La Fiscalía ya ha abierto diligencias de investigación penal por este caso
Los contratos fantasma del PP en Emucesa costaron a la empresa 335.695 euros
El informe jurídico encargado para valorar las acciones a emprender apunta incluso la posibilidad de ejercerlas en la vía civil contra la edil del PP y consejera delegada de Emucesa María Francés como responsable de parte de esas contrataciones y requerirle el reintegro de las cantidades. En el caso de Eduardo del Moral su responsabilidad en esta vía habría prescrito.
P.V.M.
El consejo de administración de Emucesa tiene previsto reunirse para estudiar el informe.
El consejo de administración de Emucesa tiene previsto analizar el informe jurídico sobre los contratos fantasma de personas afines al PP durante su etapa en el gobierno, que cifra en 335.695 euros el coste, entre salarios y cargas sociales, que supuso para la empresa esas contrataciones.
De las seis personas contratadas cinco de ellas nunca acudieron a Emucesa y solo una sí realizó trabajos para la empresa encargada de la gestión del cementerio y estuvo físicamente sentada en sus instalaciones. En este último caso, el coste para Emucesa fue de algo más de 110.000 euros.
Las conclusiones ponen encima de la mesa la opción de ejercer acciones penales, bien presentando una querella o denuncia y ejercitando activamente las acciones contra los consejeros delegados y las personas que se beneficiaron de los contratos fantasma, actuando como acusación particular en calidad de parte perjudicada, o acudiendo a la Fiscalía y decidir después si se ejerce la acusación particular o se deja al Ministerio Público que lidere las acciones.
Por otra parte, el informe jurídico dictamina que las acciones únicamente se podrían ejercer, en la vía civil, contra la edil del PP y consejera delegada de Emucesa María Francés, al haber prescrito en el caso de Eduardo del Moral -el otro consejero delegado del PP que avaló contrataciones-, por haber transcurrido los cuatro años posteriores al cese de su actividad que fija la ley.
Sobre las acciones en la jurisdicción civil, mediante el ejercicio de la acción de responsabilidad, se trataría de reclamar a María Francés el importe del daño causado a la empresa. En este caso, señala el informe, se procedería a la destitución de Francés como consejera delegada y se iniciarían en ese momento las acciones. Aunque este tipo de acciones se puede posponer a los pasos que se dan en la vía penal, el letrado que firma el informe encargado por Emucesa recuerda que es conveniente, en cualquier caso, iniciar la reclamación de las cantidades para evitar la prescripción.
La concejala del PP remitió un escrito para que se tomara en consideración en la elaboración de este informe recordando que las cuentas anuales de los ejercicios en los que se contrató a esas personas fueron aprobadas por todos los miembros del consejo de administración, incluido Francisco Cuenca -entonces en la oposición- y que las auditorías elaboradas no pusieron reparos a esas contrataciones.
En el caso de las personas contratadas, desde el punto de vista laboral la prescripción impediría reclamarles las cantidades cobradas.
El documento consultado por El Independiente de Granada y que analizará el consejo de administración deja claro que en estas contrataciones "puede existir responsabilidad por posibles delitos de malversación de caudales públicos".
Para el portavoz de IU, Francisco Puentedura, se debería exigir no solo la devolución de las retribuciones salariales y los costes de Seguridad Social, sino pedir a esta Administracoines las acciones disciplinarias correspondientes por cotizaciones fraudulentas. El edil recuerda que la empresa era cien por ciento municipal cuando se hicieron estos contratos fantasma.
Con independencia de la decisión que adopte Emucesa, estas irregularidades ya están siendo investigadas. Fue la concejala de Vamos,Granada Marta Gutiérrez la que llevó el caso a la Fiscalía el pasado año. El Ministerio Público abrió entonces diligencias de investigación para aclarar los hechos denunciados.
