Los sindicatos que integran el Comité de Empresa de Castellana de Seguridad-Casesa, entre ellos UGT, han celebrado este viernes, 24 de febrero, una concentración en la Plaza del Carmen, en protesta por la intención del Ayuntamiento de Granada, según UGT, de recortar el 45% del personal que presta servicios de vigilancia y servicios auxiliares en todas las dependencias municipales, consecuencia de su intención de reducir en 300.000 euros la partida destinada a estos servicios, que va a provocar "despidos inminentes" entre el personal que se dedica a estas tareas, dice el sindicato.

También señalan que han solicitado por escrito ya varias veces una reunión con el alcalde, para intentar solucionar el conflicto, sin respuesta a día de hoy, y que han informado además a la Subdelegación de Gobierno del posible abandono del patrimonio histórico-artístico de Granada que podría suponer esta decisión, lo que a juicio de los trabajadores es un clara  una negligencia por parte del Ayuntamiento de Granada.

El Comité de Empresa recuerda que, a día de hoy, Casesa pasa una factura anual de 520.000€ al Ayuntamiento de Granada, dando trabajo a 35 personas. Sin embargo desde el propio Ayuntamiento se cifra el coste de dicho servicio en 700.000€, afirma UGT.

Por otro lado, los representantes de los trabajadores en Casesa han tenido conocimiento de que el pliego de condiciones de la contrata publicado ya por el Ayuntamiento valora el servicio en 416.000 euros, lo que de ser cierto haría que el “ahorro” fuera “sólo" de 104.000€, y no 300.000€, aspecto que los representantes del sindicato exigen que se aclare cuanto antes por parte del consistorio granadino.

Además, señalan que la intención de Ayuntamiento es suplir a dichos trabajadores con personal de Policía municipal en segunda actividad, pero que estos a día de hoy no pueden realizar su labor ni por las noches, ni en fines de semana, ni en festivos,  ni servicios de escáner, y que habría que destinar a dos policías por cada vigilante de seguridad.

Otra de las intenciones del Ayuntamiento, denuncian los representantes de los trabajadores, es que en algunos espacios públicos se sustituya la seguridad por cámaras de vigilancia, y alarmas, que en realidad son sólo un complemento  al servicio que se presta, pero por sí solas no evitan ni altercados ni daños.

Esto, a juicio del Comité de Empresa, va a salir más caro que el presunto ahorra que pretende conseguir el consistorio granadino, y consideran que de llevarse a cabo, instalaciones municipales con gran importancia patrimonial, como el Palacio de los Córdova o el Auditorio Manuel de Falla van a sufrir un déficit en el servicio de seguridad y vigilancia, lo que pondrá sin duda en riesgo el patrimonio histórico–cultural de la ciudad de Granada.

Así, no se comprende porque se quita dinero a la vigilancia del espacio público y no a otros conceptos, como coches oficiales, escoltas, o asesores, puntualizan. Plantear un recorte de 300.000€, para cubrir otros gastos, también necesarios, no es de recibo, concluyen,  puesto que la consecuencia va a ser, casi con toda seguridad, que  al menos 18  trabajadores se queden en la calle.