La huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia -antiguos secretarios judiciales- ha provocado hasta el momento la suspensión, sin previo aviso, de cerca de 450 juicios en Granada, entre ellos, 202 civiles, 110 laborales o 42 penales. Pero en la primera semana también se han suspendido vistas comparecencias, declaraciones… En suma, ahonda en el colapso de la Justicia y genera perjuicios económicos, de pérdida de tiempo, y lo peor, diversos colegios profesionales han expresado su preocupación por el hecho de que la ciudadanía está viendo afectado su derecho a la tutela judicial efectiva.

En este sentido, el Colegio ha trasladado al TSJA que esta situación está provocando que numerosos profesionales (abogados y procuradores), justiciables y ciudadanos en general (testigos, peritos, etc.) se tengan que desplazar desde sus localidades a los juzgados y tribunales sin tener certidumbre de si los juicios, declaraciones o comparecencias se van a celebrar, con los gravísimos perjuicios que ello acarrea, tanto económicos (hay que soportar gastos de desplazamiento y alojamiento, en ocasiones desde puntos lejanos), como en tiempo

El Colegio de Abogados de Granada ha remitido un escrito a la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, firmado por el decano, Leandro Cabrera, en el que denuncia lafalta de comunicación existente en cuanto a los actos procesales afectados por el paro laboral, lo que impide que se pueda informar a los colegiados con la mínima antelación necesaria de las suspensiones.

En este sentido, el Colegio ha trasladado al TSJA que esta situación está provocando que numerosos profesionales (abogados y procuradores), justiciables y ciudadanos en general (testigos, peritos, etc.) se tengan que desplazar desde sus localidades a los juzgados y tribunales sin tener certidumbre de si los juicios, declaraciones o comparecencias se van a celebrar, con los gravísimos perjuicios que ello acarrea, tanto económicos (hay que soportar gastos de desplazamiento y alojamiento, en ocasiones desde puntos lejanos), como en tiempo (son muchos los ciudadanos que tienen que pedir permiso en sus trabajos para poder acudir a un juicio), con la consiguiente frustración, desconfianza y recelo que ello provoca respecto al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, además de las molestias personales.

“Si bien el Colegio de Abogados de Granada no cuestiona el derecho a la huelga ni las razones que ha llevado al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia a su convocatoria, ni mucho menos la decisión que cada uno de dichos profesionales adopte libremente respecto a la huelga, la Abogacía granadina, en su propio nombre, como en el de los miles de ciudadanos afectados y por el bien de la Administración de Justicia, solicita a la Secretaria de Gobierno del Alto Tribunal que informe a la Corporación por escrito, a la mayor prontitud y con la máxima antelación posible la relación de juzgados y tribunales de la Audiencia Provincial de Granada en los que los Letrados de Administración de Justicia tengan previsto sumarse a la huelga en cada uno de los días objeto de la convocatoria, máxime al tener carácter indefinido”.

El Consejo Andaluz de Colegio de Abogados también ha manifestado su "preocupación por el perjuicio que el paro laboral está generando tanto a los integrantes de la abogacía y demás operadores jurídicos, como a toda la ciudadanía, que está viendo afectado su derecho a la tutela judicial efectiva".

Por ello, insta al Ministerio de Justicia y a las asociaciones convocantes a que "avancen en el diálogo y adopten con premura una solución consensuada que ponga fin a esta situación y posibilite la reanudación de la actividad judicial con plena normalidad", dada la suspensión de numerosas vistas desde el comienzo de la huelga el martes de la semana pasada.

La huelga comenzó en todo el territorio nacional, el pasado 24 de enero y se estima que está provocando la cancelación de alrededor de 9.000 juicios al día en España, además de la suspensión de otras actuaciones procesales

La huelga comenzó en todo el territorio nacional, el pasado 24 de enero y se estima que está provocando la cancelación de alrededor de 9.000 juicios al día en España, además de la suspensión de otras actuaciones procesales.

"Un impacto que, si bien está amparado por un derecho a huelga de estos funcionarios, no contribuye a frenar el colapso que sufre la Administración de Justicia de manera endémica y, especialmente, tras la saturación sufrida en los últimos años por la crisis sanitaria", señala el Consejo andaluz de Colegios de Abogados.

"Un impacto que, si bien está amparado por un derecho a huelga de estos funcionarios, no contribuye a frenar el colapso que sufre la Administración de Justicia de manera endémica y, especialmente, tras la saturación sufrida en los últimos años por la crisis sanitaria", señala el Consejo andaluz de Colegios de Abogados

Asimismo, mientras sigue esta situación, desde la Abogacía andaluza también se demanda a las autoridades judiciales competentes "un mayor flujo de comunicación con el Consejo y los colegios de abogados de Andalucía en cuanto al desarrollo de la huelga, más en un contexto tecnológico que permite la difusión de la información con agilidad, facilidad y alcance global".

En concreto, solicitan "que se publiquen las actuaciones procesales que serán suspendidas por la huelga con la antelación suficiente para evitar desplazamientos innecesarios y causar el menor perjuicio a profesionales y ciudadanos".