El instructor de la causa acaba de dictar tres autos de sobreseimiento que sacan de la causa a siete personas
El fraude en los cursos de formación mantiene a 40 investigados en Granada
El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha tomado declaración a una veintena de personas. En la causa, que se instruye a través de distintas piezas, están pendientes de interrogar dos grupos de empresarios y cargos públicos, entre ellos la exdelegada de Empleo Marina Martín, que figura también en otra pieza instruida por la jueza Núñez en Sevilla que está pendiente de ser archivada, según el polémico anuncio que se hizo en junio.
Edificio de los juzgados de La Caleta. indegranada
Un total de 40 personas, entre los que hay empresarios y también cargos públicos y funcionarios, están siendo investigados en Granada en relación con el presunto fraude en los cursos de formación, un caso en el que indagan juzgados de toda Andalucía, entre ellos el encargado del caso de los ERE, ahora con la jueza María Núñez como titular en sustitución de Mercedes Alaya, y que propició también una comisión de investigación parlamentaria que ultima sus conclusiones.
Es el Juzgado de Instrucción número 1 de Granada el que investiga la causa, separada en distintas piezas y en la que se han dictado recientemente tres autos de sobreseimiento provisional -uno de ellos el 14 de junio y los otros dos con fecha 5 de septiembre-. Antes de estos últimos autos, el número de investigados ascendía a 47.
De total de personas investigadas ya han sido interrogadas 22 y entre los que aún deben declarar figuran dos grupos de empresarios y cargos públicos, además de un funcionario al que se le volverá a tomar declaración, según han informado a El Independiente de Granada fuentes judiciales.
Posible fraude en subvenciones, estafa, malversación, falsedad documental y prevaricación
El Juzgado de Instrucción 1, cuyo titular es Basilio Miguel García Melián, investiga presuntos delitos de fraude en subvenciones o estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación. Según consta en los autos judiciales, se indaga en "la supuesta defraudación y desviación del importe de subvenciones, por parte de los perceptores de los mismos, y la participación en tales presuntos hechos de funcionarios de la Administración, así como de otros investigados".
Entre los cargos públicos está Marina Martín, exdelegada de Empleo de la Junta en Granada. Además de la investigación que se sigue en Granada, Martín se encuentra entre los cargos públicos investigados por el juzgado 6 de Sevilla, en una causa que comenzó la jueza Alaya. Ahora, avanzada esa investigación y ya bajo la instrucción de la jueza Núñez, se anunció en junio el inminente archivo del caso que, de momento no se ha producido.
También en Granada se han archivado algunas de las piezas. En concreto tres:
- Una centrada en un curso de 'preparador-cosedor de cuero, ante y napa' que obtuvo una subvención de 58.500 euros.
- Otra abierta para investigar un curso de 'empleado de oficina', con una subvención de 63.787 euros.
- Y una tercera relacionada con un curso de 'conductor de camiones con remolque', que recibió 43.605 euros.
En los tres casos, la Fiscalía -en un criterio al que se suma el letrado de la Junta de Andalucía únicamente en la primera pieza- considera que de la actuación no "no resultan indicios de actuación u omisión penalmente relevante por parte de los investigados". Como expone el juez en los razonamientos jurídicos en los que basa el sobreseimiento, compartiendo de este modo la valoración del Ministerio Público, no se cumple la condición objetiva de punibilidad establecida para este tipo de fraude de subvenciones públicas, que esas ayudas sean superiores a 120.000 euros. Tampoco los indicios penales del delito de estafa, pues los cursos se impartieron en su integridad.
Detalle de uno de los autos de sobreseimiento provisional.
En el escrito de archivo de una de esas piezas, la del preparador de cuero, tras precisar que fue impartido en su integridad, añade el juez para abundar en que no se aprecian indicios penales: "y las presuntas irregularidades advertidas por la UDEF, relativas a la ausencia de autorización de operaciones vinculadas (impartición de materias por la esposa del subvencionado, así como por su cuñada), las relativas a gastos de ejecución (material, docencia y tutorías) sólo permiten sustentar sospechas o conjeturas, pero no hechos que permitan apreciar la existencia de indicios constatables y ciertos de dicha figura típica".
Son argumentos -a los que se añaden 'medidas correctoras' por parte de la Junta, con los expedientes de reintegro tramitados para exigir cantidades no justificadas debidamente- que se utilizan en las otras dos piezas. Y en los tres casos concluye el magistrado que, tanto por las cuantías -menos de 120.000 euros-, como por "la falta de indicios de que hubo un propósito previo de emplear los fondos en beneficio propio sin cumplir el fin al que iba destinado la subvención", se impone el sobreseimiento provisional, que deja fuera de la causa, con los tres autos, a siete personas.
Decide la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJA. Otra de las piezas ha generado un conflicto de competencias entre dos juzgados, el granadino y el sevillano del que es ahora titular María Núñez. En concreto afecta a una empresa vinculada a Ángel Ojeda. El Juzgado de Instrucción 1 de Granada se inhibió en su día a favor del de Instrucción 6 de Sevilla. Así lo reclamaba la jueza Alaya, con la reticencia de algunos de los juzgados encargados de esclarecer este presunto fraude en distintas provincias. En el caso de Granada, este conflicto de competencias ha llegado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, que será la que decida dónde se instruye.
Conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento
Marina Martín durante su comparecencia ante la comisión de investigación. parlamento
Mientras los juzgados, como el granadino, avanzan en las pesquisas judiciales, en el Parlamento de Andalucía se ultiman las conclusiones de la comisión de investigación. Los grupos, que ya han ido avanzando sus argumentos, disponen no obstante de una semana más para presentarlas oficialmente. La decisión se adoptó por unanimidad a petición de Podemos e Izquierda Unida.
Según informó Europa Press, en el marco de una reunión, celebrada el pasado lunes a puerta cerrada en dependencias parlamentarias, los miembros de la comisión acordaron que el nuevo plazo de entrega de las citadas conclusiones finalice el próximo lunes día 26 de septiembre, a las 19.00 horas, justo una semana después del inicialmente establecido.
Ante la comisión comparecieron, además de la exdelegada de Empleo, un exjefe de servicio y el interventor general de la Junta en Granada.
