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El Ateneo de Granada Republicana UCAR

'Así no, estimados representantes'

Política - Laura Rodríguez Mejías - Martes, 8 de Diciembre de 2020
Laura Rodríguez Mejías firma un nuevo artículo para El Ateneo de Granada Republicana UCAR en el que, a partir de la pandemia, reflexiona sobre la desigualdad a la hora de pedir responsabilidades. No dejes de leerlo.
Calle Mesones tras levantarse las restricciones que mantenían cerrados comercios y bares.
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Calle Mesones tras levantarse las restricciones que mantenían cerrados comercios y bares.

Cuando me ofrecieron que escribiera este artículo, lo primero que pensé es que no sería capaz de hacerlo, que no estoy centrada en estos momentos, que las ideas que rondan mi cabeza son dispersas, y que lo que escribiera no iba a conseguir expresar lo que estaba tratando de contar.

Es que, en resumen, lo que quiero decir es que todo sigue igual, aunque nada es lo mismo. No es lo mismo porque todos tenemos más presente la amenaza de una enfermedad o, incluso, la posibilidad de perder a un ser querido o ser nosotros mismos quienes podemos morir en cualquier momento. No es que antes no lo tuviéramos presente, pero tal vez, no con tanta intensidad.

Y no es lo mismo porque nos han limitado el derecho de libre circulación en pro de la salud de todos, con lo que ello conlleva. Pero, en cambio, todo sigue igual porque la evidencia ante esta situación distinta y urgente, hace que, en general, los ciudadanos volvamos a concluir que, desde las distintas instancias políticas, las cosas no se están haciendo lo bien que se debieran, por decirlo de un modo “suave”.

Distinta normativa ha venido a regular en los últimos meses el estado de alarma, y principalmente, la limitación de movimiento de la población, qué actividades pueden seguir prestando sus servicios al público por ser "esenciales" y cuáles tienen que cerrar por no serlo, etc., y con ello muchas cuestiones colaterales, que serán brevemente expuestas

Distinta normativa (reales decretos, resoluciones, órdenes…) ha venido a regular en los últimos meses el estado de alarma, y principalmente, la limitación de movimiento de la población, qué actividades pueden seguir prestando sus servicios al público por ser “esenciales” y cuáles tienen que cerrar por no serlo, etc., y con ello muchas cuestiones colaterales, que serán brevemente expuestas. Pero quiero dejar claro que quien suscribe nada tiene que objetar al respecto, ya que no soy experta en salud pública y quiero pensar que nuestros representantes están debidamente asesorados por las personas que entienden a estos niveles del alcance y las actuaciones que deben seguirse para frenar o parar esta pandemia. En cambio, sí voy a opinar sobre algunos aspectos jurídicos de la norma, sin entrar en muchos detalles, ya que el principal de cualquier norma es la finalidad por la que se aprueba la misma. Y en este caso, la finalidad no es otra que el mantenimiento de la salud pública, con el objetivo de frenar la expansión del COVID-19, así como impedir el colapso del sistema sanitario, de modo que pueda prestarse una atención sanitaria adecuada a la población.

Así las cosas, me niego a aceptar que las fuerzas encargadas de velar por el orden público irrumpan en un autobús de línea de un municipio, en el horario en que muchísimas mujeres de la comarca se desplazan a la capital a trabajar en tareas de limpieza, “a echar horas en casas” para entendernos todos. La norma sí que permite los desplazamientos por motivos laborales y profesionales, pero estas mujeres, como todos conocemos, difícilmente están dadas de alta en la Seguridad Social, y no por ello no van efectivamente a trabajar. La finalidad de la norma es preservar la salud pública, permitiendo los desplazamientos por motivos de trabajo, pero estas señoras no tienen un “papel” que lo acredite, porque al no estar dadas de alta, nadie va a firmarles un justificante. La norma no persigue el fraude a la Seguridad Social, persigue que no existan desplazamientos que no sean por motivos laborales, al objeto de incidir en la población para que permanezca en casa y no tenga contactos evitables con otras personas. Y la conclusión se salda con la mayoría absoluta de las usuarias del autobús multadas, con el comentario casi unánime de “y si me embargan, qué me van a quitar”, pero con el susto en el cuerpo, y un “a ver qué pasa”.

Tampoco se ha considerado por nuestros representantes, a la hora del confinamiento por términos municipales, que no todos los municipios son iguales ni tienen los mismos servicios, consiguiendo el efecto contrario a la norma en gran cantidad de ellos

Tampoco se ha considerado por nuestros representantes, a la hora del confinamiento por términos municipales, que no todos los municipios son iguales ni tienen los mismos servicios, consiguiendo el efecto contrario a la norma en gran cantidad de ellos. Es decir, si lo que se pretende evitar es la acumulación de la población en un espacio pequeño y cerrado, ya me contarás cómo se hace en un municipio en el que hay 3 tiendas y un supermercado mediano. Pues nada, todos juntos de nuevo, y quien vaya a partir de las 11 horas ya no tiene productos frescos; al día siguiente que vaya más temprano o se bata en duelo con su vecino por una bandeja de hamburguesas para sus niños. Esto por no contar que, por ejemplo, la mayoría de productos para personas con intolerancia no se comercializan en estos establecimientos, así es que, o el progenitor de turno se la juega para adquirirlos fuera del término municipal, o a esperar mejores tiempos… Claro que también se puede hacer la compra por internet. Pero todo el mundo no tiene internet, y una tarjeta que le permita hacer dicha compra. Y es que aquello del principio de solidaridad entre todos los territorios que contiene el artículo 2 de la Constitución Española del 78, tampoco es una realidad hoy día, y ustedes lo saben bien, estimados representantes, no todos somos iguales ni tenemos los mismos servicios, aunque la bandera de España vuelva a colgarse en muchos balcones y ventanas del país…

Y cómo hacer que se comprenda por el legislador que la finalidad de los servicios sociales no es controlar que el NIE o el pasaporte de una persona esté en vigor. La finalidad de los servicios sociales es atender una necesidad vital en un supuesto de exclusión social y de falta de medios económicos para atender necesidades vitales. Pues claro que no tienen su documentación identificativa en vigor, si la tuvieran no tendrían tantas trabas, pero no le pongan ustedes más para que puedan acceder a derechos humanos; déjenle esa función a la policía de aduanas, pero no a los servicios sociales, por favor, no desnaturalicen sus funciones.

Que la Administración española, y quienes estén al frente de ella al máximo nivel, no debieran ni siquiera insinuar que no hay un techo y una comida caliente para las personas sin hogar. Que no se puede consentir que se ejecute un desahucio a una familia, o a una persona, para que el inmueble pase a manos de un “fondo buitre” o de una entidad bancaria.

Que la finalidad de la norma es otra, y que su regulación de desarrollo no debe y, por tanto, no puede contener la tergiversación correspondiente y permanecer vigente hasta que alguien invierta parte de su vida y su dinero en que un tribunal la declare nula. Que hay que tener más decencia.

Que a usted le cierran su centro deportivo, que ha adoptado todas las medidas de higiene, ha suprimido clases colectivas, impide el acceso a personas respetando el aforo máximo para mantener las distancias, que consigue que gente mayor tenga una actividad y se mueva, y personas con dolencias crónicas hagan deporte para mejorar fortaleciendo y no tengan que acudir a centros hospitalarios, etc., etc. Pero no se preocupe, que usted puede comprar tabaco en los estancos (que es actividad esencial), que ya la cajetilla le indica que “fumar mata”.

Que la participación política en esta España nuestra, como cantaba Cecilia, a través de los partidos políticos, que son democráticos por definición, ha sido tan complicada para toda una generación, que muchísimos no han tenido ni la oportunidad de estrenarse y otros salieron "por peteneras" porque entendían que la sumisión hasta cierto grado era más propia de la vida monástica que de la participación política democrática

Que la participación política en esta España nuestra, como cantaba Cecilia, a través de los partidos políticos, que son democráticos por definición, ha sido tan complicada para toda una generación, que muchísimos no han tenido ni la oportunidad de estrenarse y otros salieron “por peteneras” porque entendían que la sumisión hasta cierto grado era más propia de la vida monástica que de la participación política democrática. Y así se cubrieron cuotas como la de Juventud y Deportes, o Juventud y Mujer, en alguien joven, en principio hombres (a veces, no era tan joven ni había hecho deporte en su vida). Después, con la igualdad, se promocionó a la mujer, y de este modo “mataban dos pájaros de un tiro”, tirando de familiares, “hijas de” o parejas sentimentales, y lo digo con carácter general. Siempre hay excepciones y que nadie se dé por aludido/a. Pero, normalmente, a la “agraciada” para algún puesto, joven y mujer, entre que llegaba y se enteraba (y no voy a entrar en más detalles), se le habían pasado los cuatro años de legislatura o mandato, pasando a ser la “desgraciada”, porque de la noche a la mañana se veía de ser tratada de “Ilustrísima” a verse en el paro, siendo sustituida por una nueva mujer, joven y preparada. Y vuelta a empezar. A aquellos jóvenes, hombres y mujeres con principios, que se negaron a la ejecución de determinadas acciones, los aburrieron hasta la eternidad. Aquella generación, decían que la más preparada de la historia de España, difícilmente ha tocado puestos de decisión política. Y como siempre sucedió, a quien tuvo principios y supo decir que “no”, se le condenó al olvido tras pasar la travesía del desierto.

Por cierto, en la función pública sucede más o menos igual, a pesar de que la norma pretende que la estabilidad en el empleo conlleve que el funcionario cumpla la ley, por encima de cualquier otro mandato. Aquel empleado público que ose decir “no” a la elaboración de un informe en un sentido determinado o, incluso, se niegue a aceptar un puesto de libre designación, pasa un calvario, cruz y raya, y el correspondiente sambenito, y, con suerte, únicamente le destituyen del puesto que ocupaba, con la merma de las correspondientes retribuciones. En el peor de los casos, le abren un expediente disciplinario y le sancionan o le buscan una causa falsa para que se entretenga unos años en defenderse. Aunque después demuestre su inocencia, el daño ya estará hecho para siempre.

Y volviendo a la pandemia, casualidad o no, durante la misma hemos asistido a la huida del monarca emérito a otros lares, y a resoluciones del poder judicial sobre distintas causas con repercusión en España en el plano político, y no ha habido ninguna responsabilidad digna de mención. Todos absueltos. La responsabilidad no es de nadie, bueno sí, de la señora de la limpieza que va a echar horas a una casa, sin estar dada de alta…

Laura Rodríguez Mejías, técnica de Administración General en el Ayuntamiento de la ciudad de los cármenes, fue presidenta del colectivo Granada Republicana UCAR (2013-2014).

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