llevando a cabo la licitación mediante el único criterio del precio; empobreciendo el empleo y al sector de la construcción".
