La parlamentaria por Granada Alejandra Durán ha exigido al gobierno andaluz del PP  que retire la Ley de Patrimonio Cultural que pretende aprobar con el rodillo de la mayoría absoluta, un texto que renuncia a proteger lo que dice proteger y que pone en riesgo el legado cultural de Andalucía.

Para la diputada autonómica, que es portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Por Andalucía y secretaria institucional de Podemos Andalucía, "la Disposición Adicional Decimoctava constituye una de las alteraciones más graves, regresivas y peligrosas de todo el Proyecto de Ley. Lo que introduce no es una mejora técnica ni una modernización del Patronato de la Alhambra y Generalife, sino un cambio de enorme calado político e institucional, la creación de un régimen excepcional por el cual el propio Patronato pasará a autorizar sus propias intervenciones en el Conjunto Monumental, sin la supervisión independiente de la Consejería ni de las Comisiones Provinciales de Patrimonio".

Esta norma, ha añadido, "permitiría que la Dirección del Patronato autorizase directamente las intervenciones reguladas en los artículos 63 (actuaciones no sometidas a licencia), 66 (demoliciones) y 79 (intervenciones en Bienes de Interés Cultural) siempre que el promotor sea el propio Patronato".

"Esto significa que la Alhambra -el monumento más visitado de España, Patrimonio Mundial y símbolo universal de Andalucía- pasa a estar bajo un modelo en el que el promotor, el ejecutor y la autoridad autorizadora son la misma institución", ha señalado. 

Un sistema que, según ha afirmado, "vulnera frontalmente el principio esencial de la tutela pública del patrimonio: la separación entre quien interviene y quien autoriza".

"La gravedad se multiplica al examinar el contenido de los artículos implicados", que son los siguientes, según apunta:

• El art. 63 regula las actuaciones en BIC no sometidas a licencia municipal, precisamente aquellas más susceptibles de escapar al control ordinario y que requieren máxima vigilancia.
• El art. 66 regula las demoliciones, que en cualquier otro caso exigirían autorización autonómica estricta por riesgo extremo para la integridad del bien.
• El art. 79 regula todas las intervenciones en bienes inscritos como BIC: excavaciones, restauraciones, instalaciones, cambios de uso, intervenciones en bienes muebles, paisajísticas o museográficas.

Es decir, ha apuntado, "la Dirección del Patronato podrá autorizarse a sí misma desde una restauración integral a una remoción de terreno, desde la incorporación de infraestructuras hasta actuaciones arqueológicas o museográficas, pasando incluso por demoliciones excepcionales".

Alejandra Duran ha explicado que "en este proyecto de Ley el gobierno de Moreno Bonilla establece además una Comisión Técnica y una Ponencia Técnica exclusivas de la Alhambra, sustitutivas de las Comisiones Provinciales y Ponencias Técnicas del sistema general. De este modo, se crea una estructura paralela, cerrada y autocontenida, que escapa por completo al control colegiado y plural que caracteriza al resto del sistema patrimonial andaluz".

Para Duran, "aún más grave es que la propia Dirección del Patronato podrá decidir qué materias son informadas por su Ponencia Técnica, configurando de facto un sistema en el que la Dirección decide qué se controla, quién lo controla y bajo qué criterios se controla".

Todo ello supone "una privatización institucional del proceso de tutela, no en beneficio de un agente privado, sino en beneficio de un órgano público que queda sin contrapesos, sin fiscalización externa y sin el marco de independencia técnica que exige la UNESCO para la gestión de bienes Patrimonio".

El resultado es "un modelo en el que la Alhambra queda fuera del régimen general de protección del patrimonio cultural de Andalucía". "Se sustituye la fiscalización técnica independiente por un sistema autorreferencial, se reduce la transparencia, se incrementa la discrecionalidad política y se fragmenta el sistema de tutela patrimonial, generando un precedente peligrosísimo".

Alejandra Duran ha considerado este precepto marca un antes y un después en la gestión patrimonial de Andalucía, ya que convierte a la Alhambra en un enclave normativo excepcional, dependiente de decisiones internas, opacas y libres de control externo. Algo que ningún país serio permitiría para su principal monumento Patrimonio Mundial".