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Los delitos que la Fiscalía atribuye a cada acusado del caso Serrallo y las penas que solicita

Política - IndeGranada - Viernes, 27 de Abril de 2018
Vista del centro comercial Serrallo y las edificaciones anejas.
P.V.M.
Vista del centro comercial Serrallo y las edificaciones anejas.

En el escrito de acusación del caso Serrallo, la Fiscalía Provincial pide un total de ocho años de prisión, una multa de 522.000 euros y 36 años y medio de inhabilitación para el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto. Ocho años de prisión pide también para el promotor Roberto García Arrabal, la misma multa, su inhabilitación durante ocho años para ejercer como constructor y la prohibición de solicitar ayudas públicas o participar en concursos de la Administración durante 20 años. 

A continuación se detallan los delitos que atribuye la Fiscalía a cada acusado y las penas que solicita para cada uno de ellos: 

Delito continuado contra la ordenación del territorio para el promotor Roberto García Arrabal y se solicita la pena de tres años y seis meses de prisión, multa de 24 meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación para profesión u oficio de promoción y construcción por un tiempo de cuatro años y comiso, privación de las posesiones de lo ilegalmente construido.

Delito continuado de prevaricación urbanística para el exalcalde y la exconcejala de Urbanismo con una pena de prisión de tres años y seis meses, multa de 24 meses con cuota diaria de 100 euros y arresto sustitutorio en caso de impago y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por 12 años. 

Delito de prevaricación urbanística para los técnicos municipales  Agustín Belda, Manuel Lorente, Emilio Martín Herrera y Gaspar Navarro se solicita pena de prisión de tres años y seis meses, multa de 24 meses con cuota diaria de 100 euros y arresto sustitutorio en caso de impago y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por 12 años. 

Delito continuado de prevaricación común para el exalcalde, la exconcejala de Urbanismo y los técnicos acusados Manuel Lorente, Emilio Herrera, Gaspar Navarro, y María Paz Spínola. como cooperadores, la Fiscalía pide la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 12 años. 

Fraude en la contratación al exalcalde, exconcejala de Urbanismo, al promotor García Arrabal, y a los técnicos Manuel Lorente, Agustín Belda, Emilio Martín Herrera y Gaspar Navarro se solicita la pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años.

En este delito se pide, además, para el empresario la inhabilitación especial para ejercer la profesión de promoción y construcción durante cuatro años y también la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con entes, organismo o entidades que forman parte del sector público y para disfrutar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social hasta los diez años.

Delito de tráfico de influencias para el exalcalde, ex concejala de Urbanismo y Manuel Lorente a los que se les pide pena de prisión de un año y seis meses, multa de 450.000 euros e inhabilitación para empleo de cargo público por cuatro años y medio. 

Delito de tráfico de influencias al empresario con pena de prisión de un año y seis meses, multa de 450.000 euros e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas para contratar con entes, organismos o entidades que forman parte del sector público y para disfrutar de beneficios incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un periodo de diez años. 

Delito de encubrimiento a los técnicos acusados María Paz Spínola, y Francisco de Paula Aguilera con pena de dos años de prisión.

El Ministerio Público encuentra varios delitos en las actuaciones urbanísticas relacionadas con la construcción, usos y aprovechamiento de unos espacios públicos, recogidos en el Plan de Ordenación Urbana de Granada (PGOU), realizadas al amparo de una concesión administrativa para la construcción y explotación de un parque infantil y llevadas a cabo tanto con vulneración del pliego de condiciones como de la legislación urbanística.